Las consecuencias del liberalismo

I.- El origen de la calamitosa situación de la vivienda en zonas de España se podría resumir en una frase: un derecho fundamental no puede dejarse solo en manos del mercado o de la iniciativa privada, es decir, al negocio. Hace unos diez años escribí un artículo que se titulaba “Desahucios”, donde intenté demostrar que a una persona o familia sin vivienda se les violaban la friolera de diez derechos fundamentales: la integridad moral cuando no física; la libertad o seguridad; la intimidad personal y familiar; la inviolabilidad del domicilio; el secreto de las comunicaciones; la libertad de elegir la residencia; la protección de la infancia; la participación en los asuntos públicos; la tutela judicial efectiva; el derecho a la educación. La conclusión era, y es bastante obvia, la vivienda no es solamente un derecho fundamental, sino la base material primaria del ejercicio de todos los derechos. Y me permito señalar que nuestro actual problema no ha caído del cielo. Ha sido la consecuencia de todo un proyecto de “desarrollo” inmobiliario-financiero impulsado desde una derecha ultraliberal y no corregido desde la izquierda. La liberalización caótica del suelo; la concesión de hipotecas masivas y desorbitadas sin garantías, la construcción de millones de viviendas de protección oficial, desclasificadas, que pasaban al libre mercado; una ley de arrendamientos urbanos nefasta que disuadía acudir al alquiler y fomentaba la tenencia en propiedad. Todo ello condujo a una burbuja demencial, causa de la crisis del 2008, que se llevó por delante cientos de miles de puestos de trabajo –un desempleo del 26%– y una parte de la población dejó de ser “proletaria y propietaria”, según famosa frase de aquel ministro de la Vivienda de la dictadura que   quería una España de propietarios y no de proletarios. Al final, nuestros irrestrictos liberales consiguieron que una buena parte de la población no fueran ni lo uno ni lo otro. Ha sido el fracaso más clamoroso de una política ultraliberal aplicada a un derecho fundamental. ¿Se imaginan ustedes qué habría sucedido si se hubiera hecho lo mismo con la sanidad, la educación o las pensiones? No tendríamos la democracia social que define la Constitución de 1978, única democracia que, en mi opinión, merece tal nombre. Pues tengamos cuidado, porque es lo que está sucediendo, a la chita callando o a voces, en las CCAA gobernadas por la derecha, y el resultado ha sido que España esté, en parque público de viviendas, a la cola de la Unión Europea. 

II.- Lo estridente y paradójico del asunto es que en España se han construido millones de viviendas de protección oficial a lo largo de los años. Como señala un reciente estudio de la C.S. de CCOO, el parque público de viviendas podría alcanzar, a día de hoy, los 4,7 millones de unidades, si la regulación de la vivienda protegida no hubiese permitido su desclasificación y su pase al mercado libre. Demostración de que un predominio del mercado y del sector inmobiliario totalmente privado no ha mejorado la accesibilidad a la vivienda en España, sino todo lo contrario. Los agujeros negros de este desaguisado hay que situarlos en la escasa construcción de vivienda pública a partir del año 2000; la liberalización absoluta del territorio con la ley del suelo de 1998, que sentó las bases especulativas de la mayor burbuja inmobiliaria que ha sufrido España; el desarrollo de las “viviendas turísticas” al calor del boom de este sector en determinadas zonas y ciudades -el INE tiene contabilizadas 350.000 en este régimen de alquiler-; la existencia de 3,8 millones de viviendas vacías, de las que 1,1 millones están en grandes ciudades, sin consecuencias fiscales y/o expropiatorias. En todo caso, hay que tener en cuenta que las consecuencias de la escasez y carestía habitacional, ya sea para alquiler o propiedad, es muy distinta en las diferentes zonas de España. No es la misma la situación en las grandes ciudades, las costas o las islas, que en la España vaciada, lo que indicaría que no se puede dar el mismo tratamiento en los diferentes lugares. Todo ello es resultado, obviamente, del desigual desarrollo propio del capitalismo, y mucho más cuando se le deja actuar a sus anchas, sin el mínimo planeamiento en la distribución de los sectores productivos, ni adecuados incentivos.

III.- Llegados a este punto, es evidente que en España no se han hecho las cosas bien, pues no es normal que mientras en nuestro país el parque público de viviendas no alcance el 3% y la media europea esté en el 9%, con países como Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia o Francia que superan el 17%. Ahora bien, lograr estos altos niveles no es obra de un día, sino de muchos años, lo que no es óbice para que se puedan tomar medidas a corto plazo que aminoren el daño causado. Algunas han sido enunciadas, especialmente por los sindicatos y otras instancias. Entre ellas se podrían destacar: puesta en el mercado las que están en manos de la SAREB, que ascienden a cerca de 47.000; paulatina eliminación de los alquileres vacacionales y temporales en las zonas llamadas “tensionadas”, que como hemos señalado alcanzan las 350.000 solo las primeras; actuación sobre las viviendas vacías, que lleven un determinado tiempo en esta situación, en las mismas zonas. Actuación que podría instrumentarse a través de mecanismos fiscales, gravándolas en función de los años que se mantengan fuera del mercado. Y en situaciones de clara especulación se podría acudir a la expropiación forzosa que, en determinadas circunstancias de utilidad social, permite la Constitución de 1978. Estamos hablando de 1,1 millones de viviendas solo en las grandes ciudades.

Es loable que el Gobierno pretenda abordar la construcción de más de 180.000 viviendas públicas en lo que queda de la actual legislatura, y anuncie que, a partir de ahora, las viviendas construidas con fondos o ayudas públicas no puedan desclasificarse y pasar al mercado libre. Se llega, desde luego, con mucho retraso, pero como dice el refrán: nunca es tarde cuando la dicha es buena.