La defensa de Sánchez Robles carga contra el Gobierno del PNV y clama que sus pruebas exculpatorias no son falsas
El abogado defensor de uno de los principales acusados del 'caso De Miguel', Xabier Sánchez Robles, que se enfrenta a ocho años y un día de cárcel por la presunta adjudicación irregular de contratos que recibieron 'a dedo' empresas de la órbita del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha realizado un duro alegato de conclusiones en esta fase final del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Álava. Javier Beramendi, veterano penalista y presente en muchos de los casos más importantes de Euskadi, ha insistido en que el Gobierno vasco, primero del PSE-EE y ahora en manos del propio PNV, ha ocultado información de manera deliberada para incriminar al que fuera director de Juventud entre 2003 y 2009.
Beramendi no ha escatimado en adjetivos contra el letrado del Ejecutivo, Javier Otaola, al que acusado de ser “corista” del fiscal, Josu Izaguirre, y su tesis de que buena parte de los contratos -hasta sumar 146.000 euros- ni siquiera se llegaron a ejecutar. Antes, había asegurado que cuando se originó el caso, en 2010, los entonces responsables de Juventud, del PSE-EE, certificaron que no existía documentación acreditativa de esos trabajos sin buscarla adecuadamente. Según el abogado de Sánchez Robles, Otaola teledirigió los interrogatorios a los dos testigos que hicieron esas certificaciones para que sostuvieran la acusación.
“Se nos dice que [Sánchez Robles] propició que se abonaran prestaciones sin efectuarse el objeto del contrato. No es verdad. El 'no consta' de 2010 del Gobierno vasco, lo digo con todo cariño, no se lo cree ni el fiscal. ¿'No consta' es sinónimo de 'no se ha hecho' o de 'no se ha buscado'? ¿O de 'miré por encima'? Estoy convencido en que ustedes coincidirán conmigo: el 'no consta' se diluye como un azucarillo en un vasco de agua”, ha dicho al tribunal Beramendi, que ha indicado que los trabajos a esas empresas, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, se encontrarían almacenados en un archivo distinto al de Juventud. Se da la circunstancia de que el exresponsable de Juventud sólo se negó a contestar a las preguntas de Otaola durante su declaración, que duró varias horas y en la que atendió también a la Fiscalía.
Defensa cerrada de las pruebas consideradas falsas
Adjunto a su escrito de defensa, Sánchez Robles aportó antes del juicio las carátulas de esos trabajos de los que existen sospechas. Además, venían con un sello aparentemente oficial del Departamento de Cultura, del que colgaba Juventud. Sería la prueba exculpatoria definitiva y como tales las ha empleado el letrado del exdirector de Juventud, que las ha mencionado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, como publicó este periódico, pesan sospechas de que esos documentos son o bien falsos o bien incluso “fabricados”, extremo que tanto la Fiscalía como el Gobierno vasco ratificaron en sus informes de conclusiones.
De hecho, los otros acusados por estas contrataciones, como el viceconsejero Gurutz Larrañaga, superior de Sánchez Robles y firmante de las adjudicaciones, o los administradores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan y Josu Montés, han pasado de puntillas durante todo el juicio del elemento fundamental que les exoneraría a todos ellos de la cárcel. En el caso de De Miguel, su letrado, Gonzalo Susaeta, los mencionó en su escrito de defensa previo al juicio pero no ya en su alegato final de conclusiones.
Esos documentos no tenían número de entrada en el registro de la Administración y presentan diferencias tipográficas con otros sellos oficiales obrantes en el sumario. También hay un documentado fechado en un día inexistente, el 29 de febrero de 2007. Beramendi, por el contrario, ha defendido su veracidad plena. El problema de la fecha es un “error” y de las diferencias en los “rabillos” de las letras o números no se puede hacer 'casus belli'. El abogado ha indicado que ha hallado hasta “cinco tipos de sellos distintos del Departamento de Cultura” entre la documentación del caso.
Durante el juicio, la Fiscalía encargó un informe al Gobierno vasco sobre los registros de Juventud en aquella época y no consta que los documentos de Sánchez Robles se entregaran. El tribunal, en todo caso, consideró extemporánea esta aportación. Beramendi lo ha explicado indicando que cuando se entregan a la Administración varios documentos sólo se marca uno y que, en estos casos, serían las facturas las que quedarían registradas.
Izaguirre destacó que el material entregado eran “fotocopias” y que no era un detalle menor, ya que si hubiesen sido originales se podría estar hablando de otro delito. “El argumento estrella [del fiscal en este bloque del 'caso De Miguel'] es la falsedad de las carátulas y que prueba de la falsedad es que para eludir responsabilidades se presentaban fotocopias. ¡Sin pudor! Son afirmaciones llenas de insinuaciones insidiosas. Son inaceptables. Y luego está el miembro del coro, el letrado del Gobierno vasco, que se sumó a aplaudirlas, jalearlas y mostrar más pasión que el ministerio fiscal”, ha manifestado Beramendi.
Sánchez Robles, en algunos casos, también aportó documentos con los informes completos. Sobre algunos de ellos pesan sospechas de que se trate de material plagiado. Beramendi ha recordado que durante la investigación solicitó a la sociedad informática del Gobierno vasco (Ejie) la copia de seguridad del ordenador de Sánchez Robles, que probaría la existencia de esos informes. Ejie no disponía de ese material pero Beramendi entiende que también es “increíble” esa respuesta. “¿Creemos de verdad que Ejie no hace copias? ¿Para qué esta?”, se ha quejado.
El precedente de Margüello
Se da la circunstancia de que, hace solamente unos meses, Beramendi y Otaola compartieron otro juicio, el del 'caso Margüello', cuyo génesis coincidió en el tiempo con el 'caso De Miguel'. El letrado, de nuevo, defendía a un alto cargo, en aquella ocasión de Sanidad, José Ramón Elorriaga, acusado de beneficiar con contratos irregulares a empresas de su amigo, el doctor José Carlos Margüello. En sus conclusiones, Beramendi también atacó al Gobierno vasco ya que, a su entender, el PSE-EE utilizó el 'caso Margüello' como venganza política contra el PNV. Otaola, en aquella ocasión, retiró la acusación del Gobierno al entender que no estaba acreditado el quebranto económico de los contratos a las mercantiles investigadas. La sentencia confirmó la prevaricación del cliente de Beramendi y, además, criticó duramente su gestión.
Entonces como ahora, Beramendi ha destacado que no es tal la acusación de amistad y trato de favor de Sánchez Robles con el resto de acusados. Ha insistido, a pesar de los correos electrónicos del sumario, que De Miguel, conocido por todos como Txitxo, él y sus respectivas esposas, Ainhoa Bilbao y Josune Gorospe, no hicieron juntos un viaje a Argentina (“Xabier me dijo que prepararía las fotos para pasároslas. No sé si lo ha hecho ya, le preguntaré luego. Y el vídeo, como diría Txitxo, es 'lo puto peor'. No sé si se podrá hacer algo con eso. Le diré a Xabier que lo intente, más que nada para por eso de vernos en movimiento”). También ha indicado que no hay evidencias de comidas o cenas del exdirector de Juventud con De Miguel o con San Juan o Montés, de nuevo a pesar de los 'emails'.
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Finalmente, Beramendi ha puesto en solfa la declaración de la funcionaria jefe de Juventud, Oro Ochoa de Eribe, muy crítica con la gestión de Sánchez Robles y al que llegó a acusar de presionarla desde que estalló el caso. “Casi me salta al cuello”, ha ironizado el defensor del exdirector de Juventud, que ha reiterado que eran los técnicos los que proponían las empresas y no los políticos. “A los técnicos les compete comprobar que los trabajos se han realizado y deben hacer un informe para verificar que todo está correcto. La parte técnica es la que le da el visto bueno al trabajo. Oro se puso a la defensiva, con una exhibición de amnesia. ¿Qué razones tenía la señora Ochoa de Eribe para actuar así?”, se ha preguntado.
