División en el Gobierno navarro tras anular la Justicia el euskera como mérito para el empleo en zonas no vascófonas y mixtas

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado este martes varios artículos del Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra. Los artículos anulados valoraban el euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo -que no tuviese perfil obligatorio- en la zona no vascófona, en la zona mixta, y en los puestos de la Administración a los que se acceda a través de una oposición. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado anular completamente el decreto, como solicitaban los demandantes -UGT y el Sindicato del Personal Administrativo-, aunque han estimado de manera parcial su recurso.

La sentencia -contra la que cabe recurso de casación- considera que “la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta y servicios centrales conlleva una discriminación en la provisión de puestos en la Función Pública que no se corresponde con los principios de racionalidad y proporcionalidad en relación [---] a la realidad sociolingüística” de Navarra.

Además, el Superior entiende que los porcentajes de valoración de méritos que marcaba el decreto en estas zonas -de hasta el 7% en comparación con el resto de méritos y de hasta el 6% en la provisión de puestos por concurso de mérito- no valoraban de manera “individualizada, racional, proporcionada y adecuada” las necesidades del puesto y la realidad sociolingüística que debe atender cada trabajador.

Los magistrados consideran que no existe un informe que valore en su conjunto la realidad sociolingüística de Navarra y que justifique los porcentajes de valoración establecidos por este decreto. De hecho, y haciendo referencia al informe aportado a la causa por el director gerente de Euskarabidea (el Instituto Navarro del Euskera), el Tribunal advierte de que sus conclusiones “son manifiestamente insuficientes tanto en su contenido, motivación y fundamento como en la propia toma de datos de las que parten”.

Por otra parte, el Superior ha anulado aquellos artículos que se referían al uso del euskera en las notificaciones al ciudadano, por ejemplo, en escritos oficiales, folletos o elementos informativos de la señalización viaria. El decreto foral del euskera determinaba que estas notificaciones debían hacerse de manera bilingüe, en castellano y en euskera. El tribunal lo rechaza al entender que “la lengua es un derecho del ciudadano y el órgano administrativo ha de acomodarse a tal derecho, no a la inversa”. Es decir, que no se puede imponer una redacción bilingüe en las zonas no vascófonas y mixtas por el mero hecho de que las notificaciones vengan marcadas desde los servicios centrales porque estos mensajes están dirigidos al conjunto de la población. Los magistrados entienden que al hacerse de forma bilingüe se altera “el régimen de derechos que establece la Ley Foral del Euskera para cada zona lingüística”.

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, no ha querido valorar la resolución del TSJN argumentando que “todavía queda pendiente una segunda sentencia por resolver -tras la denuncia del sindicato Afapna-”. De momento, se ha limitado a aclarar que están estudiando la sentencia para decidir qué posición adoptar, sin perder de vista que “la posición del gobierno en política lingüística es la que aparece en el acuerdo programático, y que buscará el mayor consenso político, social y sindical”.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que esta sentencia contra el decreto foral del euskera “corrobora la postura del PSN, que lo entendía como discriminatorio y contrario a la realidad sociolingüística”, además de vulnerar “la igualdad de oportunidades en el acceso a la Función Pública”. Alzórriz ha incidido en que “el euskera no puede ser un elemento de confrontación ni debe ser utilizado políticamente”.

Por su parte, Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai -socio de Gobierno- lamenta que “el conocimiento del alemán o el inglés tenga más valor que el conocimiento de una lengua propia de Navarra como es el euskera”. Desde la coalición consideran que esta sentencia “más allá de polémicas interesadas o partidistas empobrece a la Comunidad Foral” e inciden en que el Tribunal Superior “hace una interpretación muy restrictiva de la ley, al primar el acceso a la función pública sobre el servicio ciudadano de la Administración”. Además, ha pedido al Gobierno -liderado por la socialista María Chivite- que “estudie la posibilidad de interponer un recurso de casación ante esta sentencia, con el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía de Navarra, con independencia de la zona en la que vivan”.

En la misma línea, Ainhoa Aznárez, portavoz de Podemos-Ahal Dugu -socio de gobierno-, tampoco comparte la sentencia del Tribunal Superior y considera “ridículo que se puedan valorar idiomas como el inglés y el alemán y se excluya una de las mayores riquezas de nuestro patrimonio cultural”.

Marta Álvarez, parlamentaria de Navarra Suma, principal partido de la oposición, ha calificado esta sentencia como un “claro varapalo” a la política lingüística del anterior gobierno -Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E- y ha exigido al Ejecutivo foral en ejercicio que acate la sentencia. Desde Navarra Suma consideran “fundamental” esta resolución porque el decreto foral del euskera “atacaba la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública ya que las personas que hablan euskera siempre iban a tener ventaja respecto a la gran mayoría de la población navarra que no es vascoparlante”.  Asimismo, Marta Álvarez ha insistido en que esta sentencia no implica que el euskera no se pueda valorar como mérito, sino que se elimina “la obligación de valorarlo” como tal. 

Por otra parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha manifestado que le parece “increíble y terrible que en Navarra, en determinadas zonas, se pueda valorar el alemán y el inglés como mérito” sin que eso se pueda ampliar al euskera. Para Ruiz Jaso, “se demuestra una vez más que la única manera de avanzar en los derechos lingüísticos de la ciudadanía es la modificación de la Ley del Euskera y la superación de la zonificación lingüística porque está visto que vía decreto es imposible dar más pasos para seguir avanzando en derechos lingüísticos”. Por ello, considera que  “es momento de plantear muy seriamente la modificación de la Ley del Euskera”.