Derecho a la ciudad y acceso a la energía
Estamos a las puertas de otro frío invierno y la pobreza energética sigue sin solucionarse. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad aprobada en la cumbre de Hábitat III, que busca recoger los compromisos y medidas para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades, incluye el acceso a la energía y suministros entre los derechos a proteger. La Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, con reconocida trayectoria en la lucha contra el cambio climático y participación en los foros internacionales, conoce bien las exigencias de la agenda urbana y la Carta por el derecho a la ciudad.
En las últimas semanas se han impulsado reformas en materia de autoconsumo y la eliminación del impuesto al sol, que son avances claros para poner fin al despropósito de la política energética del PP contra las renovables y la soberanía energética. Pero más allá de enmiendas al Gobierno de Mariano Rajoy, necesitamos dar un giro de 180 grados a la regulación impulsada durante décadas por el bipartidismo. El marco regulatorio eléctrico aprobado por el PP y PSOE ha permitido especular con un bien común como la energía, provocando un incremento de precios insaciable para el consumidor, un 36% desde 2014 por ejemplo, siendo el mercado más caro de Europa y con un diferencial de precios mayor entre pequeño y gran consumidor. Es decir, penalizando el acceso a la energía doméstica.
En España, 6.8 millones de personas, el 15% de la población, tiene dificultades para acceder al agua, luz o gas. Sabemos que las reformas estructurales no se hacen en dos meses, pero es urgente e imperdonable que la lucha contra la pobreza energética se aplace 6 meses cuando estamos a las puertas de un nuevo invierno.
Mientras el margen de beneficios de las empresas del oligopolio no para de crecer – en 2017 las 5 grandes superaron los 5.600 millones de Euros de beneficios mientras el precio subió un 10,8%- nos dicen que no hay recursos para la transición y, nos presentan una tímida reforma del bono social del PP, que a día de hoy se ha mostrado totalmente insuficiente y excluyente, dejando desprotegidos los hogares más vulnerables de este país. Debemos poner fin al expolio eléctrico, como la sobrerretribución y los beneficios caídos del cielo por un mercado hecho a medida de las empresas, con mayor corresponsabilidad de todo el sector energético y fiscalidad ambiental, donde hay mucho camino a recorrer. Pero es urgente proteger ya a miles de hogares, cuando sabemos que la pobreza energética afecta a la salud y pone en riesgo a muchas personas vulnerables. No hay más tiempo.
Ahora somos las ciudades las que estamos remando contra corriente para defender los derechos energéticos, pero urgen medidas estructurales que luchen contra esta lacra y un sistema de tarifas sociales que permitan el acceso universal a este bien esencial. En los 3 últimos tres años nos hemos encontrado con unas administraciones públicas estatales y autonómicas que han mirado hacia otro lado para evitar la exigencia de responsabilidad al oligopolio.
Barcelona en el 2017 fue la primera ciudad del Estado en lanzar una campaña de comunicación con el lema: “¿Cuáles son tus derechos energéticos? ¡Defiéndelos!”. Detrás de esa campaña se ponía en marcha un servicio, pionero en toda Europa, de 11 puntos de asesoramiento energético que hasta el día de hoy ha atendido a casi 50.000 personas y ha parado más de 10.000 cortes de suministros de vecinos y vecinas de la ciudad, aportando un ahorro de más de 100.000 euros de los sobrecostes que las empresas suministradoras cargan en sus recibos domésticos.
Además, hemos puesto herramientas para hacer cumplir Ley 24/2015, que prohíbe hacer cortes de suministros en hogares con vulnerabilidad energética, imponiendo sanciones a las empresas que vulneran el principio de precaución y garantía de suministro. Es un servicio que ha demostrado la importancia de que las administraciones públicas plantemos cara y acompañemos a nuestras vecinas en la defensa de sus derechos. Pero necesitamos leyes y financiación que remen a favor.
Este viernes finaliza en Barcelona el Segundo Congreso Catalán de Pobreza Energética. Nos ha hecho ilusión que nuestra ciudad continúe siendo un espacio de reflexión, intercambio, acción y llamada a la corresponsabilidad. Necesitamos que el Derecho a la Ciudad sea efectivo con políticas de cambio legislativo y fiscal y que de manera inmediata tanto la Generalitat con la ley catalana, como el Gobierno de España, impulsen acciones para garantizar el acceso a la energía a miles de hogares.
El bono social del PP no se maquilla como ha planteado tímidamente la Ministra. Debemos extender el principio de precaución, poner fin al endeudamiento que ahogan miles de hogares empobrecidos, que se construya una tarifa justa según la rentas de las familias y que se acaben con los sobrecostes ilegítimos en las facturas del agua, de la luz y el gas. Al fin y al cabo, lo que necesitamos las ciudades y sus vecinos es que se pongan a nuestro lado, enfrente de aquellos privilegios del oligopolio que durante tanto tiempo han dictado las políticas energéticas en nuestro país.
