¿Quién consumirá energía eléctrica contaminante en el 2030?
Nos encontramos en plena construcción de las bases del modelo energético del año 2030. Y en él juega un papel decisivo el cambio tecnológico en el segmento de la generación eléctrica. El mix energético actual y el que tengamos dentro de 11 años diferirán sustancialmente. Si se cumple lo establecido en el primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima enviado por el Gobierno a la Comisión Europea, España alcanzará un 42% de penetración de las renovables respecto a la cobertura de la demanda energética total (lo que en electricidad implica un porcentaje del 74%, para compensar un porcentaje menor en transporte y en calefacción). Asimismo, según el camino que marca la Unión Europea, en 2050 los europeos debemos situarnos en una cuota cercana al 100% renovable.
¿Cómo se generará la energía eléctrica?
El debate actual se centra en el cómo se generará la energía. Es decir, en qué fuentes cubrirán en mayor medida la demanda eléctrica y cuáles desaparecerán. Según el último informe de Red Eléctrica de España, la demanda peninsular española fue de 253 TWh en el 2018, de los cuales un 20,6% fue generado por energía nuclear, un 19% por energía eólica, un 13,5% por carbón, un 13,2% por energía hidráulica, un 11,2% con cogeneración, un 10,2% con gas natural y el resto con solar fotovoltaica (2,9%), solar termoeléctrica (1,7%), residuos (1,2%) y otras renovables (1,4%).
Pues bien, para llegar a un sistema cercano al 100% renovable, además de instalar fotovoltaica y eólica masivamente, parece que la hoja de ruta en España pasa por cerrar primero el carbón, luego la nuclear, y en último lugar el gas.
En lo que al carbón respecta, por razones económicas relacionadas con el Cumplimiento de la Directiva de Emisiones Industriales, 9 de las 15 centrales operativas cerrarán a finales de 2020, si ninguna nueva normativa lo impide. Se mantendrán abiertas solamente las centrales de As Pontes (Endesa), Carboneras (Endesa), Alcúdia (Endesa), Aboño (EDP), Soto de Ribera (EDP) y los Barrios (Viesgo), cuyo cierre dependerá de quién ocupe el Gobierno durante los próximos años (el actual Gobierno plantea su cierre en 2030).
Por lo que a la nuclear se refiere, según el reciente pacto alcanzado entre el Gobierno y las eléctricas, los cierres se producirán de forma escalonada: Almaraz I (2027) y II (2028), Ascó I (2029), Ascó II (2030), Cofrentes (2033), Vandellós II (2034) y Trillo (2035). También es previsible que se vayan cerrando las centrales de fuel que quedan en los sistemas extrapeninsulares, a medida que la demanda se vaya sustituyendo por energías renovables.
Por último, para las centrales de gas, el PNIEC apenas establece el cierre de una, pasando la potencia total de 27.531 a 27.146 MW.
Por tanto, nos situamos en un escenario en el que el 26% de la energía eléctrica sería generada con gas y nucleares y el 74% restante con renovables, principalmente energía fotovoltaica y eólica, que ya son la forma más barata de generar electricidad. Pero una vez dicho esto, la cuestión no es sólo el habitual debate sobre si el Plan permite alcanzar el triple objetivo de la energía barata, segura y limpia, sino que también es preciso abordar el problema desde la óptica del consumo.
¿Quién consumirá ese 26% de energía contaminante en 2030?
En España, como en casi todos los países desarrollados, existe un sistema de garantías de origen, gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, mediante el que se acredita que cierta cantidad de energía renovable se ha vertido a la red. Si bien el electrón que físicamente se consume será el que las leyes de la física determinen, las garantías de origen permiten de forma virtual equiparar generación renovable y consumo. Utilizando el símil del agua, aunque todos los consumidores se nutran del mismo depósito general en el que se mezcla el agua de diferentes tuberías, las garantías de origen aseguran que se ha vertido en ese depósito general una cuantía equivalente al agua saliente como consecuencia del consumo de esa persona.
El sistema de garantías de origen tiene poca utilidad si dichas garantías son un recurso abundante y casi gratuito, como sucedía hace algunos años en España, ya que existía más generación renovable que consumidores exigiendo consumir 100% renovable y muchos productores ni tan solo expedían sus garantías. Un consumidor renovable no generaba “adicionalidad” alguna, sino que las garantías de origen que se le atribuían correspondían a plantas ya existentes.
No obstante, esta situación está cambiando rápidamente. Las garantías de origen han multiplicado su precio de apenas 5 cts EUR/MWh a unos 60 cts EUR/MWh actualmente (lejos aún de los 1,5 EUR/MWh de otros países europeos), ya que en España no se ha instalado apenas nueva potencia renovable entre 2013 y 2018 y cada vez son más los consumidores de todo tipo que exigen a su comercializadora que les garantice que se inyecta a la red tanta energía renovable como la que consumen.
Primero, los poderes públicos están introduciendo cada vez más en sus contratos de suministro eléctrico cláusulas que exigen un suministro 100% renovable: más de 700 municipios, Renfe, la Comunidad Autónoma Balear o TV3, son sólo algunos ejemplos de esta creciente ola. Segundo, las grandes empresas europeas, unidas en la alianza RE-100, se han comprometido a cubrir el 100% de su consumo eléctrico mundial con energías renovables, preferiblemente a través de instalaciones de nueva construcción. Y tercero, y no menos importante, cada vez más consumidores domésticos y PYMES eligen contratar un suministro eléctrico 100% renovable: baste como prueba el crecimiento de las comercializadoras 100% renovables, destacando Fenie Energía con 400.000 clientes, Holaluz con 200.000 o Som Energía con casi 100.000. Incluso las eléctricas incumbentes están creando tarifas especiales con energía 100% renovable para contener la pérdida de clientes.
Si sigue esta tendencia, el reto vendrá cuando el número de consumidores que quieran energía 100% renovable supere la energía renovable disponible. Dentro de no mucho, habrá empresas que ya no se podrán permitir, comercialmente, no ser 100% renovables y las comercializadoras tendrán que adquirir garantías de origen, aunque incrementen sus costes de suministro, para cumplir el compromiso con sus clientes de suministrarles energía 100% renovable.
En tal caso, ¿cómo se determinará a quién se le atribuye el 74% de cuota eléctrica renovable a la que se quiere llegar en 2030 y a quién el 26% restante de energía fósil? Si la normativa actual no cambia, me temo que ese 26% de energía contaminante va a ser consumida por aquellos consumidores acogidos a tarifas reguladas, los cuales se asegurarán un precio reglado por su energía eléctrica (PVPC o bono social) pero a cambio no podrán beneficiarse de las garantías de origen. Las grandes eléctricas, por su parte, irán desplazando el mix renovable hacia sus comercializadoras de mercado libre y la energía sin certificados será la atribuida a sus clientes de mercado regulado.
Si además tenemos en cuenta que, por normativa europea, se tendrá que poner fin, antes o después, al absurdo de que existan tarifas reguladas para consumidores no vulnerables (PVPC), nos encontramos con que la energía contaminante acabará atribuyéndose virtualmente a aquellas personas beneficiarias del bono social. Es decir, a las que sufren o corren el riesgo de sufrir pobreza energética, en lo que podríamos bautizar como el principio de que “quien no paga, contamina”, por oposición al tradicional “quien contamina, paga”.
Teniendo en cuenta los planes y objetivos de cambio del mix energético previstos por España y a la tendencia de los consumidores a consumir cada vez más energía renovable, es preciso que el regulador se plantee implantar cambios normativos para romper el vínculo entre pobreza energética y energía contaminante, convirtiendo el bono social en una ayuda estatal a los consumidores vulnerables, sin necesidad de que éstos sean clientes de una determinada comercializadora u obligando a las comercializadoras de referencia introducir un determinado porcentaje de energía renovable en su mix. En definitiva, se trata de que el bono eléctrico, además de social, pueda ser renovable.
