Rendir cuentas

Desesperado al principio de una pandemia que no entendía, Boris Johnson le preguntó a los expertos médicos del Gobierno si se podía luchar contra el COVID con “una especie de secador” en la nariz que había visto en YouTube (el vídeo ha sido eliminado desde entonces). Cuando el virus ya estaba descontrolado en Italia, el comité científico en Reino Unido seguía creyendo que el pico de contagios para su país llegaría el siguiente otoño y que el riesgo no era tan elevado entonces. El 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad ni siquiera tenía un plan centralizado de actuación. Unos meses después, el primer ministro estaba “obsesionado” con que las personas mayores “aceptaran su destino” y dejaran al resto “seguir con su vida” sin restricciones.

Estos son algunos detalles revelados esta semana por testimonios, emails, anotaciones y otros documentos en la investigación sobre la gestión de la pandemia en Reino Unido. Desde 2020, la prensa ha publicado información detallada sobre los bandazos de Johnson, el caos en el Gobierno, la adjudicación de contratos públicos para hacer tests a donantes conservadores sin experiencia en el sector y las múltiples peleas por las restricciones, que acabaron siendo las más estrictas de Europa durante meses. Pero ahora hay más detalles que estarán en un informe para retratar la gestión de manera completa con conclusiones sobre responsabilidades concretas y consejos sobre qué hacer para no repetir errores. Es una rendición de cuentas porque existe la comisión de investigación, pública, independiente y cuya autoridad es aceptada por el Gobierno, los partidos políticos, las autoridades competentes y los contratistas públicos. La comisión está presidida por una jueza jubilada y actual miembro de la Cámara de los Lores con experiencia en investigaciones complicadas, como la de los atentados de julio de 2005 en Londres. Las audiencias de la comisión son públicas e incluirán también a Johnson y al actual primer ministro, Rishi Sunak.

Además, el Parlamento ha aprobado otras investigaciones más pequeñas, entre ellas la centrada en las fiestas y reuniones en Downing Street que se saltaban las restricciones aprobadas por el propio Gobierno. En este caso, la labor parlamentaria y también periodística de investigación llevó a la dimisión de Johnson como primer ministro (por los festejos) y como diputado (por mentir al Parlamento).

Reino Unido tiene muchas debilidades, incluida la falta de transparencia y continuos escándalos políticos de corrupción y conflictos de intereses, pero la comisión sobre el COVID ejemplifica la madurez y responsabilidad de su democracia. Las investigaciones sobre la gestión pública son serias, profundas e incuestionables. No siempre llegan a conclusiones satisfactorias, a veces son demasiado lentas o se quedan a medio camino, como ha sucedido en el caso de investigaciones sobre terrorismo o sobre los estándares de la prensa. Pero existen y, como mínimo, ayudan a consolar a las víctimas -casi siempre las hay- y dejan el registro de lo que ha pasado. 

Podemos escandalizarnos por los comentarios de Johnson o el caos de su Gobierno en la pandemia, pero lo más grave es que en España no hay ni habrá una comisión de investigación oficial e independiente como la británica sobre la gestión del COVID por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. El PSOE y sus socios pararon el intento del PP en septiembre de 2020 de abrir una en el Congreso y la falta de tradición de comisiones independientes y no partidistas no ayuda a que se plantee una indagación sin más agenda que conocer la verdad, rendir cuentas y prevenir otros desastres. Los partidos de toda inclinación se negaron a una evaluación independiente con voces expertas. Ha habido audiencias e informes que han tocado el tema en comisiones de diputados tanto en el Parlamento nacional como de algunas Comunidades Autónomas, pero su labor se ha visto empañada por disputas partidistas y no hay una gran investigación independiente.

Los partidos han ido a los tribunales, que difícilmente tienen conocimiento o competencias para esclarecer todo lo que pasó, o a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, que siempre ha sido un órgano ineficaz para que los partidos saquen algún titular nacional sin consecuencias prácticas.

El ejemplo británico muestra que hay una manera de hacerlo mejor, pero eso requiere una rendición de cuentas seria que en España sigue sin ser parte de la rutina pública. Mientras no la haya, es más difícil asegurar que lo peor no volverá a ocurrir.