La refundación de la RGI

¿Cómo reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) manteniendo el espíritu de solidaridad y cohesión que le ha caracterizado en sus casi 30 años de vida y, a la vez, corregir deficiencias y abordar las nuevas necesidades? Esa es la cuestión a la que se enfrenta el Parlamento vasco, que ha paralizado recientemente la tramitación de la que será la futura RGI. De su acierto en el resultado final dependerá la sostenibilidad de la prestación para las próximas décadas. PNV y PSE-EE, sin apoyos para sacar adelante una de sus medidas estrella de la legislatura, han retrasado el debate de la reforma legal ante la constatación de que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP la iban a tumbar.

La efervescencia del debate ha coincidido con un descenso en la demanda de los perceptores, pero en Euskadi los pobres son cada vez más pobres.

El nuevo planteamiento (registrado en el Parlamento por los grupos PNV y PSE) introduce mejoras, pero también más medidas de control. Por ejemplo, no se podrá cobrar más de una RGI por domicilio. Aunque puede haber excepciones, como el hecho de compartir piso por necesidad, como ahora ocurre entre el 13 % de los titulares de RGI en Euskadi, unos 8.000.

La refundación de la principal prestación social de Euskadi (y de España y equiparable a las más importantes de Europa) también debe servir para atajar los abundantes prejuicios relacionados con el fraude, la elevada presencia de perceptores extranjeros, el efecto llamada y la desincentivación del empleo. Y es que, a menudo, la propia sociedad vasca solo conoce la RGI de oídas.

Para Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social de la Fundación Eguia Careaga, la reforma presentada por PNV y PSE no desdibuja el sistema construido en las tres últimas décadas. “Creo que es una propuesta continuista de reforma, y mantiene en lo esencial los elementos básicos que definen la RGI”, señala.

Carácter protector

Así, para Zalakain la futura refundación no va a hacer que la RGI pierda su carácter protector. “Lógicamente, consolida una cuantía más baja de la que hubiera correspondido si se hubiera aplicado el Salario Mínimo Interprofesional vigente y no se hubiera aplicado la reforma del 7 %. Pero no creo que la cuantía para una persona sea el problema básico de la RGI”. En su opinión, se ha mejorado en lo que se refiere a las cuantías para familias más numerosas y en otros aspectos, como la prescripción de los cobros indebidos y la eliminación de la temporalidad de los estímulos al empleo. Acepta que hay aspectos discutibles en la reforma, pero, en general cree que sigue siendo, desde el punto de vista comparado, uno de los sistemas de rentas mínimas más amplios desde el punto de vista de la cuantía y la cobertura en el entorno próximo.

De parecida opinión es Fernando Fantova, consultor especializado en el desarrollo de los Servicios Sociales. “La propuesta que han hecho PNV y PSE-EE intenta buscar un punto de equilibrio técnico y político en un contexto marcado por el riesgo de que el PP vuelva a dañar la RGI, la complejidad de la prestación y su tramitación, y la diversificación de las situaciones de exclusión social”. Todo ello aconseja, según Fantova, reorientar la inversión social para dirigirla en mayor medida a la innovación en el sistema público de servicios sociales. “Una cosa es que sea acertado que la RGI no se tramite en los servicios sociales y otra es que no entendamos que los aspectos de empoderamiento personal y relaciones familiares y comunitarias, de los que se ocupan los servicios sociales, son fundamentales en los procesos de inclusión social, tanto como el dinero para la subsistencia material, que eso es la RGI”.

Pedro Sánchez, exdirector de Renta de Garantía de Ingresos cuando el socialista Patxi López gobernó Euskadi (2009-2012), difiere de Zalakain y Fantova. “Se trata de una reforma que no nace de un intento de mejorar el sistema, como se está diciendo, sino que PNV y PSE intentan ‘lavar’ su imagen frente a cuestionamientos de determinados sectores de la opinión pública. Sectores que han sido alentados por ámbitos ideológicos y periodísticos que encuentran rentables alimentar bulos, falsas verdades y por hacer de la anécdota el todo. Difícilmente una reforma que nace con esa intención puede llevar la prestación a un lugar mejor”.

Con esta óptica, para Sánchez es inevitable pensar que la reforma en ciernes provoca una pérdida en el carácter protector de la prestación. “Se asoman medidas que van a producir exclusión, como el recorte a una única unidad de convivencia como máximo por domicilio, para acceder a la prestación. Una medida que va a provocar que, en muchos casos, en algunos domicilios el número de prestaciones pase de dos a ninguna”. Es decir, un regreso a situaciones pasadas que las leyes fueron superando. “Pensar que con las prestaciones del sistema alguien va a poder mantener un domicilio independiente sin, por ejemplo, compartir piso, es ser ajeno completamente a la situación del mercado de la vivienda en general y del alquiler en particular. Va a generar exclusión económica, pero también residencial”.

Gorka Moreno, director del Observatorio Vasco de Inmigración, y Xabier Aierdi, sociólogo y profesor de la Universidad del País Vasco, entienden que la reforma que ha empezado su tramitación parlamentaria no desdibuja para nada el modelo actual y que en gran parte lo consolida, tras un escenario en el que por diferentes factores el sistema sí que ha sufrido un debilitamiento y una deslegitimación y erosión muy marcadas. Ambos abogan por analizar con detenimiento el efecto que pueden tener las medidas planteadas porque “a menudo se tiende a subrayar alguna cuestión anecdótica en cuanto al número de personas afectadas y obviar otras que realmente suponen una mejora para colectivos relevantes dentro de la RGI”. Para estos dos especialistas, hay cuestiones, que no han sido muy debatidas hasta el momento, que apuntalan y mejoran algunas cuestiones que con anteriores reformas habían creado algunas situaciones indeseables.

Modelo Sostenible

En lo que todos coinciden es en que la RGI ha tenido un papel fundamental para combatir la pobreza. Pero, ¿resulta un modelo sostenible? Para Joseba Zalakain, sí es sostenible, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y político. “Tan sostenible como el resto de los sistemas de la misma naturaleza que existen en los demás países de nuestro entorno”, dice.

Pero para que siga siéndolo, añade, deben cumplirse al menos tres objetivos: por una parte, mejorar la gestión y evitar los problemas administrativos, que generan confusión y agravios. A ello ayudaría que las condiciones de acceso a la prestación sean pocas y claras. “Lo que deslegitima el sistema es la percepción de que el sistema es un desastre, por exceso o por defecto, y esto se arregla mejorando la gestión”. En segundo lugar, no puede haber un modelo amplio de rentas mínimas sin un modelo productivo sólido (y viceversa). Y, en tercer lugar, todos deberían ser conscientes de que la RGI es una red de última seguridad, que garantiza unas condiciones de vida mínimas a quienes no pueden acceder a un empleo, y carecen de otros recursos. “La RGI no puede por sí sola resolver el problema del desempleo, de la falta de cualificación, la inadecuación del sistema de extranjería, los problemas de acceso a la vivienda, la precarización laboral… Exigir a la RGI mucho más de lo razonable es una forma de contribuir a su deslegitimización”.

Gorka Moreno abunda en la importancia de limitar la dimensión burocrática de la actual gestión para acercarla a las necesidades sociales de la población. Mientras, Pedro Sánchez, el más crítico con la reforma planteada, también defiende la sostenibilidad de la prestación. “Lleva tres décadas siéndolo. Lo ha sido con dificultades durante la peor crisis económica que ha sufrido nuestro país en la época moderna. Esto no significa que no se deba investigar cómo adaptar la prestación a los tiempos. Una prestación que requiere transformaciones. Pero no precisamente las que se están abordando”.

Considera que esas transformaciones deben ir encaminadas a simplificar su tramitación y hacer más transparente la ayuda para la ciudadanía. “Más garantista y, también, cómo no, con un mayor nivel de exigencia para los perceptores con respecto al cumplimiento de todos los extremos de la ley. Pero también más exigente para la administración en esos mismos extremos legales. Nuestra RGI es mucho más sostenible que su alternativa: unas familias sin protección o con escasa protección. Mayores niveles de pobreza infantil. Menor tranquilidad social y más dificultades con conductas delictivas. Las conductas que siempre surgen en las sociedades menos equitativas porque las personas quieren y deben alimentar a sus hijos. Podemos optar por el modelo de otras comunidades menos protectoras. Menos dinero para RGI, más dinero para atajar la inseguridad ciudadana”.

Para Moreno y Aierdi, la RGI ha de ser sostenible “como todo lo socialmente bueno. Y ha demostrado que es y puede ser viable. De hecho, creemos que está en un momento mejor al que pudo estar hace unos años, y no sólo por un mayor impacto de la crisis económica en aquel momento”.

Hacia una renta universal

Fernando Fantova cree que el aspecto más interesante de la propuesta de reforma es que abre la puerta, por primera vez en un texto legal, a explorar las posibilidades de integración de la RGI dentro de un gran pilar de seguridad económica. Un pilar configurado por las deducciones fiscales de las haciendas forales (que serían las que en un futuro podrían gestionar la RGI), las pensiones de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo y otras prestaciones, ahora dispersas, “En un futuro próximo, en el que dejará de circular el dinero en metálico, la integración de todas las deducciones fiscales, prestaciones económicas contributivas y prestaciones económicas no contributivos [como la RGI] en un sistema integrado de seguridad económica abre oportunidades interesantes, tanto al establecimiento de un mínimo básico universal como a la facilitación de la gestión del conjunto deducciones fiscales y prestaciones económicas en claves de sostenibilidad económica, agilidad administrativa e incentivos para la activación”.

Y en el horizonte surge otra pregunta: Casi nadie de los perceptores ha conseguido escapar de la pobreza y además sufren la estigmatización. Junto con el acto coste administrativo de su gestión, ¿es hora de mirar hacia otros modelos, como una renta básica incondicional? Según Zalakain, la idea de renta básica incondicional tiene mucho de mito y de tótem. Se plantea como una solución tan sencilla como revolucionaria, cuando realmente no lo es. Para empezar, “muchos de los problemas que se supone que una Renta universal solucionaría [como el efecto de la robotización o la trampa de la pobreza] también podrían resolverse mediante una renta mínima bien diseñada”.

Además, los defensores de la renta universal minimizan, según Zalakain, algunos de los problemas que una prestación de este tipo provocaría, como el empeoramiento en la situación de algunas las personas que actualmente cobran prestaciones de garantía de ingresos, la estigmatización que podrían sufrir sus perceptores (o quienes vivan exclusivamente de ella, mientras el resto de la sociedad la financia), los problemas para determinar la residencia efectiva….Pero también tiene aspectos positivos, como la simplificación de la gestión o el incremento en la capacidad de negociación de los trabajadores/as que acceden a empleos precarios, que tendrían la posibilidad de negarse a trabajar en empleos de muy mala calidad.

En todo caso, la renta universal tiene tres componentes (universalidad, incondicionalidad e individualización) que se pueden combinar de formas muy diferentes, sin necesariamente aplicar los tres en toda su integridad. Es posible, por ejemplo, una renta garantizada que sea al mismo tiempo selectiva (sólo para personas con bajos recursos) y familiar (calculada en función de los ingresos de toda la unidad familiar), pero incondicional, o al menos más incondicional que en la actualidad, avanzando desde las actuales rentas mínimas. O aplicar una renta básica universal, incondicional e individual a los menores de edad (de hecho, ya se hace algo parecido en la actualidad). Lo peor, a su juicio, es “pensar en la renta universal como algo radicalmente distinto a lo que ahora tenemos, pues impide avanzar de forma gradual y progresiva”.

Para Gorka Moreno y Xabier Aierdi, la renta básica universal es una alternativa, pero no a la RGI, que seguiría siendo necesaria como mecanismo asistencial de última red, sino al modelo general de protección. “Es en esa dimensión, ajena a la RGI como tal, donde habría que situar el debate sobre la renta básica universal. Es preciso deslindar absolutamente el debate de la RGI del de la renta básica universal porque lo que hace es deslegitimar a la primera y no creemos para nada que nos acerque a un escenario más próximo a la renta universal”.