El reparto de los fondos estatales de la COVID-19 enfrenta a los gobiernos vasco y central

Los criterios del reparto del fondo de 16.000 millones de euros entre las comunidades autónomas para combatir los efectos de la COVID-19 no le ha gustado al Gobierno vasco. Se trata de la mayor transferencia de recursos aprobada por el Ejecutivo central para las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación. Además, se trata de un fondo no reembolsable, lo que implica que las autonomías no tendrán que devolverlo, ni tampoco tendrán que pagar intereses y tampoco incrementará sus ratios de deuda. En el caso de Euskadi, podría suponer un importe que podría oscilar entre los 560 y 600 millones de euros, aproximadamente.

Sin embargo, el Gobierno vasco ha mostrado su disconformidad con los criterios de distribución debido a su “planteamiento unilateral” y la exclusión “arbitraria” de Euskadi de uno de los tramos de financiación. Por ello, ha reclamado la celebración con urgencia de la Comisión mixta del Concierto para acordar bilateralmente el reparto y reconducir esta “flagrante vulneración” de la Ley de Metodología de determinación del Cupo“, según el Ejecutivo de Vitoria.

De los 16.000 millones de euros, 9.000 se destinarán al sistema sanitario, otros 2.000 a la educación y 5.000 a compensar la caída de ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Esta última partida se repartirá en el mes de diciembre entre las comunidades autónomas de régimen común, por lo que Navarra y País Vasco quedan excluidos, al disponer de un régimen fiscal propio. El Gobierno vasco no está de acuerdo ni con este criterio ni con la forma de reparto del resto del dinero porque se obvia a los regímenes forales. “Resulta insoslayable poner en marcha el procedimiento paccionado y acordado de participación de Euskadi en el fondo, tal y como determina literal y directamente la Ley de Cupo”. Esta norma determina la cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado para financiar todos los servicios que están centralizados, pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos. Lo que se conoce como cargas no asumidas.

“La predeterminación”, añade el Gobierno vasco, “que realiza [el Gobierno central] de la participación vasca en los tres primeros tramos del fondo, así como su no participación por medio de transferencias incondicionadas en uno de sus tramos, es contraria a las reglas financieras que regulan la relación vasca con el Estado”. El Gobierno de Urkullu ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez ha excluido “de forma arbitraria” a la comunidad autónomade uno de los tramos “bajo la excusa de que los sistemas fiscales forales son poco homologables” al resto. “Ciertamente”, recalca el Ejecutivo vasco, “resulta una motivación falaz, ya que ni los criterios de reparto donde hay transferencias hasta para descensos en ingresos de transporte, ni los destinos del fondo, resultan diferenciables según sistemas fiscales”.