Moción de censura: Sí se puede, pero el PSOE no quiere
Afirmar, como ha hecho Odón Elorza en un reciente artículo en este mismo medio, que la presentación de una moción de censura beneficiaría a la “derecha bicéfala de PP y Cs”, es la gota que colma el vaso de toda una cadena de excusas y argumentos falseados que diferentes dirigentes del PSOE vienen utilizando estas últimas semanas para justificar su negativa. Excusas y más excusas que tratan de esconder y justificar, cada vez con menos éxito, la irresponsable decisión de haber renunciado ya a echar lo antes posible al Gobierno del PP de Moncloa. Excusas que no se sostienen por ningún lado a poco que analizamos la realidad.
La cuestión de los números es meridianamente clara, y así quedó en evidencia en el resultado de la votación de la moción de censura presentada por Unidos Podemos: el PP no cuenta con la confianza de la cámara y está en minoría. Todos los partidos, a excepción de PP y Cs (amén de los socios electorales del PP -UPN y FA- y la duda de CC), se han mostrado además favorables a la posibilidad de echar al PP del Gobierno. Los números dan y no hace falta ser doctorado en Matemáticas para verlo. Lo que falta es la voluntad política del PSOE. La referencia a que la moción de censura debería ser apoyada por los partidos nacionalistas e independentistas igualmente no es ninguna justificación válida. Primero porque estos partidos ya se han mostrado favorables a esa posibilidad, como se pudo ver recientemente en el programa El Objetivo de Ana Pastor, sin pedir nada “independentista” a cambio y por una mera cuestión de higiene democrática. Segundo porque en ningún caso esos partidos pasarían a formar parte del Gobierno del Estado. Y tercero porque tampoco el desarrollo de lo que queda de legislatura dependería de ellos más de lo que ya pudiera estar dependiendo.
La cuestión de la estabilidad del Gobierno, pues, tampoco sería un problema. No al menos un problema mayor del que ya tiene ante sí el actual Gobierno del PP y sus socios naranjas. Basta recordar que este comienzo de año el Gobierno se ha visto obligado a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo. Unos Presupuestos que el año pasado pudo acabar sacando adelante gracias, precisamente, a, ¡oh sorpresa!, un pacto con el nacionalista PNV y una cesión de un diputado de Nueva Canarias que fue en las listas del PSOE y al que el PSOE no hizo nada para presionar en sentido contrario su voto.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que el nuevo Gobierno resultante de una moción de censura sería, efectivamente, un Gobierno en minoría, pero de la misma forma que ya lo es el actual Gobierno del PP. Se trataría, en definitiva, de cambiar un Gobierno del PP que debe negociar ley a ley y PGE a PGE con el resto de la cámara para tener estabilidad, por un Gobierno de PSOE y Podemos, que en suma tendría de partida más diputados de los que tiene el Gobierno en minoría del PP (156 por 137), y que igualmente, como ya tiene que hacer el PP, debería negociar ley a ley y PGE a PGE con el resto de partidos y Grupos Parlamentarios de la cámara.
Pero con una diferencia fundamental, y esto es clave para entender la necesidad y la conveniencia de la moción: en ese nuevo escenario ya no sería el PP quien tuviera capacidad de veto gubernamental a las leyes presentadas a tramitación en el Congreso. Viendo el uso abusivo y descaradamente antisocial que el Gobierno del PP está haciendo del veto presupuestario, ¿no es eso ya en sí mismo un motivo más que determinante para justificar la moción si lo que se pretende es de verdad impulsar una agenda social?
Lo que no podemos hacer es engañar más a la ciudadanía. No podemos decir que estamos escandalizados por la corrupción y luego no hacer nada para sacar al PP del Gobierno lo antes posible. Como tampoco podemos decir que queremos usar la mayoría alternativa que existe en el Congreso para impulsar una “agenda social” y luego no hacer nada para que la capacidad de veto que el Gobierno del PP tiene para impedir esa agenda social, sea revertida.
Una ley de subida y blindaje de las pensiones, una ley de blindaje de la dependencia, una ley de renta mínima garantizada, una ley antidesahucios, una ley contra la pobreza energética o de limitación de los privilegios del oligopolio eléctrico, una ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, derogar las reformas laborales, impulsar subidas dignas del SMI, una reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen, un impuesto a la banca, leyes de apoyo a la autonomía financiera de las CC AA y los Ayuntamientos o cualquier otra medida social que se nos ocurra, solo serán posibles si el PP no tiene en sus manos el veto.
Insisto, no engañemos a la gente: echar al PP del Gobierno y arrebatarle su capacidad de veto es condición necesaria e indispensable para poder impulsar una verdadera agenda social. Mientras el PP siga el frente del Gobierno esa agenda social será la que el PP quiera que sea y obviamente ya sabemos todos y todas cuál es el tipo de “agenda social” que interesa al PP y sus socios de la extrema derecha naranja: la austeridad. Es decir, ninguna.
Desde Unidos Podemos hemos presentado un Proyecto de Ley dirigido a limitar la capacidad de veto presupuestario del Gobierno, pero no nos conformamos. No nos podemos resignar a que sea el PP quien la tenga en sus manos. Debemos arrebatar al PP su control sobre el BOE. Ciertamente existe una mayoría alternativa al PP que podría impulsar, desde ya, una agenda social que ayudase a poner fin a las políticas impulsadas por el PP desde 2011 (y los remanentes que todavía quedan de las impulsadas por el PSOE desde 2010), pero mientras el PP siga en el Gobierno esa mayoría no servirá de nada y no tendrá ninguna utilidad.
No comprendemos que, por ello mismo, el PSOE haya renunciado a impulsar esa agenda social y mucho menos que, pese a la evidencia de los números y las posibilidades que ellos abren, haya decidido, según sus propias palabras, “dar por muerta la legislatura”. La ciudadanía no puede dar por muerta esta legislatura. Básicamente porque cada minuto más que sigue el PP en el Gobierno es un minuto más que tiene para llevar a buen puerto sus planes de normalización y blanqueo de la corrupción (vía control y parasitación de los aparatos del Estado y la propia Justicia) y de normalización de la excepcionalidad social, la precariedad y los recortes (vía control de los PGE, del veto presupuestario y del uso arbitrario de toda la arquitectura legal derivada del artículo 135: ley de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, techo de gasto, capacidad para presionar e intervenir sobre CCAA y Ayuntamientos, etc.). Y dos años y medio dan para mucho a este respecto. Es una urgencia democrática echarlos.
Si el PSOE no quiere impulsar una moción de censura contra Rajoy y prefiere condenar a los ciudadanos y ciudadanas a dos años y medio más de Gobierno corrupto y antisocial del PP, sus motivos tendrán y es de suponer que, en algún momento, deberá explicarlos a sus votantes. Pero sería de agradecer que dejen de poner excusas que no son reales y no traten a la ciudadanía por idiota (en su sentido literal). Ni el apoyo de los nacionalistas, ni los números, ni la estabilidad: la única razón por la que no se presenta la moción es porque Pedro Sánchez no quiere. Por más eufemismos que se pretendan utilizar al respecto, esa es la principal y fundamental razón: que Pedro Sánchez no quiere. Nada más y nada menos.
Y esto lo sabe Odón Elorza, lo sabe Óscar Puente, lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe José Luís Ábalos, lo sabe Susana Díaz, lo sabe Albert Rivera, lo sabe M. Rajoy, lo sabemos en Unidos Podemos y pronto, ahora que el monotema catalán empieza a decaer y llega la hora de dar explicaciones, por más que intenten ocultarlo con excusas varias, lo sabrá toda la ciudadanía.