El juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, iba a dar un vuelco. La hermana del principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo del Miguel, iba a ser la primera de entre los 26 imputados en romper filas y acceder a colaborar con la Fiscalía a cambio de una modificación en la pena inicialmente solicitada para ella, 13 años de cárcel que iban a pasar a ser una petición de absolución. Iba a ser una maniobra muy simbólica y que iba a golpear de lleno en la línea de flotación de la defensa de De Miguel, a punto de confesarse culpable hace unas semanas pero que en su declaración de hace siete días optó por recuperar la beligerencia, negar todos los hechos e incluso alentar la teoría de que se han manipulado pruebas para incriminarle. Como él, los también exdirigentes del PNV alavés Koldo Ochandiano y Aitor Tellería han seguido la misma estrategia.

Iba. En pasado. Porque a última hora la acusada ha rechazado un preacuerdo con la Fiscalía cerrado el pasado viernes, como adelantó este periódico y volverá a enfrentarse a una pena de cárcel cuando tenía la absolución a su alcance, ya que el ministerio público había accedido a retirar todos los cargos. El pacto consistía en que Aintzane de Miguel, que trabajaba como contable de Kataia Consulting, la empresa principal de este caso y que, según la Fiscalía, era una tapadera sin apenas actividad para obtener financiación y comisiones ilegales, relatara la escasa actividad que tenía Kataia Consulting contradiciendo la versión de una empresa absolutamente normal que ofrecieron al unísono De Miguel, Ochandiano y Tellería la pasada semana.

Los términos de la declaración venían perfectamente prefijados en el acuerdo de colaboración con la Fiscalía. El primero era que contestara a las preguntas de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira tras el boicoteo de De Miguel, Tellería, Ochandiano y sus tres esposas, cuya línea de defensa es que no tenían conocimiento de los negocios de sus maridos. Pero no lo ha hecho.

El segundo era que ratificara en sus respuestas las explicaciones que dio el 18 de marzo de 2010 en la fase de investigación, cuando fue citada como testigo a las 24 horas de la detención de su hermano y de su cuñada, Ainhoa Bilbao. El caso de Aintzane de Miguel es especial, porque es la única de los 26 imputados que antes fue testigo. Los testigos, ante un juzgado, están obligados a contestar y a decir la verdad, mientras que los acusados tienen derecho constitucional a no hacerlo. El abogado de Aintzane de Miguel, Ibon Gaínza, siempre había protestado por esa anomalía jurídica y, por ello, en su comparecencia como imputada (2011) la contable sólo respondió a preguntas del propio Gaínza.

Para la Fiscalía era esencial que la hermana del principal acusado retomara su versión inicial, con todos los matices sobre Kataia Consulting que no ofreció en 2011. No se había orillado en las negociaciones con la acusada que en aquella declaración de 2010 ella entregó abundante documentación, como libros de cuentas o correos electrónicos, que han constituido pruebas fundamentales para la acusación. En el acta consta que Aintzane de Miguel accedió a aportar ese material “voluntariamente” pero su defensa ha venido defendiendo estos años que ello ha conllevado su posterior imputación. El acuerdo para que la Fiscalía retirase todos los cargos contra la contable implicaba también la retirada de la petición de nulidad de esas pruebas y que puedan ser valoradas en su integridad por la sala en la sentencia. Sin embargo, su letrado Gaínza ha insistido en su petición de “nulidad”.