Contra la pena de muerte y hacia un mayor respeto y protección del derecho a la vida

El 15 de junio de 2020, el Fiscal General William P. Barr ordenó a la Oficina Federal de Prisiones de EEUU (BOP) que programara la ejecución de cuatro condenados a muerte federales entre mediados de julio y agosto. La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (la Comisión) cree firmemente que esta reanudación de las ejecuciones federales, tras un paréntesis de 17 años en las ejecuciones, es prematura y no tiene en cuenta varios factores, entre ellos el dolor y el sufrimiento sin precedentes causados por la pandemia COVID-19, las protestas nacionales inspiradas por el movimiento “Black Lives Matter”, y las terribles repercusiones económicas de la pandemia que dejan a decenas de millones de personas sin empleo y con un futuro incierto. 

La Comisión está formada por 22 comisionados, todas ellas personalidades muy respetadas en la escena internacional, incluido al Gobernador Richardson, que abolió la pena de muerte en Nuevo México. Estamos compuestos por ex jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, altos funcionarios de las Naciones Unidas, jueces, abogados y académicos de renombre internacional que provienen de todas las partes del mundo. Además, nuestras actividades cuentan con el apoyo de 23 países de todas las regiones del mundo. En nuestra experiencia como líderes, la pena de muerte es una violación del derecho fundamental a la vida y no ha demostrado ser un elemento disuasorio para los crímenes más graves. 

Creemos que esta reanudación de las ejecuciones va en contra de la tendencia observada a nivel internacional y en los Estados Unidos. A finales de junio de 2020, la mayoría de los países del mundo han abandonado el uso de la pena de muerte: 107 países han abolido la pena de muerte de su legislación para todos los delitos y 142 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Lamentablemente, al seguir llevando a cabo ejecuciones, los Estados Unidos se unen al clan de países que llevan a cabo el mayor número de ejecuciones: China, Irán, Irak, Corea del Norte, Arabia Saudita y Vietnam. Cabe señalar también que los Estados Unidos son el único país de las Américas que lleva a cabo ejecuciones. 

En los Estados Unidos se ha producido un alejamiento de la pena capital sin precedentes y drástico desde la última ejecución federal, que tuvo lugar hace más de 17 años, el 18 de marzo de 2003. Ese mismo año, 12 estados abolieron la pena de muerte. A mediados de 2020, un total de 22 estados y el Distrito de Columbia habían abolido la pena de muerte y 3 estados tenían moratorias sobre las ejecuciones emitidas por gobernadores. Las próximas ejecuciones federales previstas se producen en un momento en que hay una clara tendencia al abandono de la pena de muerte en los Estados Unidos. En 2019, 7 estados llevaron a cabo 22 ejecuciones, representando la segunda cifra más baja en 28 años. En el mismo año, 34 personas fueron condenadas a muerte, representando la segunda cifra más baja en 46 años. Finalmente, por quinto año consecutivo, menos de 30 personas fueron ejecutadas y menos de 50 fueron condenadas a muerte. 

La reanudación de las ejecuciones federales no está en consonancia con las normas internacionales. Según el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que entró en vigor el 10 de diciembre de 1948: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Más recientemente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Observación General Núm. 36 de 2018 sobre el derecho a la vida declaró que: “El artículo 6 (del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que los Estados Unidos son un Estado Parte) reconoce y protege el derecho a la vida de todos los seres humanos. Se trata del derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado y otras emergencias públicas. El derecho a la vida… constituye un derecho fundamental...”. 

Estos cuatro hombres tienen fuertes razones para no ser ejecutados. Un estudio reciente realizado en los Estados Unidos por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, de carácter bipartidista, revela que aproximadamente el 75% de los condenados a muerte tienen un historial documentado de traumatismos y abusos en la infancia. Daniel Lewis Lee, cuya ejecución está prevista para el 13 de julio, ha sufrido repetidos abusos en su casa y en las instalaciones de salud mental para adolescentes a las que lo envió su padrastro abusivo. Fue abusado físicamente de manera intensa cuando era niño, tan severamente que temió por su vida en varias ocasiones. Información reciente indica que un juez federal en Indiana ha bloqueado lo que habría sido la primera ejecución federal en 17 años, programada para el sr Lewis para el 13 de julio, citando problemas de salud relacionados con el coronavirus planteadas por los familiares de las víctimas que fueron seleccionados para asistir.

Además, el mismo estudio encontró que casi el 50% de los prisioneros condenados a muerte a nivel federal muestran signos de enfermedad mental grave. Es el caso de Wesley Purkey ha sufrido un trauma significativo a lo largo de su vida. Además, muestra los efectos combinados de la enfermedad de Alzheimer y la demencia, la esquizofrenia, que, entre otras cosas, ha reducido sus capacidades cognitivas hasta tal punto que no puede entender por qué el gobierno federal planea ejecutarlo. De acuerdo con la última Información recibida, hay una suspensión temporal de la ejecución de Wesley Purkey, cuya ejecución estaba programada para el 15 de julio.

El tercer condenado, Dustin Honken, cuya ejecución está prevista para el 17 de julio, procede de una familia muy disfuncional. Su infancia fue muy problemática, en particular por el alcoholismo, que es una característica común en las familias de los condenados a muerte a nivel federal. Además, se sabe que el padre de Honken, un criminal y un hombre alcohólico y violento, reclutó a sus hijos para que fueran cómplices de sus delitos. Por desgracia, la defensa de Honken no presentó pruebas de su infancia y sus antecedentes gravemente horribles o los problemas de salud mental causados por ello.

El cuarto condenado, Keith Nelson, cuya ejecución está prevista para el 28 de agosto, está entre los 29% de los reclusos federales en el corredor de la muerte que tienen lesiones cerebrales de desarrollo, lesiones en la cabeza y/o discapacidades intelectuales. Sufrió una importante lesión cerebral cuando era un recién nacido. Para empeorar las cosas, fue sometido a repetidos abusos sexuales y físicos cuando era niño. Nació en un ambiente familiar donde enfermedades mentales graves han estado presente durante varias generaciones. Sin embargo, el abogado de Nelson no investigó su pasado y el jurado nunca fue consciente de la extrema privación, el trauma y el abandono que sufrió cuando era niño.

En nuestra experiencia, y especialmente en estos tiempos difíciles, es importante, de hecho esencial, que los líderes políticos rechacen la idea de la venganza a través del daño infligido por el propio Estado. El gobierno y los líderes políticos tienen un papel fundamental que desempeñar en este proceso, ya que tienen la obligación política y la responsabilidad moral no sólo de abstenerse de utilizar los sentimientos de odio y venganza, sino también de ofrecer esperanza. Un camino a seguir es para los gobiernos garantizar un mejor respeto y protección del derecho fundamental a la vida. Parece que las ejecuciones de estos cuatro hombres fueron programadas para promover un aura de “ley y orden” en una época de confusión y miedo. Sin embargo, numerosos proyectos de investigación han demostrado definitivamente que la pena de muerte no es más disuasoria que el encarcelamiento a largo plazo.  

En resumen, no es el momento de reanudar las ejecuciones a ningún nivel, incluido al nivel federal de EEUU. Ha llegado el momento de que los Estados Unidos abandonen la pena capital, en consonancia con las tendencias nacionales e internacionales.