La patronal decide: se reparte el crecimiento o habrá conflicto en las empresas
El pasado día 21 el Presidente de CEOE Juan Rosell realizó unas declaraciones públicas en las que venía a decir que no entendía que los sindicatos “de abajo” (en referencia a los negociadores en los sectores y las empresas) estén pactando los convenios y que los “de arriba” (entiendo que se refería a los que asistimos como negociadores a la mesa del posible IV AENC) no quieran pactar ese acuerdo. Y añadía que CEOE está ofertando a los sindicatos una subida salarial de hasta el 2%, más “un variable” dependiendo de la situación de la empresa, cuando en la negociación colectiva la media de incremento salarial para 2018 se sitúa hasta el momento en el 1,5%. Eso sí, no concreta en base a qué referencias y de qué cuantía sería ese “extra” variable.
Son declaraciones tremendamente llamativas, y muy preocupantes, por la desubicación (consciente o no) de que hacen gala, en dos sentidos. En primer lugar, y lo más grave, es que no reflejan la realidad. En ningún caso los negociadores de la patronal en la mesa han ofrecido ese supuesto 2% más variable que airea el Sr. Rosell. No han ofrecido ese dígito, ni ningún otro, a pesar de las múltiples solicitudes en este sentido que les hemos dirigido desde los sindicatos, que fuimos meridianamente claros desde el primer momento, presentando nuestra propuesta públicamente el día 24 de enero, también por escrito, y explicándola con todo detalle en la primera reunión de la mesa y tantas veces como ha hecho falta. De hecho, la pretensión de la patronal era no hablar de salarios en la mesa, sino dejar la concreción de este aspecto crucial para el final de la negociación, fuera de la misma. Una forma de proceder verdaderamente insólita, que hubiera creado un precedente letal para futuros procesos de diálogo, y a la que nos opusimos las organizaciones sindicales.
Cabe preguntarse, por tanto, si el Sr. Rosell no conoce lo que están haciendo sus negociadores. O si lo sabe, pero pretende confundir a la opinión pública, construyendo estratégicamente una posverdad, lamentablemente tan de moda en estos tiempos. Sea lo que sea, nos parece un síntoma grave del escaso interés mostrado por la patronal hasta el momento por el diálogo con los sindicatos.
En segundo lugar, cabe hacer alguna precisión importante a la situación real de la negociación salarial para 2018. Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social hasta el mes de febrero, ya tienen sus condiciones salariales pactadas para 2018 un total de 4,8 millones de trabajadores, con un incremento medio registrado que se sitúa, tal y como menciona el Sr. Rosell, en el 1,51%. Pero lo que no dice es que el 95,5% de estos trabajadores y trabajadoras se encuadran en convenios firmados en años anteriores, cuando la recuperación económica, aunque consistente, aún arrastraba los efectos (y los temores) de la gran recesión de 2008 a 2013 en muchas empresas. Los que han firmado sus condiciones salariales en este año 2018 son solo 24.331, el 0,5% del total.
Y esto es así porque los trabajadores en las empresas y en los sectores son conscientes de que la situación ha cambiado. Ahora llevamos cuatro años consecutivos de aumento del PIB, los tres últimos por encima del 3%; las empresas no es que hayan recuperado los beneficios de antes de la crisis, sino que obtienen rentabilidades que se sitúan en niveles récord; y las estimaciones son que esta fase de bonanza va a continuar. Y además, en 2017 se constató una nueva pérdida de poder de compra de los trabajadores: los salarios de convenio subieron de media un 1,4% los precios de consumo (el IPC) lo hicieron un 2%. Con ello, de 2009 a 2017 la pérdida de capacidad adquisitiva salarial supera los siete puntos porcentuales. En resumen: la economía va bien, las empresas van como nunca, pero no quieren hacer partícipes a sus plantillas de ello.
La inercia de la negociación colectiva cada año suele reflejar un aumento tendencial de los salarios pactados de enero a diciembre. De modo que, si en febrero la media es del 1,5%, a final de año es fácil suponer que, sin necesidad de recomendaciones externas ni acuerdos de ningún tipo, el aumento salarial puede situarse en torno al 2%. Es decir, el mismo dígito que dice estar ofreciendo la patronal (que no lo ha hecho aún). Entonces, ¿para qué firmar un acuerdo “por arriba”? En un contexto de beneficios récord de las empresas, tras cuatro años de expansión económica y ocho de contracción salarial, ¿de verdad creen las organizaciones empresariales que ofrecer una subida prácticamente igual a lo que ya se está firmando supone una contribución razonable para impulsar el consumo y reducir las cuantiosas bolsas de pobreza existentes entre la clase trabajadora?
Los sindicatos, desde luego, no. Los salarios deben crecer en consonancia con la situación económica, y teniendo en cuenta el pasado reciente, muy dañino para la clase trabajadora. Eso exige aumentos superiores al menos al 3%. Y no solo eso. El modelo de determinación de salarios debe recuperar la lógica tenía antes de los excepcionales acuerdos alcanzados a partir de 2010, fruto de una coyuntura dramática y puntual, que ya está afortunadamente superada. Así, la inflación debe formar parte de ese modelo, como referencia de aumento mínimo que garantiza, al menos, la no pérdida de poder de compra. Porque los salarios sirven para comprar bienes y servicios, y con el precio de estos deben ponerse en relación. Y se debe incluir una cláusula de revisión –como ha sucedido en todos los Acuerdos anteriores-, para evitar que aumentos de los precios por encima de los previstos anulen los incrementos de poder de compra pactados inicialmente.
Necesitamos un nuevo Acuerdo salarial coherente con la nueva fase de bonanza, que impulse en la negociación colectiva la creación de empleo de calidad y salarios más altos, para hacer el crecimiento económico más sólido y sostenible, y también para repartir mejor la renta generada y hacer nuestra sociedad más justa. Un objetivo que deberían compartir nuestras empresas, aunque solo fuera desde un punto de vista egoísta, ya que una mayor igualdad económica implica menor conflictividad en las empresas y mayor nivel de consumo de sus productos.
Hasta el momento, aprovechando la situación de privilegio que les otorga la reforma laboral de 2012, las organizaciones empresariales parecen empeñadas en seguir siendo protagonistas del ajuste y de los recortes en nuestro país, en consolidar la precariedad del empleo y una devaluación salarial permanente, y en consecuencia, aumentar las desigualdades y la pobreza en nuestro país. Algo que sería la ruina no solo para la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores, sino para el conjunto de la economía, además de inaceptable socialmente. En UGT tenemos claro que los salarios van a crecer en 2018 de manera que logren nítidas ganancias de poder de compra, que es lo que exige la situación económica. Y esto sucederá con o sin acuerdo “por arriba”, de manera consensuada con las organizaciones empresariales de nuestro país o con conflicto y movilizaciones empresa a empresa y sector a sector. La patronal decide.
