Lecciones del caso máster

Hoy, 21 de marzo, es el último Pleno de la X Legislatura de la Asamblea de Madrid. Hoy, la fortuna ha querido también que sea precisamente el aniversario del acontecimiento más importante por el cual se recordará este periodo legislativo. Ningún madrileño recordará con facilidad –les invito a hacer la prueba– una sola medida relevante que haya llevado a cabo el Partido Popular en los últimos cuatro años en la Comunidad de Madrid. Pero todos recordaremos, y quedará para la historia, que el 21 de marzo se publicó en eldiario.es una pieza informativa que 36 días después obligó a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a presentar su dimisión y a salir por la puerta de atrás, después de quedar en evidencia que había obtenido un título universitario de forma fraudulenta.

La información revelada al respecto de sus notas falsificadas, a la que siguió la demostración de que nunca había llevado a cabo su Trabajo de Fin de Máster, ni su presentación ante un tribunal, causó un terremoto político e institucional que aún hoy ha dejado frentes abiertos y que permite sacar algunas lecciones valiosas. En primer lugar, porque el caso máster demostró algo que nunca habíamos visto en España con tanta claridad: que estamos ante un caso de genuina corrupción universitaria ligada al poder político. Quizás no había bolsas de dinero negro traídas de Colombia, pero sí cargos públicos que por el hecho de tener el carnet de un determinado partido político en el bolsillo obtenían algo tan preciado como un título universitario sin hacer ningún mérito para ellos. Puede que este tipo de corrupción tenga menos impacto material directo en los bolsillos de los madrileños (aunque también podríamos hablar de cómo el Instituto Público de Derecho de Álvarez Conde desviaba miles de euros directamente a los hijos de su director). Pero se trata de un tipo de corrupción que daña especialmente nuestra dignidad como sociedad. Ello porque vivimos en una comunidad la que miles de familias hacen esfuerzos sobrehumanos para costear unas tasas abusivas tan solo para dar una oportunidad a sus jóvenes, en un momento en el que además la precariedad es la norma y los estudiantes se ven obligados a compaginar trabajo y estudio haciendo auténticos malabares. Es un tipo de corrupción que daña también el prestigio de uno de nuestros más preciados bienes, las universidades públicas. Y es un tipo de corrupción que devalúa el título legítimo de cientos de miles de egresados en la Universidad Rey Juan Carlos y la carrera investigadora y docente de tantos y tantos profesores e investigadores honrados.

Pero además, el caso máster puso a prueba nuestras instituciones y reveló la cara más obscena del poder. Cristina Cifuentes nos mostró, como si de la protagonista de House Of Cards se tratara, hasta qué punto se puede malversar el cargo más importante de representación de los madrileños, que es la presidencia del gobierno. Durante las semanas en las que intentó sobrevivir al escándalo, pudimos ver, atónitos, cómo se enredaba en una red de mentiras que caían una detrás de otra para ser sustituidas por una nueva mentira. Vimos con estupor a un Consejero de Educación, Rafael Van Grieken, más preocupado de salvar el lio personal de la alumna Cifuentes que de proteger a las universidades madrileñas. Y tal y como se demostró posteriormente, conocimos la operación llevada a cabo por el gobierno de la Comunidad de Madrid para obtener nada más y nada menos que un acta falsificada mediante presiones sobre profesoras, presiones que además fueron ejercidas por cargos gubernamentales. Para el recuerdo quedará la frase pronunciada por la asesora Maite Feito “o me dais el acta o la Presidenta os arranca la cabeza”. Ella, junto a Cifuentes, se enfrentarán ahora a la justicia como autoras de un presunto delito de falsedad de documento público.

Serán de los pocos que asumirán su responsabilidad de toda esa larga lista que conforma la extensa trama en torno al Instituto de Álvarez Conde, ya que otra de las tristes lecciones del caso máster es haber comprobado los límites de nuestro sistema judicial. La ignominiosa sentencia sobre las hipotecas y la decisión de no investigar a Pablo Casado a pesar de reconocer que sí pudo haber trato de favor, han abierto una nueva grieta irreparable en la credibilidad del Tribunal Supremo. Si Pablo Casado no hubiera sido aforado, ahora mismo estaría imputado, tal y como solicitó la jueza Rodríguez-Medel, y como consecuencia de ello, lo estarían también todo el resto de implicados para los que no se tuvo más remedio que decretar impunidad general, para así mantener el inviolable principio de igualdad ante la ley, dado el criterio fijado por el Tribunal Supremo. Nunca pagarán su responsabilidad. Y quienes quedarán sin justicia serán de nuevo los estudiantes, los profesores y las universidades públicas.

Esa impunidad general, no obstante, contrasta con la imputación que aún hoy mantienen Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, para los cuales Cifuentes pide hasta 5 años de prisión. Y aquí tenemos una nueva lección: que el periodismo valiente sigue siendo un deporte de riesgo en nuestro país y que quien busca la verdad se enfrenta a las represalias de quienes ostentan el poder.

El caso master, demuestra en definitiva las virtudes y los límites de nuestras instituciones democráticas. Demuestra que el trabajo de los periodistas, las protestas estudiantiles, la presión que ejercimos desde la oposición (que obligó a Ciudadanos a renunciar a su intención de indultar a Cristina Cifuentes más de 25 días después del estallido del caso máster), fue absolutamente determinante para que se produjera la dimisión de Cifuentes. Pero la otra cara de la moneda, es que un año después, la mayoría de los responsables han escapado de la justicia, conservan todos y cada uno de ellos sus títulos fraudulentos (pues la URJC no ha hecho nada al respecto) y ni siquiera la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid ha podido llevar a cabo una mínima depuración de las responsabilidades políticas con éxito. Dicha comisión, en la que he tenido el honor de ser Portavoz de mi grupo, ha concluido sin poder ofrecer a los madrileños un dictamen. Ha caído víctima de un boicot deliberado por parte del Partido Popular y el Partido Socialista (que en esta ocasión debían tener un interés común en tapar sus vergüenzas), que consistió primero en reducir el calendario a su mínima expresión y después en vetar las comparecencias de Pablo Casado y de Carmen Montón (inicialmente vetaron incluso la de Cifuentes), que son sin duda, por la relevancia de los cargos que han ostentado, los mayores responsables políticos del enorme daño que han sufrido nuestras universidades.

Algunos culparán de todo este escándalo a las universidades, que sin duda pueden afianzar sus mecanismos de control, y que en el caso de la URJC es evidente que necesita un proceso profundo de regeneración que el actual equipo rectoral no está en condiciones de ofrecer. Otros incluso intentarán extender la sombra de la sospecha sobre todas ellas como si el problema fuera la Universidad Pública en su conjunto. Pero en una Comunidad en la que todos los servicios públicos, desde la educación a la sanidad, pasando por el agua, han sido saqueados por el Partido Popular, y cuando los últimos cuatro expresidentes se encuentran inmersos en tramas corruptas o directamente imputados, haríamos mejor en reconocer que es el gobierno de la Comunidad de Madrid el que necesita una renovación completa urgente, para limpiarse, abrir sus ventanas y abandonar para siempre esta larga etapa de oscuridad que hemos padecido los madrileños.