Hay motivos para movilizarse

Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Es difícil hacer una síntesis más clara de las prioridades sindicales en este 1º de Mayo

Debemos contextualizar correctamente lo sucedido en el último año y medio para hacer un diagnóstico correcto y prescribir las medidas idóneas para el interés general de España. En opinión de CCOO, estas medidas pasan por no empobrecer a la clase trabajadora, luchar contra la desigualdad, promover el crecimiento del empleo y favorecer la transformación de nuestro modelo económico aprovechando las oportunidades que los fondos de recuperación europeos nos ofrecen. 

A pesar de que España ha conseguido reducir de forma importante la inflación tras la aplicación de la llamada “excepción ibérica” y sus efectos sobre la contención de precios energéticos, muchos de los productos básicos para los hogares siguen en niveles disparatados. A la vez, una buena parte de las personas trabajadoras de nuestro país sufren una importante merma de sus salarios reales, porque los sueldos suben de media bastante menos que la inflación. 

La inflación es una termita que erosiona el poder de compra de los salarios de una forma silenciosa pero constante. Por ello, corregir esta situación es la gran prioridad sindical para este año 2023. Baste este dato: la media de bases de cotización en el régimen general de la Seguridad Social ha sido en 2022 un 15,5% superior a la que había en enero de 2018. Un dato que en otro contexto económico hubiera sido una garantía de incremento del poder de compra de los salarios, en este momento queda muy limitado por el efecto de los precios, que recordemos que solo en 2022 aumentaron de media por encima del 8% y en tasa interanual el 5,7%.

Hay que entender las características de este proceso inflacionista. España, como otros países, sufre una inflación de costes provocada en un primer momento por los efectos de la reactivación económica tras la pandemia y sobre todo de la invasión rusa de Ucrania. Precios energéticos, de materias primas y de alimentos, que impactaron en todos los agentes económicos, incrementando costes de una forma intensa y rápida. Ante este desafío global, las empresas españolas reaccionaron imputando estos incrementos de costes a los precios al consumo. No de forma simétrica, claro. Son sobre todo los agentes económicos con mayor poder de mercado y con capacidad para determinar precios al resto de actores sociales (empresariales, consumidores, etc.), los que han provocado ese crecimiento de los precios. Y lo han hecho además para salvaguardar sus márgenes empresariales, como ponen de manifiesto los datos de la Agencia Tributaria, y como también apuntan instancias tan poco sospechosas como el Banco Central Europeo. En definitiva, se puede afirmar que el incremento de los costes se ha trasladado a las y los consumidores para salvar los beneficios empresariales. 

Ante este escenario, los sindicatos queremos cerrar el círculo de distribución de rentas a través de la negociación colectiva, tras una secuencia de acuerdos y éxitos importantes. Hoy en España, y en un contexto de alta inflación, más de 10 millones de pensionistas, más de dos millones de perceptores del salario mínimo, tres millones de empleadas y empleados públicos, y la parte más organizada de la clase trabajadora, han visto protegidos sus ingresos reales. Los datos de convenios registrados en 2022 nos dicen que 2.734.119 personas (el 30% de las que tenían su convenio renovado y vigente) han tenido incrementos salariales prácticamente del 5%.

Por su parte el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en un pacto de rentas hace algo más de un año. Aunque creemos que el Gobierno no supo liderar ese pacto, realmente la imposibilidad de avanzar por esa vía fue responsabilidad principalmente de las organizaciones empresariales. Durante la pandemia la distribución de los costes de la crisis se repartió de forma más equitativa que nunca y los resultados fueron los mejores en términos de empleo. En cambio tras la invasión de Ucrania se trataba de repartir el impacto del aumento de costes entre excedente empresarial, salarios y recursos públicos. Y CEOE se borró de la ecuación en un ejercicio de irresponsabilidad con su país que hoy queremos volver a denunciar. 

Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el Gobierno ha ido tomando medidas en su competencia que han amortiguado una parte del impacto de la inflación —en nuestra opinión, de forma insuficiente y a veces poco eficaz, como demuestra el escaso efecto de la bajada del IVA— se antoja como una prioridad un acuerdo salarial que permita recuperar el poder de compra de millones de hogares en España. No hacerlo así puede abocar —así lo vamos a intentar desde los sindicatos— a un escenario de creciente conflictividad laboral que trataremos que tome contundencia recurriendo a la movilización y la huelga. 

Asimismo, hemos solicitado al Gobierno que facilite un indicador público para conocer los beneficios de las empresas de cada uno de los convenios colectivos sectoriales que se negocian. En caso de no llegar a un acuerdo salarial de carácter general, instaremos al Gobierno a actuar desde la política fiscal para transferir el exceso de beneficios empresariales a la población más necesitada en este contexto de inflación. 

En opinión del sindicato, CEOE debiera hacer la lectura sobre el escenario que se puede abrir en un contexto de incertidumbre política en pleno ciclo electoral, con el despliegue de los recursos europeos y por tanto decisiones estratégicas de inversión privada y pública. ¿De verdad quiere afrontar una negociación colectiva con más de mil convenios a negociar con una clase trabajadora que tenga pérdidas de poder adquisitivo acumulado de más del 10%? Si este año no hay AENC, el instrumento se puede dar por enterrado. Ahora y en el futuro. Dar por amortizada la legislatura a la espera de un cambio de ciclo político y situarse en los márgenes de la negociación, esperando como un Don Tancredo que todo pase, no ha sido lo más acertado para sus intereses en pensiones o en el salario mínimo interprofesional.

En los próximos años España tiene por delante un reto decisivo, puesto que por primera vez puede afrontar un momento de transiciones acumuladas —digital y energética— en una posición no estrictamente periférica. Sería una irresponsabilidad afrontar ese escenario con un marco de diálogo social empantanado e impracticable por la avaricia de los peores proyectos empresariales, en un país donde se incrementen las desigualdades y se siga apostando por los bajos salarios como fórmula de competitividad y ganancia perversa de productividad. CEOE sabrá dónde quiere ir, si bien instamos una vez más a la organización empresarial a retomar una negociación posible para llegar a un acuerdo salarial que evite ese escenario.

Hay que tener presente que una parte muy sustancial del país sufre el rigor de los precios, la falta de empleo, el encarecimiento de las hipotecas, la imposibilidad de hacer frente al coste de un alquiler. Esa España que ve reducido su nivel de vida en los últimos tiempos tiene motivos para movilizarse. Por los salarios. Por la contención de los precios. Por la distribución de los beneficios empresariales. Os esperamos este 1º de Mayo en más de 70 manifestaciones por toda España.