La retirada del recurso contra la ley vasca de víctimas policiales implicará una modificación en el Parlamento
Los Gobiernos central y vasco encaran una semana decisiva para zanjar, mediante un acuerdo político extrajudicial, el contencioso constitucional abierto por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en torno a la ley vasca de víctimas de violencia policial, unas 400 según cálculos estimativos. El nuevo equipo del PSOE está dispuesto a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra este texto aprobado en 2016 en el Parlamento Vasco –también por los socialistas- pero la decisión del Consejo de Ministros sólo se adoptará si existe un compromiso de “ajustar” ciertas aristas de la redacción original. Según las fuentes consultadas, ello podría obligar a reenviar el texto a la Cámara autonómica para una modificación ‘exprés’, si bien PNV y PSE-EE no cuentan con mayoría absoluta y deberían buscar el apoyo o la abstención de Elkarrekin Podemos ante lo improbable de que, por motivos opuestos, PP y EH Bildu entren a esta operación.
La ley para reparar a las víctimas de actuaciones policiales ilícitas ocurridas en democracia, entre 1978 y 1999, fue aprobada ahora hace dos años en el último pleno de la legislatura pasada merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. EH Bildu, que defiende el reconocimiento de este colectivo en pie de igualdad con las víctimas de ETA, se abstuvo al entender que se había quedado corto, mientras que PP y UPyD votaron ‘no’.
Ya en los debates parlamentarios se puso de manifiesto la posible inseguridad jurídica de esta ley, que daba continuidad a un decreto para reparar a las víctimas policiales, las de la dictadura (unas 200). La clave estribaba en que el reconocimiento de la condición de beneficiario de las previsiones de la norma la iba a determinar una comisión de valoración de manera paralela a los tribunales, es decir, sin que fuese imprescindible una resolución judicial.
El PSE-EE insistió hasta el final en la necesidad de modular esta parte del articulado, pero ello no evitó el recurso del Gobierno del PP. Según la Abogacía del Estado, que consideró “loable” el deseo de reparar a estas víctimas, hasta 11 disposiciones eran inconstitucionales porque Euskadi no puede arrogarse la competencia jurisidiccional por encima de los tribunales y porque la comisión no ofrece las mismas garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios. Para el Gobierno de Iñigo Urkullu, en cambio, esa argumentación era una simple “excusa” para no aceptar la existencia de violencia policial en el marco de la lucha contra ETA.
Ante el anuncio del recurso de inconstitucional, la normativa procesal prevé la creación de una comisión bilateral para negociar durante seis meses una interpretación satisfactoria para ambas partes y evitar el pleito. No fue posible y el PP formalizó el recurso. Varios artículos quedaron suspendidos cautelarmente. No era toda la ley pero sí su corazón. La comisión de valoración de las víctimas, por ejemplo, se ha podido constituir recientemente pero no puede iniciar su misión.
Pero el cambio de inquilino en La Moncloa ha modificado el escenario. El PNV apoyó la investidura de Pedro Sánchez y los socialistas vascos impulsaron esta ley y ahora gobiernan en coalición en Euskadi. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, anunció la voluntad de zanjar el contencioso en julio, antes del parón estival. Agotado ya el plazo para llegar a un acuerdo de interpretación, la única salida pasa por la retirada del recurso antes de que el Constitucional resuelva. La decisión corresponde al Consejo de Ministros -se reúne el 27 de julio- pero las fuentes consultadas apuntan que no se hará sin unas garantías previas por parte del Gobierno vasco de que se introducirán algunos cambios en la línea de modular el carácter ‘sentenciador’ de la comisión de valoración de las víctimas. La intención es justificar su labor con base en las competencias autonómicas en materia de protección social.
“Si no hay cambios de redacción mantendremos el recurso”, ha explicado por escrito el delegado del Gobierno a una plataforma de nueva creación en la que participan sindicatos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, así como asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite. Este grupo entiende que la ley forma parte de una estrategia de “construcción de un relato paralelo” por el cual las Fuerzas de Seguridad del Estado ejercieron la violencia al mismo nivel que ETA. De hecho, se muestran críticos con la presencia en la comisión del forense Francisco Etxebarria, autor de un informe para el Gobierno vasco que cifra en unos 4.000 los casos de tortura de los tres cuerpos.
Esos “cambios de redacción” que asumen ambos Gobiernos sólo pueden hacerse con una modificación en el Parlamento. El problema es que PNV y PSE-EE están faltos de un escaño para la mayoría. Es improbable que EH Bildu entrase a negociar una ‘rebaja’ de un texto que ya hace dos años le pareció insuficiente y el PP ha defendido siempre la argumentación plasmada en el recurso de inconstitucional. La única opción parece ser Elkarrekin Podemos, con cuya abstención bastaría para cambiar la ley de víctimas.
Entretanto, la plataforma que agrupa a SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, Aserfavite, Erne o Covite, entre otros, ha ‘fichado’ a la abogada del Estado Macarena Olona para relanzar su posición contraria a la retirada del recurso. Olona fue la redactora del escrito que elevó el Gobierno del PP al Constitucional cuando ocupaba la jefatura de los servicios jurídicos del Estado en Euskadi. En la actualidad ocupa otro cargo público. Ante la inminencia del acuerdo entre las partes, este grupo de trabajo anuncia ya una reunión en los próximos días. Quieren evitar un “agravio” a la “dignidad” de los cuerpos policiales, que han sido “víctimas de la banda terrorista ETA” y no victimarios. No descartan incluso activar la vía judicial.
