Los casos de Fiat y Starbucks demuestran la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad europea
Hace unos días fueron noticia las sentencias que el Tribunal General de la UE, dictaminó en los casos de Fiat y Starbucks. En estas sentencias se dirimió si los acuerdos fiscales privilegiados que habían pactado con algunos países de la UE eran legales o no. El Tribunal debía confirmar las investigaciones de la Comisión Europea, que concluyeron que en ambos casos las empresas se habían beneficiado de ayudas de Estado ilegales que vulneran las normas de competencia. La sentencia confirmó que Fiat tiene que pagar 30 millones de euros a Luxemburgo, mientras que la decisión de la Comisión sobre Starbucks fue anulada. Estas sentencias representan un hito importante en el camino hacia la justicia fiscal e indican los próximos pasos en la lucha contra la evasión fiscal a nivel de la UE. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que, en ambos casos, la Comisión tenía derecho a investigar la transferencia de beneficios en virtud de garante de las normas en materia de competencia. Se trata de una victoria importante para la justicia fiscal y la Comisión debería reaccionar en consecuencia ante esta decisión, asumiendo que, para garantizar una competencia justa entre empresas, debe introducir de forma sistemática el monitoreo de los acuerdos fiscales. En particular, la sentencia sobre Luxemburgo y Fiat ofrece a la Comisión la oportunidad de iniciar investigaciones sobre nuevos acuerdos fiscales privilegiados sobre todo en Luxemburgo, pero también en otros países. Lo hecho hasta ahora no es suficiente para restablecer la confianza en los sistemas fiscales europeos; por ello la nueva Comisión debe restablecer la confianza de la ciudadanía dando prioridad a la lucha continua contra los gigantes digitales. Esperemos que esta sea la primera prioridad de la Comisaria Vestager en su nueva función de Comisaria Digital.
Por otro lado, para los que trabajamos por la justicia fiscal, la sentencia sobre Starbucks, en la que el TJUE anuló la sentencia de la Comisión sobre ayudas estatales fiscales de Países Bajos, ha sido un golpe. El Tribunal confirmó que todos los beneficios de una filial de Starbucks se utilizaron para pagar cánones a otra filial de la misma empresa, lo que es un indicio claro de evasión fiscal. Sin embargo, el tribunal anuló la decisión de la Comisión porque no había demostrado que la norma fiscal ad hoc de la autoridad fiscal neerlandesa proporcionaba una ventaja selectiva a Starbucks. Sin ventaja selectiva, con las normas actuales, no se puede considerar que se trata de una ayuda estatal ilegal.
Todo ello demuestra básicamente dos cosas: primero, los límites legales que supone luchar contra la evasión fiscal de las multinacionales solo a través de las normas sobre ayudas estatales ilegales; y, segundo, la urgente necesidad de revisar las normas fiscales de la UE. Ahora tenemos claro que es imposible confiar solamente en las largas investigaciones de la Comisión y en las decisiones del Tribunal para conseguir justicia fiscal. Por eso, los diputados y diputadas Verdes del Parlamento Europeo, reiteramos nuestro llamamiento en favor de una reforma fiscal sólida en la UE. No podemos seguir permitiendo que las grandes multinacionales tengan un trato fiscal favorable. Esto impide a los Estados recibir los ingresos que les corresponden para financiar las políticas públicas, pero también es una desventaja injusta para las empresas que sí pagan lo que les corresponde. La nueva Comisión y los Estados miembros deben tomar medidas inmediatas para avanzar en la legislación fiscal, que está sobre la mesa gracias al trabajo de la Comisión y el Parlamento en la anterior legislatura. En particular, la Presidencia finlandesa de la UE tiene que presionar a los Estados miembros para que acuerden su posición común sobre la norma de información pública obligatoria desglosada por país. Esta es una importante medida de transparencia fiscal para las multinacionales, de modo que sepamos dónde declaran los beneficios y pagan impuestos, un expediente que, lamentablemente, ha estado bloqueado en el Consejo durante casi dos años. También tenemos una urgencia creciente en torno a la necesidad de poner fin a la toma de decisiones por unanimidad sobre cuestiones fiscales en el Consejo. Actualmente, los paraísos fiscales de la UE pueden bloquear las reformas fiscales necesarias, y así nunca podremos lograr la justicia fiscal. Otra cosa está clara: mientras las empresas puedan seguir escapando sin pagar lo que les corresponde, la injusticia social seguirá aumentando con la correspondiente falta de confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, tanto nacionales como el de la UE.
