Con esta carta queremos expresar nuestra indignación por la decisión de la justicia española de encausar a dos politólogos y a tres juristas.
Concretamente, los politólogos Jordi Matas (catedrático en la Universitat de Barcelona), Tània Verge (profesora contratada doctora en la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) y los juristas Marc Marsal (profesor asociado en la Universitat de Barcelona), Josep Pagès (profesor asociado en la Universitat Autònoma de Barcelona) y Marta Alsina fueron nombrados miembros de la Sindicatura Electoral en septiembre de 2017 por el Parlament de Catalunya para supervisar el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017. El gobierno español impugnó la legalidad de este referéndum y unos diez días antes de su realización, el Tribunal Constitucional obligó a todos los síndicos electorales a dimitir mediante la imposición de una multa de 12.000 euros por persona por día mientras permanecieran en el cargo. A pesar de su renuncia, la justicia española dio un paso más y decidió procesar a los miembros de la Sindicatura Electoral. Se les imputan los delitos de “desobediencia” y “usurpación de funciones” y se enfrentan a la posibilidad real de hasta dos años y nueve meses de prisión.
Probablemente sea la primera vez en la historia de la Unión Europea que unos politólogos y juristas son amenazados con pena de prisión por hacer su trabajo, un hecho indignante y desproporcionado. Al fin y al cabo, el único “delito” de estos politólogos y juristas consistió en utilizar su experiencia para garantizar que el referéndum se realizara de manera justa e imparcial.
Al hacerlo, actuaron a petición del Parlamento de Catalunya, que tenía en ese momento un mandato legal válido derivado de la Ley 19/2017 sobre el referéndum de autodeterminación de Catalunya. Nuestros colegas no hicieron nada ilegal, ya que el Código Penal español no contiene ninguna disposición específica que prohíba la organización de referéndums, incluso cuando no cuentan con la autorización del gobierno central. Por lo tanto, su enjuiciamiento no solo es espurio, sino que se basa en motivos políticos, constituyendo una flagrante violación de derechos humanos.
Nosotros, los abajo firmantes, profesores de ciencia política, derecho y otras disciplinas, denunciamos la persecución de los derechos democráticos y civiles básicos en España. No nos posicionamos en esta carta sobre la independencia de Catalunya, sino que condenamos firmemente la ilegalidad de encarcelar a alguien por sus ideas políticas. La comunidad global de profesores universitarios muestra su indignación por el procesamiento de nuestros colegas y exige la retirada inmediata de la amenaza de pena de prisión, así como el cierre de la causa penal abierta contra ellos.
Esta carta está firmada por más de 700 profesores de universidades españolas y más de 400 de universidades de todo el mundo.
Entre las firmas internacionales se encuentran las de Noam Chomsky, David Whyte, Yanis Varoufakis, Alain-G. Gagnon, Jane Mansbridge o Fiona MacKay. Entre las de profesores de universidades españolas, se cuentan Marina Subirats, Quim Brugué, Jordi Galí, Jordi Muñoz o Vicenç Navarro.