Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia se quejan de que no pueden denunciarlos en comisarías “porque el sistema informático no lo permite”
Contar o no contar lo más doloroso de la infancia puede llevar muchos años. Y dar el paso de denunciar los abusos sexuales sufridos todavía más. Algunas víctimas de colegios religiosos de Navarra se han organizado y están empezando a buscar verdad, justicia y reparación, pero el camino no siempre es sencillo. Dos de ellas, por su residencia actual, han acudido a la Ertzaintza a interponer una denuncia contra religiosos. Pero se han encontrado con que el sistema informático ni siquiera permite registrar los hechos al considerarlos automáticamente prescritos.
En el caso de Mikel Eziolatza, que estudió en los Reparadores de Puente La Reina, asegura haberse encontrado con “reticencias” por parte del agente de guardia que recogió su denuncia en la comisaría de Vitoria. Solo su empeño personal hizo que, dos horas más tarde, terminara dejando constancia de su historia atribuyendo una fecha reciente a hechos ocurridos tres décadas atrás en el tiempo. Es consciente de que el resultado judicial puede ser el mismo, pero no quería rendirse ante la primera dificultad. Hay una segunda denuncia similar en Laguardia y la víctima asegura no haber recibido una copia de la documentación.
Eziolatza lamenta la falta de “sensibilidad” hacia este tipo de delitos y demanda que en la Ertzaintza haya formación específica para atender este tipo de casos que continúan saliendo a la luz pública estos años. Asegura que compañeros de la asociación que han acudido a la Policía Foral de Navarra o a la Guardia Civil sí que han sentido que su caso no era uno más en la larga lista de delitos que se acumulan en las mesas de las comisarías.
Fuentes de la Ertzaintza puntualizan que la opción más operativa en estos casos es acudir directamente a un juzgado. Indican que la Policía poco puede hacer con un caso prescrito más allá de recopilar los datos por si podrían contribuir a esclarecer hechos más recientes que todavía no lo estén, ya que no existe la posibilidad de realizar una denuncia como tal. En enero y febrero, la Ertzaintza recogió del orden de tres decenas de denuncias por abusos sexuales en los Salesianos de Bilbao y un juzgado de instrucción decretó el archivo automático de la mayoría de ellas por su antigüedad.
Recientemente, Ana Cristina Cuevas, portavoz de la asociación Infancia Robada, manifestó en el Parlamento Vasco la importancia de modificar los plazos de prescripción de estos delitos, que habitualmente permanecen ocultos y que salen a la luz muchos años después sin posibilidad de que acarreen consecuencias penales. Ahora los plazos empiezan a correr al cumplir los 18 años y son 5 años para los casos más graves, esto es, hasta los 23. Un anteproyecto de ley que decayó por la coyuntura electoral española preveía que fuese hasta los 45. “Pero nosotros como asociación solicitamos la no prescripción del delito o en su defecto que empiecen a contar a partir de los 50 años, a fin de que por la propia idiosincrasia del tipo de denuncia queden impunes el menor número de abusadores y agresores sexuales”, plantean desde Infancia Robada.
