Defensoras de derechos, ya no callamos ante amenazas
Diez días de amenazas por hablar de una mentira más de las versiones oficiales sobre la Frontera Sur. Acoso y derribo por decir que un funcionario de un estado democrático no podía recibir a patadas a personas migrantes que huyen mientras pasan al lado de una inoperativa oficina de asilo. Este es un ejemplo más de la situación de excepción de derechos gravísima que se vive en las fronteras españolas.
Imaginad si una persona que ha tenido el privilegio de nacer a este lado de la frontera, con capacidad por lo tanto de denunciar dicha violencia, puede ser acosada durante diez largos días, cuál es la situación de las personas invisibilizadas que transitan por estos espacios. Cómo el dolor de la violencia de las políticas de control y negocio tienen impacto en sus cuerpos y en sus vidas.
¿Cómo hemos llegado a la situación de tener miedo a gritar que no se pueden vulnerar Derechos fundamentales bajo la consigna del control del territorio? ¿Cómo hemos llegado a una situación en la que desde las redes sociales haya quienes piden ametrallar a las personas y electrificar las vallas de Ceuta y Melilla por las que transitan? ¿Cómo hemos llegado a permitir que uno los mayores sindicatos de la policía pueda participar en una cadena de ‘tuits’ que incita a la violencia contra personas migrantes, españoles racializados y mujeres?
Los estándares de protección de Derechos Humanos están bajando de forma preocupante en el Estado español, mientras que el racismo y la intolerancia crecen alimentados por las propias políticas del sistema. Es por ello que la criminalización de quienes apostamos por otra construcción social es algo que se viene maquinado desde las instituciones.
Lo hemos visto en otros países, pero también aquí, donde desde el ministro Zoido hasta sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil vinculan la migración con criminalidad y la defensa de Derechos en zonas de frontera se equipara al tráfico de seres humanos. No es sólo la pistola y la bala con la que realizan las amenazas lo que genera miedo. Hay algo peor. Es la impunidad ante la violencia que permite ver morir a 15 personas en una playa de Ceuta y que todo un Estado proteja a los responsables.
Quiero dar las gracias a toda la gente que ha participado en la ola de solidaridad que las amenazas, incluidas las de muerte, han generado. Quiero creer que la sociedad española ha dado un paso al frente porque conciben su responsabilidad de exigir al Estado su compromiso con la democracia, incluso en las fronteras. Una ciudadanía comprometida que entienda que el control fronterizo es un negocio para empresas vinculadas con la venta de armamento. Una de ellas Indra, la misma que está siendo investigada por traficar con nuestra democracia.
Me quedo sobre todo con el cariño mostrado por muchas personas migrantes, luchadoras, y que han desarrollado estrategias para soportar la violencia de unas fronteras.
También me siento orgullosa porque el comunicado lanzado por la organización Ca-minando Fronteras, en la que milito, sigue teniendo adhesiones y ya ha superado más de ciento veinte. Entre ellas muchas organizaciones, de distintos territorios del Estado español, pero otras de distintas zonas de frontera del mundo, donde los patrones de represión se repiten.
Sobre todo me ha sorprendido cómo, a través de esas muestras de solidaridad, las organizaciones y las personas que militan en ellas, revivían durante toda la jornada sus propias experiencias de represión, y que forman parte del cotidiano de sus vidas y su activismo. Se puede decir que hoy muchas personas hemos salido del armario para denunciar a unas instituciones que nos señalan, persiguen y criminalizan.
