Los expertos no tienen dudas: ha llegado el momento de reducir las emisiones causantes del cambio climático

El mensaje del Informe sobre Mitigación del Cambio Climático recientemente publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) es claro: de 2010 a 2019 hemos experimentado el mayor aumento de gases de efecto invernadero (GEI) de la historia de la humanidad. En 2019, las emisiones GEI fueron un 12% más altas que en 2010 y un 54% mayores que en 1990. Esto se antoja como el camino inverso al que deberíamos seguir para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, como se acordó en los Acuerdos de París en 2015. 

Esta es una de las principales conclusiones a las que hemos llegado los casi 280 autores de este informe, repartidos entre 65 países, tras revisar más de 18.000 publicaciones académicas y científicas relacionadas con la mitigación del cambio climático. Este informe del IPCC refuerza la urgencia de los anteriores: la emergencia climática es cada vez más acuciante y, de no actuar a gran escala y con la determinación necesaria, las consecuencias del calentamiento global serán catastróficas.

El desafío es enorme y el tiempo para enfrentarlo, cada vez más escaso. Para limitar el calentamiento global a menos de 1,5 °C, las emisiones netas globales de GEI deberían alcanzar su punto máximo antes de 2025, reducirse aproximadamente a la mitad en 2030 respecto a 2019 y ser cero en términos netos para mitad de siglo. Sin embargo, por el momento todos los GEI continúan aumentando en la totalidad de los sectores de actividad, aunque a distintas tasas de crecimiento. Así, por ejemplo, la tasa de crecimiento de emisiones en el suministro de energía y la industria durante 2010-2019 se redujo a más de la mitad. En las zonas urbanas, en cambio, las emisiones aumentaron aproximadamente un 5-10% entre 2015 y 2020, y en el sector transporte el ritmo de crecimiento de emisiones se mantuvo casi constante, en un 2% anual. Por lo tanto, cumplir con el objetivo de temperatura a largo plazo fijado en el Acuerdo de París implica un drástico y rápido giro hacia una disminución acelerada de las emisiones de GEI hacia “cero emisiones netas”.

El reciente informe del IPCC supone también una primera evaluación del Acuerdo de París. Esto es relevante porque implica un cambio radical respecto al Protocolo de Kioto, el anterior acuerdo internacional para mitigar el cambio climático. Con el actual, los países anuncian sus “Contribuciones Determinadas Nacionalmente”; en otras palabras, cuánto van a reducir sus emisiones. Estas “contribuciones” no son jurídicamente vinculantes y el organismo creado por Naciones Unidas se limita a tomar nota de ellas, revisando posteriormente el grado de cumplimiento. La conclusión del informe del IPCC es la siguiente: el acuerdo ha supuesto una dinamización de la política de cambio climático pero las contribuciones anunciadas por los países para 2030 suponen aproximadamente un tercio del esfuerzo de reducción de emisiones necesario para llegar a una senda compatible con un calentamiento global inferior a 1,5 °C. Es más, aproximadamente la mitad de las contribuciones anunciadas están sujetas a condiciones, es decir, están supeditadas a transferencias financieras y tecnológicas de los países desarrollados que, a día de hoy, no están garantizadas. 

Lo paradójico es que se sabe qué hacer y cómo frenar el aumento de la temperatura global. De hecho, hay cada vez más evidencia de acción climática. Algunos países han logrado disminuir sus emisiones de manera constante durante varios años. Cada vez más países, ciudades y coaliciones empresariales se suman al compromiso de lograr cero emisiones netas en 2050 y se ha adoptado una amplia gama de políticas y leyes que han mejorado la eficiencia energética, reducido las tasas de deforestación y acelerado el despliegue de la energía renovable. Los costes unitarios de varias tecnologías de bajas emisiones han disminuido marcadamente desde 2010, algo que ha sido posible gracias a una combinación de políticas de innovación de ‘empuje tecnológico’, como la financiación de I+D y demostración, y políticas específicas de creación de marcado o demanda, como los estándares, las tarifas, por ejemplo. Estas y otras políticas de innovación y descarbonización han facilitado la difusión y adopción mundial de dichas tecnologías, de manera que se puede asegurar que hay opciones disponibles en todos los sectores que permitirían reducir al menos a la mitad las emisiones para 2030. Es más, los notables avances tecnológicos de la última década nos han proporcionado información sobre cómo diseñar políticas para acelerar la innovación, reducir emisiones y facilitar transiciones energéticas justas y también abren oportunidades de crecimiento sostenible que ofrecen múltiples objetivos sociales y de desarrollo. 

Sin embargo, a día de hoy las cifras no encajan. Se sigue invirtiendo lo mismo en infraestructuras de combustibles fósiles que en energías renovables y, sobre todo, nuestras emisiones de GEI siguen creciendo. A menos que haya reducciones inmediatas y profundas de emisiones de GEI en todos los sectores y países, la contención del calentamiento global a 1,5 °C no está a nuestro alcance. 

Laura Díaz Anadón es profesora de Política de Cambio Climático en la Universidad de Cambridge y autora principal IPCC. 

Esther Badiola es economista senior, especialista en clima del Banco Europeo de Inversiones y editora revisora del IPCC.

Alejandro Caparrós es catedrático de Economía de la Energía de la Universidad de Durham y autor principal del capítulo sobre cooperación internacional del AR6-WGIII.