El 58% de los ciudadanos europeos creen que el gobierno de su país está en gran parte o totalmente controlado por unos pocos actores con grandes intereses (Transparency International, Barómetro Global 2013). Esta percepción se ve para muchos corroborada con noticias que señalan que “casi 30.000 lobbistas presionan en Bruselas para influir en la legislación comunitaria”, en las que vemos cómo documentos redactados por entidades privadas acaban plasmados íntegramente en textos normativos que debieran perseguir el interés general.
El problema, sin embargo, no reside en que desde el mundo de lo privado se quiera influenciar en las políticas públicas. Esto es normal y conveniente puesto que las instituciones públicas deben estar abiertas –para conseguir tener una perspectiva general– a recibir distintos puntos de vista sobre cualquier cuestión. Ahora bien, dado que el objetivo de cada decisión que se toma desde lo público debe ser siempre perseguir el interés general, las instituciones deben ser transparentes en los procesos de toma de decisiones –para que este interés general pueda ser comprobado y verificado–.
La ciudad de Madrid votará este miércoles la creación de un registro de lobbies obligatorio. En este registro deberán estar inscritas aquellas entidades que quieran hacer valer sus intereses ante el Ayuntamiento de Madrid, tendrán que declarar quiénes son o a quién representan –en los casos en los que se trate de una persona que represente los intereses de un tercero–. Esta medida, acompañada por la ya vigente obligación de publicar las agendas de los concejales asegurará la transparencia de la toma de decisiones en Madrid y arrojará por lo tanto luz sobre un ámbito que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dejaba sin cubrir.
A pesar de las muchas recomendaciones de sociedad civil e instituciones internacionales (como la OCDE o el Consejo de Europa), todavía son pocos los países que han planteado una regulación del lobby adecuada. Según Transparencia Internacional, Europa –en este asunto– está más atrasada que Canadá o Estados Unidos, ya que solo siete países tienen leyes o normas específicamente diseñadas para regular las actividades de lobby (Austria, Eslovenia, Irlanda, Francia, Lituania, Polonia y Reino Unido). Esta organización también sugiere que las leyes y regulaciones que existen en Europa, así como su implementación, son –en mayor o menor medida– imperfectas o no aptas para cumplir su propósito.
Madrid se pone a la vanguardia en materia de transparencia y apuesta por un sistema que cumpla con las recomendaciones de los estándares internacionales: la creación de un registro obligatorio que afecte a todas las entidades (empresas, ONGs, asociaciones...) que quieren ejercer una influencia sobre un asunto público.
El Registro del Lobby del Ayuntamiento de Madrid implicará ventajas para las entidades que se inscriban, ya que será un mecanismo para mejorar las relaciones y la comunicación del Ayuntamiento con éstas. Se crearán listados temáticos a través de los cuales se enviará información sobre procesos de participación abiertos o por abrir (plazos de alegaciones, consultas públicas, eventos…), para que todo el que esté interesado pueda conocerlos y participar en los mismos.
Además, a través del propio registro, las entidades inscritas podrán convenir fácilmente reuniones con el Ayuntamiento de Madrid. Al igual que con el resto de medidas a favor de la transparencia, el conjunto de grupos políticos que forman la corporación municipal han mostrado un gran apoyo aportando mejoras sustanciales al Proyecto de Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid. Esto es, sin duda, una gran noticia para afrontar los desafíos que puedan acompañar a su implementación.
Como señalaba Louis Brandeis, “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”, con ese espíritu la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid y el registro de lobbies ponen definitivamente a Madrid en el mapa de la transparencia ocupando un lugar predominante.
** Victoria Anderica es directora del Proyecto de Transparencia del área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid.