Una esperanza de cambio: las elecciones del 26 de mayo

La situación en Europa

Los resultados electorales europeos de la última década generan un fuerte desasosiego: el escenario político está desplazándose a la extrema derecha, en parte gracias a la capitalización del voto de protesta contra el malestar laboral y económico de buena parte de la población de Europa. Países como Hungría, Polonia o Italia han dado un giro autoritario, que está teniendo graves consecuencias sobre derechos fundamentales como el asilo y refugio, pero también podría tenerlas en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, el resultado electoral del pasado 28A en España ha sido acogido con esperanza por quienes se mantienen fieles a los principios originarios que constituyeron la Unión Europea: los principios de solidaridad, de la Europa de los derechos, o la protección del medio ambiente, por citar solo algunos ejemplos.

Pero el auge de la extrema derecha en Europa no se ciñe sólo a que estén ganando espacio en las Instituciones: también están ganando la batalla del discurso, condicionando con ello la política de las instituciones europeas que aún gobiernan los partidos mayoritarios tradicionales. Presionados por los resultados de las encuestas, estos grupos políticos han asumido el discurso de la extrema derecha de que debemos proteger nuestras fronteras frente a las personas migrantes. Lo comprobamos cada día, con la crisis de fronteras y de derechos que vivimos en Europa, pero también con ejemplos como el del último Pleno del Parlamento Europeo, en el que se aprobó que la UE cuente con 10.000 agentes, que eviten que las personas migrantes lleguen a Europa. El discurso europeísta de hoy habla de seguridad y control fronterizo, y las voces contrarias a cerrar las fronteras a las personas migrantes, son consideradas el nuevo enemigo de Europa.

Todo ello a pesar de que las personas migrantes que tratan de alcanzar nuestras fronteras, vienen huyendo de las guerras y de la pobreza, de las que la UE tiene una gran responsabilidad, como consecuencia de sus políticas de exportación de armas, saqueo de recursos naturales, desposesión de riquezas por parte de las multinacionales, o la firma de acuerdos de libre comercio.

Además del avance del discurso de la extrema derecha, otro reto para la UE es la protección del Medio Ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Cierto es que la UE ha sido artífice, desde los años 70, de la aprobación de un gran número de normas destinadas a proteger los hábitats naturales, a mantener el aire y el agua limpios, o a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, la Política Agraria Común (PAC) se sigue llevando casi el 40% del presupuesto de la UE, pese a que el 70% de las tierras agrícolas de Europa no se destinan a alimentación humana sino de ganado, que se cría mayoritariamente en macrogranjas que contaminan el aire, el suelo, las aguas, y emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Estos recursos podrían destinarse a desarrollar la agricultura ecológica y sostenible, a implementar tecnologías y generar empleo verde.

La comunidad científica nos ha advertido de que tenemos una década para evitar una catástrofe climática. La UE debe liderar una respuesta global al cambio climático, con objetivos mucho más ambiciosos de reducción de emisiones a la atmósfera, para hacer frente al reto más importante de este siglo.

La situación en España

1. Las Comunidades Autónomas

Las políticas neoliberales de la UE, causantes de la crisis, han generado una enorme brecha social: con el beneplácito de los Estados miembros, las políticas de las instituciones europeas han reforzado una hoja de ruta de austeridad y planes de ajuste estructural cada vez más agresivos, que han favorecido la desigualdad social. Asimismo, las grandes empresas mantienen un enorme poder ante la ausencia de políticas que limiten su actuación y les exijan un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos. Tampoco hay en nuestro país una política fiscal verdaderamente redistributiva, ni verde, que cumpla con el principio de derecho internacional de que quien contamina paga.

El informe Foessa, afirma que en España cuatro millones de personas viven en situación de exclusión social, y el informe sobre pobreza de Intermón Oxfam de 2018, señala que en España una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza durante la crisis, y no ha salido pese a la recuperación.

En España, son las Comunidades Autónomas las que gestionan los servicios públicos, que garantizan el disfrute de los derechos sociales y económicos, y constituyen una herramienta fundamental para atajar las desigualdades sociales. Servicios públicos tan esenciales como la Sanidad y la Educación, cuya financiación ya era de las más bajas de Europa, sufrieron recortes drásticos durante los peores años de la crisis, y esa descapitalización no se ha recuperado todavía en la mayoría de Comunidades Autónomas. Aumentar el gasto social para homologarnos a otras democracias europeas, requerirá un gran esfuerzo por parte de nuestros gobernantes para desafiar las políticas de austeridad y control del déficit, que tanto dolor han causado en los países del sur de Europa.

Hacen falta gobernantes autonómicos que hagan uso de competencias fundamentales, como garantizar el derecho a la vivienda, a la vez que regulan los usos del suelo con Leyes que protejan nuestro maltrecho territorio, frente al modelo desarrollista del ladrillo que ha caracterizado a nuestro país durante las últimas décadas.

La situación de emergencia climática y social debe ser una prioridad para nuestros gobernantes: hay ya territorios que se están tornando inhabitables como consecuencia del cambio climático generado por nuestros patrones de producción y consumo. Pero esta grave crisis constituye también una oportunidad para apostar por la economía verde y redistribuir la riqueza en nuestro país. La transición energética es la ocasión de crear un nuevo modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas. Un nuevo modelo productivo que apueste por sectores con alto valor añadido, y se centre en los derechos y las necesidades de la ciudadanía, como el sector de las energías renovables, o el de los cuidados.

2. Nuestras ciudades

Los municipios son espacios privilegiados para impulsar políticas que favorezcan el cambio social. Pero muchos aspectos cotidianos de nuestra vida, como la calidad del aire, la movilidad o incluso los alimentos que comemos, se ven afectados por decisiones que se toman en lugares lejanos como las instituciones europeas, lo que dificulta la participación ciudadana y la calidad democrática.

La política municipal en España, tradicionalmente vinculada a la especulación urbanística, ha tenido consecuencias devastadoras: mega proyectos urbanísticos, construcción de infraestructuras innecesarias, dieron lugar a la conocida expresión “tsunami de cemento”, con la que se ha denominado en muchas ocasiones la política de los ayuntamientos.

A pocos días de las elecciones municipales y autonómicas, importa recordar que la crisis ecológica que vivimos y los retos a los que nos enfrentamos -como el cambio climático- necesariamente deben estar en la agenda de cualquier opción que pretenda gestionar el espacio municipal. Cualquier intento de cambio está abocado al fracaso si no incluye un catálogo de políticas marcadamente ecologistas.

Frente a una manera de hacer política en las ciudades salpicada por el derroche, el endeudamiento, y los miles de casos de corrupción, existe otra forma de hacer política municipal, que tenga como objetivo prioritario atender los intereses de las personas y las necesidades del planeta: una política que puede denominarse municipalismo verde.

Los ecosistemas urbanos son los lugares propicios para favorecer la transición ecológica, social y participativa de la economía. Constituyen el espacio físico y virtual donde otras formas de progreso y convivencia son posibles. Por ello, necesitamos ciudades con un modelo de urbanismo social que priorice la integración medioambiental, en el que la edificación y la rehabilitación de edificios sea sostenible y con criterios de eficiencia energética.

Necesitamos ciudades que faciliten la movilidad sostenible, para lo que resulta imprescindible a mejora del transporte público, el fomento del uso de la bicicleta y el bienestar de los peatones.

Queremos ciudades que desarrollen políticas públicas para la reducción del consumo de carne y otros productos agroindustriales, que se declaren libres de macrogranjas, y que apuesten por incrementar el consumo de alimentos de origen vegetal, ecológicos, locales y de temporada.

Hacen falta políticas públicas que desincentiven el uso de plásticos y utensilios de un solo uso, y que apuesten de forma decidida por la reducción de los patrones de consumo vigentes para cambiarlos por otros más sostenibles, mediante campañas de información pública y de promoción de un modelo de ocio alternativo.

Ciudades que garanticen el acceso a los recursos básicos para todas las personas, así como el reparto del trabajo para alcanzar objetivos de pleno empleo. Además, resulta inaplazable apostar por la producción de energías renovables.

Es decir, hay que cambiar nuestro modelo de alimentación por otro más sostenible y saludable, nuestro modelo de transporte por otro que tienda a las emisiones cero, y apostar por una energía de origen 100% renovable. En definitiva, son imprescindibles políticas municipales que reduzcan nuestro impacto negativo sobre el planeta, y conviertan nuestras ciudades en lugares más saludables.

La Europa del cambio y las ciudades del cambio van de la mano, porque tienen objetivos comunes. Hay ejemplos pioneros de algunos Ayuntamientos del cambio, que ya están liderando ciudades europeas para construir una Europa acogedora y transformadora que no deje a nadie atrás.

Desde Greenpeace apostamos por proyectos políticos que ilusionen y recuperen la esperanza de ir más allá de lo posible: que recuperen el espíritu del 15M, de la huelga feminista del 8M, de las Mareas en defensa de los servicios públicos, y de la justicia climática. Que recuperen la ilusión de que es posible vivir en un mundo en el que la protección del medio ambiente, la plena igualdad material, y la radicalidad democrática constituyan el eje político de nuestras instituciones.