La Audiencia Provincial de Madrid y los protocolos de las residencias

El pasado miércoles, nos enteramos de que la Audiencia Provincial de Madrid reabría la causa por las muertes en cuatro residencias de Leganés. Aunque algunos interpretaron que se llamaba a declarar a los responsables del protocolo de Sanidad que impidió la derivación hospitalaria de muchos residentes en la Comunidad de Madrid, lo cierto es que los citados eran las personas que tuvieron que aplicarlo (responsables médicos de las residencias y del servicio de geriatría del hospital) y no sus autores.

A pesar de todo, la reapertura de esta causa supone un cambio de rumbo en los pronunciamientos judiciales realizados hasta ahora. Se trata de la primera vez, hasta lo que yo sé, que una instancia judicial solicita que se pregunte por la aplicación de esos protocolos.

Hasta ahora, y a pesar de la existencia de un protocolo que establecía criterios de exclusión para la derivación hospitalaria (con cuatro versiones, del 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020), nadie ha llamado a ningún responsable político para explicar qué es lo que pretendían con ese protocolo, si se trató de la iniciativa aislada de un alto cargo de la Consejería de Sanidad o si se trataba de una estrategia acordada. Y lo cierto es que la situación sigue igual. Seguirá sin comparecer ningún responsable político. Por ahora.

Como todos pudimos conocer hace meses, a pesar de los bulos, no se trató nunca de un borrador ni se quedó en un cajón sin ser distribuido. Ese protocolo era válido, se distribuyó y se aplicó. Y las consecuencias de su aplicación son elocuentes: las semanas posteriores a su distribución, es decir a partir del 18 de marzo de 2020, se redujeron dramáticamente las derivaciones de enfermos provenientes de las residencias a los hospitales, cuando debería haber ocurrido exactamente todo lo contrario. Ni siquiera se les consideró para ser derivados al hospital de campaña montado en IFEMA. Solo 23 residentes fueron trasladados allí, de un total de 3.811 personas atendidas.

Durante los meses en los que estuvo en marcha la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, hasta el cobarde cierre perpetrado por PP y Vox, pudimos escuchar testimonios estremecedores acerca de cómo fueron recibidos esos protocolos en las residencias. Con resignación y estupor. Hay decenas de ejemplos en el diario de sesiones, pero hoy voy a destacar dos.

El primero es el de la directora de una residencia de Alcorcón, Lidia Sánchez, que a las preguntas acerca de si no era posible derivar al hospital a las personas contagiadas de su centro, declaró el 13 de noviembre de 2020: “Directamente ni era algo planteable; era: ‘no hay camas, nosotros aquí no podemos atenderles’, porque había un colapso hospitalario. ‘Es mejor que fallezca en una residencia, con vosotros, a que muera en un pasillo de un hospital’; era la justificación que se nos hacía para, obviamente, acatar el protocolo que se nos había entregado”. Y así era cómo explicaba de manera sencilla lo que implicaban esos criterios: “en uno de los protocolos se habla de... -si me dejan un momento, lo miro- la escala de fragilidad, que un poco viene a decir que, si voy en silla de ruedas -tenga deterioro cognitivo o no lo tenga-, no entro en los criterios de derivación, ya sea una derivación por motivos respiratorios, una infección respiratoria, o cualquier otra patología”.

El segundo fue el caso de la médica de una residencia de Griñón, Mirtainés Castro de Ponzo, que a la pregunta de si había que cumplir el protocolo, contestó el 4 de diciembre de 2020: “Un protocolo lo tienes que cumplir, obviamente, pero en el momento en que tú decides derivar a un residente no tenías la manera de hacerlo”.

Y tampoco puedo dejar de comentar la excusa de que no hubo más remedio que aplicar protocolos de esas características porque los hospitales estaban colapsados. La noche del 19 de marzo, la presidenta Ayuso declaró lo siguiente en el programa El Cascabel de 13 TV: “La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos, pero necesitamos más material del que nos envía el Ministerio de Sanidad.” Esto lo afirmaba el día siguiente al envío de la primera versión del protocolo que impedía el traslado hospitalario a un gran número de residentes o el día antes de que la Consejería de Sanidad enviara su versión más cruel, la del 20 de marzo.

En cualquier caso, creo que es imprescindible que haya un pronunciamiento claro acerca de la legalidad de esos protocolos, de su naturaleza jurídica, de si eran de obligado cumplimiento o si solo se trataba de recomendaciones. Puede que esté equivocado, pero la valoración de la legalidad de esos protocolos es algo que no me corresponde a mí. Mi responsabilidad se limita a un aspecto no poco importante: el ético y el político. Por eso he insistido hasta el hartazgo en que existiera una comisión de investigación que evaluara las actuaciones políticas; y por eso mismo dije lo que dije en la Asamblea cuando me preguntaron lo que pensaba acerca de esos protocolos: “no son éticos y posiblemente no sean legales.” Sigo pensando lo mismo. Esos protocolos ponen en riesgo valores tan capitales de nuestro estado de derecho como la igual dignidad de todos, con independencia de la edad o de la discapacidad.

Eso sí, ¿y por qué lo creo? Porque a pesar de todo lo que hemos sufrido, si ocurriera algo similar, ¿haríamos lo mismo? ¿Seguiríamos dando por buenos esos criterios, seleccionando quién es apto para ser admitido en un hospital según su discapacidad o dependencia? ¿Rechazaríamos el ingreso de una persona en un hospital por ir en silla de ruedas, como ocurrió hace dos años? Yo me resisto a pensar así, pero esas preguntas tienen que ser respondidas. Urge hacerlo. Por eso es una buena señal el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid.