“Aparecieron dos cheques en mi mesa”

La secretaria del Ayuntamiento de Zambrana, María Jesús Alonso, ha explicado este miércoles en el juicio del 'caso De Miguel' que cuando se inició el proyecto de polígono industrial en la pequeña localidad del Sur de Álava de la mano del promotor navarro-aragonés Martín Balda Goñi se encontró en su despacho con una importante suma de dinero, concretamente 278.000 euros. “Dos cheques aparecieron en mi mesa”, ha revelado la funcionaria, que ha reconocido que ha sido la única vez en su trayectoria profesional en que ha ocurrido algo semejante.

El plan para ampliar la reserva de suelo industrial en Zambrana se inició en 2004. La entonces alcaldesa, María Justina Angulo (PNV), encargó a la arquitecta municipal un informe sobre las posibilidades de una operación urbanística y ésta ofreció una opción. Sin embargo, tras un decreto de Alcaldía, el intermediario 'fichado' para captar inversores, Iosu Arruti, desoyó ese dictamen, planteó una superficie mucho mayor, 120 hectáreas, y en otra zona con riesgo de inudabilidad. La Fiscalía acusa a la exregidora en el juicio por esta contratación 'a dedo' -que tenía coste cero para las arcas públicas pero daba manos libres a Arruti- y ha añadido además que en la zona afectada por la operación la familia de Angulo tenía parcelas, como también la del edil de Urbanismo, Vicente Armentia.

Alonso ha indicado que a Arruti se lo presentó Angulo. Arruti había sido propuesto como intermediario “por alguien del partido”, del PNV, para “ayudar con los trámites”. Ese “alguien” es, según todos los testigos y según la propia alcaldesa, que no lo negó en la investigación, el 'número dos' jeltzale en Álava, Alfredo de Miguel. Esta misma semana, el propio Armentia ha declarado que el Gobierno vasco les dio ese mismo nombre como referencia: “Sprilur nos cerró la puerta pero nos dio la posibilidad o la idea de este hombre, que tenía responsabilidad en el partido a la hora de crear suelo industrial”.

La funcionaria ha reconocido que Arruti envió “por fax” el contenido literal y los términos del decreto de Alcaldía que se tenía que promulgar y con el que se inició el proyecto urbanístico. Angulo matiza que esa contratación pasó por el pleno municipal y que recibió un apoyo unánime, también el de los ediles de PP y EA. La Fiscalía, por su parte, sostiene que aquella sesión fue una “dación de cuentas” y no una “aprobación” y que en esa misma reunión este decreto formó parte de un debate más amplio sobre 30 decretos, entre otros asuntos de otra índole. La defensa de la exalcaldesa denuncia que el ministerio público se agarre para justificar las irregularidades de esa contratación en un informe “sin firmar” de una asesoría externa contratada por el regidor que sustituyó a Angulo en 2007, Aitor Abecia, sobre el que también han recaído otras acusaciones durante este juicio. No obstante, Abecia no declarará porque los acusados, a pesar de sus hipótesis, o bien no le han citado o han retirado su petición de comparecencia a última hora.

Formalizada la contratación de Arruti, éste engrasó un primer acuerdo con Capiresgo, la sociedad de Martín Balda Goñi. En el convenio con esta firma se fijó un abono de 278.000 euros para el intermediario. En el contrato privado entre ambos se estipuló que el Ayuntamiento haría de “depositario”, lo que justificaría que el dinero acabara en la mesa de la funcionaria. Ella ha indicado que preguntó a la alcaldesa cuando vio tanto dinero en su oficina y asegura que Angulo desconocía también esa circunstancia. Finalmente, contactado Arruti, se les indicó que era “para él”. Así las cosas, el Ayuntamiento ingresó los talones en las arcas municipales y ordenó los ingresos a las cuentas de un particular, borrando todo rastro de transacción entre ambos.

Llegados a este punto, las versiones discrepan abiertamente. Balda Goñi ha declarado que el dinero no era para Arruti, sino que era para arreglar calles en Zambrana -una cuestión que ni siquiera era competencia del Ayuntamiento-. Alonso y otros testigos sostienen, en cambio, que era para la realización por parte del despacho del intermediario, Sidepur, de trabajos de asesoría urbanística. La Fiscalía, como tercera hipótesis, entiende que los servicios que prestó Sidepur no fueron tales, dando a entender que podría tratarse de una comisión, como consta indiciariamente en otras operaciones dentro del 'caso De Miguel'.

Sin embargo, el acuerdo con Balda Goñi se rescindió. Ocurrió en octubre de 2005, cuando Arruti ya había captado como inversores para Zambrana a promotores catalanes encabezados por Construcciones Riera a través de una filial para Álava creada 'ad hoc' con la ayuda de dos dirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. El acuerdo de Arruti con los catalanes es del 29 de septiembre de 2005 y a las 24 horas De Miguel, en la sociedad que compartía con Ochandiano y Tellería, Kataia Consulting, ya había ingresado 130.000 euros, de nuevo por supuestos asesoramientos. En total, Arruti pactó con Riera unos honorarios mucho más generosos que con Balda Goñi por la misma función, de menos de 300.000 euros a 3 millones.

Cobrados los primeros fondos desde Catalunya, Arruti no tuvo inconveniente en devolver íntegros los 278.000 euros aportados por Balda Goñi. Se da la circunstancia de que no se produjo liquidación alguna, es decir, que no se facturó a Capiresgo ningún trabajo de asesoría que aparentemente había realizado en su año de relación mercantil Sidepur, como indicaba el contrato. “Arruti no dijo nada de que había que pagarle algo”, ha indicado la secretaria municipal, que ha “retirado” una reflexión que hizo tanto en la fase de instrucción previa al juicio como en la comisión de investigación sobre la materia celebrada en 2011 en las Juntas Generales, concretamente que el trabajo de Arruti no sirvió para nada.