Los Berrocales, el enésimo pelotazo
20 años ha tardado el Ayuntamiento de Madrid en llegar a la aprobación, el pasado 29 de abril de 2021, del proyecto de urbanización de Los Berrocales en el distrito de Vicálvaro.
Este desarrollo urbanístico fue uno de los que se planificó en la etapa del boom inmobiliario de finales de los 90 en el norte y el sureste de la ciudad, pero no se podían ejecutar todos a la vez pues eso habría tirado de los precios de la vivienda a la baja. La concentración de la propiedad del suelo en pocas manos les permite dosificar la construcción en función de sus intereses, es decir, asegurar la máxima rentabilidad a la especulación. Los Berrocales es el enésimo pelotazo urbanístico.
La prueba es que se inicia la construcción de un nuevo desarrollo una vez que se da por finalizada la venta de las viviendas en el anterior, pero en ningún caso se han puesto en marcha los equipamientos sociales básicos, tanto de competencia municipal como los autonómicos, antes de iniciarse el nuevo.
Para el Ayuntamiento urbanizar el ámbito de Los Berrocales es una prioridad económica pues destina 68 millones a ese fin que se suman a las decenas de millones invertidos ya en acometidas y otros trabajos. Solo en el último año se han formalizado contratos por 11 millones de euros para hacer el colector de saneamiento Vicálvaro B.
Pero para el Ayuntamiento no son una prioridad los equipamientos sociales de los nuevos barrios. En el nuevo desarrollo urbanístico de El Cañaveral no destina más que 150.000 euros para la construcción de una escuela infantil en 2021, lo que no da más que para la elaboración del proyecto. Si en el presupuesto de 2022 se incluye todo el coste de su construcción los vecinos no dispondrán de la escuela hasta 2023 o 2024. En dos años, 2020-21, no se ha podido financiar ni siquiera la primera dotación social en este nuevo barrio.
No se ha dado vía libre a los desarrollos del Sureste hasta que no se ha culminado la operación en los del norte (Las Tablas, Sanchinarro y Montecarmelo). Pero ese retraso ha tenido consecuencias como la quiebra de cooperativas cuyo suelo ha terminado en manos de los grandes propietarios que en el caso de Los Berrocales son Pryconsa, Santander, La Caixa y el Fondo Bain Capital.
La aprobación del proyecto de urbanización en realidad es la continuación del proceso al que se le dio un respaldo decisivo en el último Pleno municipal del anterior mandato cuando se aprobó el convenio de gestión con los votos del PP, Ciudadanos y 12 de los concejales de Ahora Madrid de la corriente carmenista. Dicho convenio y la urbanización blindan los derechos de los propietarios del suelo que deberían ser fuertemente indemnizados si se pretende hacer cualquier cambio que persiga la mejora de este plan urbanístico desde un punto de vista social.
Izquierda Unida Madrid siempre ha defendido el replanteamiento de este desarrollo urbanístico para evitar los graves problemas que conlleva:
-La vivienda pública incorporada a este plan queda relegada a parcelas marginales, aisladas de los núcleos urbanos y pegadas a suelo industrial.
-Aumenta el desequilibrio territorial, caracterizado por la construcción de más viviendas en el sur y más oficinas al norte. El urbanismo debe ser una herramienta para proteger nuestro entorno natural y promover una ciudad equilibrada, y no al contrario como propone este plan. Fomentar la actividad económica del sur de la ciudad y de la región, para no convertir dicho entorno en barrios-dormitorio insostenibles.
-La zona carece de transporte público, lo que lo convertiría en un barrio con una alta dependencia del transporte privado contradiciendo el Plan A de Calidad del Aire de Madrid y las Directrices Europeas de Desarrollo Sostenible.
-Garantizar el derecho a la salud implica no ejecutar viviendas en el rango de afectación de la Incineradora hasta que no se solucionen los problemas derivados de su funcionamiento.
-Debe reducirse la superficie urbanizable y recuperar los terrenos de valor ambiental y cultural.
Nos dicen que la construcción de 22.400 nuevas viviendas en Los Berrocales contribuirá a solucionar el problema de la vivienda, pero nada más lejos de ser cierto.
En primer lugar, porque la urbanización de la zona, que ya se llevan realizando trabajos desde hace años, se ha planificado para ejecutarse en 6 etapas a lo largo 19 años. Es decir, se va a ejecutar al ritmo que dicten los intereses de los propietarios del suelo y no los intereses sociales.
En segundo lugar, porque el precio que alcanzarán esas viviendas, estarán fuera del alcance de las 25.000 familias que están en la lista de espera de la EMVS, cuya necesidad sí es urgente.
Hay otras alternativas para hacer frente a la falta de vivienda que no pasa únicamente por construir vivienda nueva para el mercado.
En Madrid sigue habiendo más de 150.000 viviendas vacías. Se debería hacer un Plan Integral de Choque para que Ayuntamiento y Comunidad consiguiesen la propiedad, el uso o la cesión de viviendas a través del servicio de alquiler público. El Plan incluiría el compromiso de rehabilitación de las mismas cuando sea necesario, la creación de impuestos a las viviendas vacías para propietarios con más de 3 viviendas, así como la compra y la construcción de inmuebles públicos. En dos años se podría hacer frente a la falta de alternativa habitacional más urgente y posteriormente ir incrementando regularmente el parque de vivienda pública ajustándose a las necesidades reales.
