Euskadi gasta 225 euros por habitante en ayuda social; Navarra, 130; Madrid, 24; Catalunya, 23....
La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de Euskadi se ha convertido con el paso de los años en una de las señas de identidad del estado de bienestar en Euskadi, junto a otros emblemas como la sanidad y la educación.Se puso en marcha en 1989 y desde entonces ha contribuido a paliar los efectos de la pobreza. El camino recorrido por Euskadi con la RGI y Navarra con su Renta Garantizada no ha tenido continuación en el resto de España.Según los últimos datos disponibles recogidos en el informe 'Cuantías y gasto social de las prestaciones de garantía de ingresos en las comunidades autónomas', Euskadi destinó en 2016 casi 225 euros por habitante a ayudas sociales frente a los 130 de Navarra (la segunda que más), los 24 de Madrid y los 23 de Catalunya.
Además, el estudio comparativo sobre las características de las prestaciones de garantía de ingresos en las comunidades autónomas elaborado por el Centro de Documentación y Estudios refleja que en 2016 Euskadi gastó 492,3 millones de euros en la RGI (incluida la Prestación Complementaria de Vivienda), por los 174 de Catalunya, la segunda comunidad con más gasto total. En conjunto, Euskadi invierte casi cuatro de cada diez euros de todo lo que se gasta en España en prestaciones sociales, con un peso de menos del 6 % sobre el total de la población española. Y con una de las tasas de pobreza más bajas de todo el territorio, a lo que contribuye la RGI.
La duración de la prestación es ilimitada. Se concede por un período de dos años, renovable con carácter bienal mientras se mantengan las causas que dieron origen a la ayuda y se sigan cumpliendo las condiciones, económicas o de otra naturaleza.
A pesar de esta aparente fortaleza y apuesta política por la RGI, Euskadi prepara una reforma de la prestación que le ayude a mantener el espíritu de solidaridad y cohesión que le ha caracterizado en sus casi 30 años de vida y, a la vez, corregir deficiencias y abordar las nuevas necesidades. Esa es la cuestión a la que se enfrenta el Parlamento vasco. PNV y PSE-EE, sin apoyos para sacar adelante una de sus medidas estrella de la legislatura, han retrasado el debate de la reforma legal ante la constatación de que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP la iban a tumbar.
El debate coincide con un descenso en la demanda de los perceptores, que actualmente ronda los 56.000.
