Una soberana estupidez

Entre los múltiples y falsos inventos que las derechas patrias lanzan a la circulación de nuestro empobrecido debate político, hay uno especialmente ponzoñoso: el Gobierno está en manos de Junts, otras veces de Puigdemont o, incluso, que España se rige o manda desde Waterloo. A partir de este desatino se podría decir lo mismo de cada uno de los partidos, cuyo concurso es necesario para sacar adelante las iniciativas legislativas. Como quedó demostrado hace unos días, cuando la formación Podemos decidió cepillarse un decreto-ley sobre subsidio de desempleo al votar con PP y Vox. Eso sí, nadie tuvo excesivo interés en pregonar, a los cuatro vientos, que el Gobierno estaba en manos de Iglesias o de Podemos o, en otros supuestos, de Bildu, del PNV, del BNG, de Esquerra, o que Vox tiene amarrado al PP por las criadillas o los “telenguendengues” –que decía el general Narváez–, cuando los necesita para gobernar en varias CCAA. Porque todo ello, políticamente hablando, no es más que una soberana ignorancia dolosa. Interesa, por el contrario, repetir ad nauseam que quien manda en nuestra querida España es un prófugo de la justicia que vive fuera de la nación, acusado de graves delitos, en el actual delirio, hasta de “terrorismo” y “traición a la patria”. Es curioso que en el famoso juicio a la dirigencia del procés, ante el Tribunal Supremo, no se les acusó ni de terrorismo ni de traición a la patria. Es más, el alto tribunal entendió que tampoco hubo rebelión y lo dejó en sedición. Salir ahora, después de años, con el espectro del terrorismo, que ningún tribunal serio se lo creería, huele de llevarse a efecto al que no me gusta mencionar. No sé hasta dónde se quiere llegar.

Es obvio que cuando en nuestro modelo parlamentario no se cuenta con mayoría suficiente, se tiene que pactar con otras fuerzas políticas con el fin de ahormar una investidura de gobierno que pase, con éxito, el examen de la Cámara. Pero no pretendamos engañar al personal diciéndole que si un determinado partido –en este caso Junts– le quita la confianza al Gobierno, este cae derribado, porque es sencillamente falso. Conviene recordar que en nuestro sistema constitucional, una vez que un candidato obtiene la confianza del Congreso, el presidente del Ejecutivo sólo puede ser descabalgado de la poltrona por dos motivos: o porque decida, motu proprio, disolver las Cortes y convocar elecciones, o porque le destituya una moción de censura constructiva ex. Art.113 y siguientes de la Constitución. No tengo la impresión de que, en estos momentos, el presidente Sánchez tenga la intención de lo primero, ni tampoco que exista a la vista una alternativa de lo segundo, pues no parece realista una coyunda PP/Vox/Junts. Sería realmente una mala película de terror surrealista contemplar a los junteros apoyando a unas derechas que les quieren ver en la trena o, incluso, disueltos. Claro que cualquiera sabe después del espectáculo del otro día, cuando los de Puigdemont votaron con el PP y Vox contra una ley de amnistía que habían apoyado varias veces y que, a ellos, prima facie, beneficia. 

No sé por qué, viendo el resultado de la votación en TVE, me vino a la memoria aquella escena que vivimos en Carabanchel, en los años de la ominosa dictadura, cuando a algunos presos, nunca políticos, se les concedía la libertad y se negaban a salir a la calle. Y ahí estaban los funcionarios intentando convencerlos de que no tenían más remedio que salir, que no podían quedarse en prisión. En estos supuestos, creo se trataba de una fobia a la libertad, conocida como “eleuterofobia” –no se refiere a ninguna persona llamada Eleuterio–, que procede de las voces griegas eleútheros, que significa libre, y phobia –temor o pánico–. En nuestro caso, diferente a aquel, no sé cómo podría calificarse para no ofender, quizá un fenómeno de “epistemofobia” o miedo al conocimiento, pues hay que ser bastante ignaro para aducir que hay que cambiar la ley porque unos jueces de instancia amagan por aplicar, a este o aquel, delitos no amparados en la ley de amnistía. Situación que, de aceptarse, podría prolongarse sin límite, salvo que metiéramos en la norma casi todos los posibles delitos del Código Penal. 

La realidad era que para obtener la investidura y evitar un Gobierno de la derechultra, e intentar resolver un problema político de envergadura, fueron imprescindibles los votos de Junts y otros partidos, pero a partir de ahí se acabó el carácter “imprescindible o indispensable” de esos votos, por lo menos de la manera en que algunos se hacen ilusiones. Sería interesante que Junts fuera consciente de ello, no creyera los cantos de sirena de las derechas y no cometiera errores de cálculo al pensar que el Gobierno siempre depende de su apoyo y, en consecuencia, aceptará lo que les pete. Por el contrario, el margen del Ejecutivo para poder seguir gobernando sin el concurso de los junteros es francamente amplio. Sólo tenemos que pensar en las 200 leyes que se aprobaron en la anterior legislatura y que necesitan un desarrollo y aplicación mediante normas administrativas; o el propio Presupuesto, que ya está prorrogado, y recordar, como ya se ha hecho, que no sería el primer Gobierno que los estira, sobre todo en este caso en que se cuenta con abundantes fondos europeos, no siempre sometidos a cambios legislativos, que hay que gestionar con eficacia y diligencia. Hay multitud de asuntos de gobierno que se pueden y deben resolver por medio de decretos u otras normas. Incluso en el caso de las leyes conviene meditar antes de votar en contra, por sistema, si la referida ley es positiva para la gente, incluyendo los catalanes. Eso sólo se lo pueden permitir Vox, en su práctica nihilista y, no todas las veces, el PP.

Siempre he creído que la amnistía es un instrumento idóneo para pasar página del desastre en que nos metieron los indepes con el procés y la chapucera gestión del Gobierno de entonces. Ahora bien, si la torpeza, la intransigencia o, en breve, la soberana estupidez de la dirigencia de Junts se carga, al final, la amnistía en un acto de autolesión, el Gobierno puede seguir adelante, sin necesidad de su apoyo. Incluso podría activar el expediente de medidas de gracia individuales en beneficio de los que no hayan tenido responsabilidad en tamaña estulticia.

Sin embargo, lo que no debe pretender nadie –y no deberían de aceptar los grupos proponentes, especialmente el PSOE– es que las modificaciones que propone Junts supongan que la referida ley no esté en condiciones de pasar el fielato del Tribunal Constitucional y de las normas europeas. Pues en ese caso, el destrozo sería de mayor calibre o calado y lo pagaríamos, severamente, tanto los pecadores como los justos. Tampoco creo que sea adecuado estar inventándose retoques, discutibles, en otras legislaciones para satisfacer apetencias que sólo demuestran una abismal inmadurez y que podrían producir daños colaterales.