Mientras Pere Aragonès y Pedro Sánchez se hacen una foto auspiciada por Foment del Treball y la Vanguardia, la factura de la luz vuelve a subir. Después del último episodio en plena ola de frío – el pasado enero de temperaturas mínimas la luz se encarecía un 28% - ha entrado en vigor la nueva manera de calcular la factura. ¿Resultado? Será todavía más cara.
Y como con los indultos, que responden a la idea de que hace falta diálogo por las dos partes y van a acabar con la unilateralidad, aquí las explicaciones oficiales sobre la factura de la luz: se modifica el precio por la descongestión de las líneas y para favorecer el uso de horarios alternativos. La saturación de uso de las líneas se explica haciendo una comparativa con los atascos en carretera en las horas puntas y la necesidad de poder escalonar los viajes – ¡como si la gente pudiera elegir a qué hora salir de trabajar y coger el coche! -, y así se evita tener que hacer obras en las líneas.
Conclusión, que la ciudadanía vuelve a asumir los costes, a pesar que Endesa haya ganado beneficios por valor de más de 1.300 millones de euros ¡en el 2020! Y a pesar de que organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia han sido fruto de la voluntad de generar control externo de los mercados energéticos y de los precios, la retahíla de nombres, empresas y cargos del mercado energético forman la máxima expresión del oligopolio y las puertas giratorias. Solo en el caso de ENDESA los nombres que han formado parte del Consejo de Administración ilustran la ecuación: Luis de Guindos (PP); Elena Salgado (PSOE); José María Aznar (PP); Manuel Pizarro (PP); Pío Cabanillas Alonso (PP); Rodolfo Martín Villa (PP); David Madí Cenizo (CDC); Miquel Roca (CDC).
Son los salones del poder, los mismos que han aplaudido la foto de Sánchez con Aragonès y las declaraciones de Junqueras. Los mismos que en 2017 se pusieron del lado de los más fuertes. Y no os imaginéis un entramado conspiranoico. Es una telaraña de cargos, poder, beneficios y voluntades encontradas para mantener las cosas como están. Desde las territoriales hasta la distribución de la riqueza. De hecho, ENDESA se privatiza en los 80, a manos del gobierno de Felipe González y con el mantra de la eficiencia del sector privado. Él acaba siendo consejero de Gas Natural hasta 2015, y la energía pasa a ser un bien de mercado que no controla ni el flamante Ministro de Consumo del Gobierno más progresista de la historia.
En plena crisis climática recuperar la propiedad pública de la energía es fundamental, por salud democrática. Y en plena crisis territorial, una política democrática tiene que traducirse en un referéndum de autodeterminación.
El estándar democrático depende de la distribución o la acumulación de poder, así como de la capacidad de colectivizar las decisiones. Sacarlas de los despachos y los palacios. Que hable la gente. De energía, de soberanía nacional, de monarquía.
Y para eso hará falta forzar al gobierno español con agenda propia, desbordarlo para que ceda a desenmarañar los privilegios de tantos.
Hay otra manera de vivir, y debe ser el motor de la construcción de un país para su gente.