El PP vuelve a la carga, preservemos Telemadrid

Posiblemente la historia de la Radio Televisión Pública madrileña y su relación con los diferentes gobiernos del Partido Popular sea una de las más conocidas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid. El Ente Público Radio Televisión Madrid nace 6 años después de las primeras elecciones autonómicas. El 2 de mayo de 1989 tiene lugar su primera emisión y pronto se configura como uno de los principales ejes vertebradores de un pequeño territorio que alberga a una sociedad muy diversa con pocos vínculos identitarios en común. Los hogares madrileños hacen propia la marca de Telemadrid y Onda Madrid e incorporan a su núcleo al pequeño grupo de profesionales que con más ilusión que medios comienzan a ser referencia del panorama mediático del país.

Tan rápido como crece su prestigio y relevancia política y social comienzan las arremetidas del Partido Popular. Ruiz Gallardón convierte en mantra la promesa de cerrar o privatizar Telemadrid en cuanto la ley del tercer canal se lo permita. Un discurso que no impide que durante los años de gestión de sus gobiernos, Telemadrid y Onda Madrid alcancen sus mayores cotas de éxito.

Tras el Tamayazo, a finales del 2003 la llegada al gobierno regional de Esperanza Aguirre lo cambiará todo. Entre sus primeras medidas destaca la toma de la Radiotelevisión Pública. Con el reparto de sus órganos de gestión deja clara sus prioridades desde el principio. El control político de la cadena recaerá en manos de su jefe de prensa, Manuel Soriano, nombrado Director General del Ente Público tan solo 20 días después de su toma de posesión. Ignacio González, mano derecha de Aguirre, se reserva el nombramiento del Subdirector general de gestión, Ángel Martín Vizcaíno, quien será el responsable de la gestión económica de la empresa durante más de 15 años. Soriano velará por la línea editorial de la cadena y Vizcaíno será el encargado de repartir de forma generosa los recursos públicos de la cadena.

A partir de este momento la cadena se convierte en agencia de propaganda del gobierno Aguirre. Todos sus medios se ponen al servicio de la presidenta. Desde el Ente Público se marca la línea editorial del fiel ejército de opinadores y tertulianos que se encargarán de difundir y defender las bondades de sus políticas, tanto de dentro como fuera de la cadena. Toda una red clientelar muy bien pagada con recursos públicos que hace imposible conocer, ni tan siquiera intuir, la realidad que se oculta detrás de todo un sistema de gobernanza corrupto.

Las trabajadoras y trabajadores, casi sin apoyos no paramos de denunciar los continuos episodios de manipulación y de despilfarro económico en la contratación de servicios externos a precios muy por encima del valor de mercado. La burda manipulación informativa y la desastrosa gestión económica impera en el Ente Público. Su audiencia se desploma y su imagen se deteriora hasta el punto de que gran parte de la ciudadanía nos borra del dial. La quiebra económica y profesional de la cadena es solo cuestión de tiempo.

Los responsables del hundimiento de la cadena serán los mismos que en enero del 2013 ejecutan un ERE ilegal que culpabiliza y pone en la calle a más de 860 trabajadoras y trabajadores.

La consultora encargada de realizar el informe de impacto social de la ejecución del ERE, Deloitte, establecía en relación con los despidos, que dada las circunstancias cabría esperar una tensa conflictividad social para los tres siguientes meses que seguirían a la ejecución del mismo. Sin embargo, la plantilla aún después de ser despedida, nunca ha dejado de denunciar y explicar públicamente con pruebas, las verdaderas causas del hundimiento de la empresa, de forma muy especial desde finales del año 2014 hasta mayo del 2015, con motivo de unas elecciones autonómicas que cambian radicalmente el panorama político.

Un “nuevo Partido Popular” envuelto en una interminable maraña de casos de corrupción pierde la mayoría absoluta e intenta poner distancia con una etapa vergonzante para el conjunto de la sociedad madrileña, en la que la Radio Televisión Pública jugó un papel determinante. Como cortina de humo, o por imposición de Ciudadanos, su nuevo socio de gobierno, Cifuentes inicia un proceso de reforma legislativa que dará luz a la nueva Ley de Radio Televisión Madrid. Una ley manifiestamente mejorable que, con el supuesto objetivo de despolitizar el Ente, resta capacidad de decisión a la Asamblea Regional en beneficio del Gobierno.

Sirva de ejemplo que la contratación de cualquier trabajador, incluso las sustituciones de bajas por enfermedad, ha de ser autorizada por el Consejo de Gobierno, lo que en la práctica le otorga la capacidad de vetar los eventos que se cubren o no. La cobertura de la inauguración del Hospital I. Zendal es autorizada, el deporte de base femenino no, a pesar del éxito cosechado en su primera temporada. Una ley que por el contrario incorpora cambios importantes en materia de la elección de sus órganos de gestión por mayorías cualificadas, lo que permite poner mayor distancia del control político.

Así, en un momento en el que menos del 30% de la ciudadanía madrileña confiesa tener sintonizado el canal autonómico, nace RTVM y con ella un nuevo modelo de Radio Televisión Pública basado en el consenso, el diálogo y en la transparencia. El nuevo consejo de administración y la nueva dirección comienzan a trabajar con la representación legal de los trabajadores en un clima de comunicación y colaboración. Un trabajo en común que lentamente, y a pesar de las continuas zancadillas de algunos/as responsables de la antigua dirección que aún se mantienen en RTVM, comienza a dar frutos con la recuperación paulatina de la profesionalidad, del prestigio y en última instancia de las audiencias. La ciudadanía madrileña vuelve a respaldar y a conectar con Telemadrid y Onda Madrid, y es aquí donde volvemos al punto de partida.

Tan solo cuatro años de andadura han bastado para volver a intentar un nuevo asalto. Una de las primeras medidas tomadas por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y ponente de la vigente Ley de creación de RTVM, Isabel Díaz Ayuso fue nombrar como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez. Un ambicioso empresario del sector audiovisual, enemigo declarado de la Radio Televisión Pública en general, de la madrileña en particular. Toda una declaración de intenciones. En año y medio de mandato la presidenta no ha pisado las instalaciones de Telemadrid. Un corto espacio de tiempo repleto de ataques dialécticos, trabas institucionales y peligrosas insinuaciones, una situación que por conocida, no deja de ser intolerable.

Resulta bochornoso ver cómo el Partido Popular vuelve a la carga contra nuestra casa en las instituciones, en los medios y en las RRSS. Lo hemos dicho públicamente, la tozudez de los datos se impone a la mentira y demagogia de quienes pretenden retornar a un modelo corrupto de explotación de los Servicios Públicos. El Partido Popular ha llegado a exponer en sede parlamentaria, en relación con la actual gestión, que: “a veces lo barato sale caro”.

Es evidente que hay mucho espacio para seguir mejorando en todo lo referente a nuestra labor, para crecer en producción propia y en Servicio Público, en estar más cerca de los que más nos necesitan. Pero también es importante remarcar que donde antes operaban un reducido número de productoras afines, ahora participa una gran mayoría del sector. Donde antes se dilapidaba el dinero en servicios exteriores y el ocultismo era el tono dominante de la gestión, ahora se han habilitado mecanismos para la transparencia e información en la toma de decisiones. Donde los espacios de opinión eran ocupados por los afines ahora hay mayor pluralidad. Donde el servicio público era meramente un planteamiento teórico, ahora cubrimos espacios imprescindibles para la sociedad. Queda mucho espacio por avanzar y mejorar, pero ya estamos a mucha distancia de la peor Radio Televisión Pública que algunas y algunos parecen añorar.

Por ello, pedimos al conjunto de las fuerzas políticas todo su compromiso, responsabilidad y determinación para impedir que vuelva a cuestionarse el Servicio Público Esencial que desempeñamos, para impedir que el partido popular vuelva a hacer suya la radio televisión de todos los madrileños y madrileñas y retome el modelo Aguirrista del control político de la cadena y, en consecuencia, de la mentira y la corrupción de la política.

Déjennos trabajar, el tiempo nos ha dado la razón, sabemos hacer las cosas bien y no somos de reírle la gracia a nadie, vamos a seguir defendiendo nuestro trabajo, nuestro compromiso con las obligaciones de servicio publico, defendiendo una gestión responsable de los recursos públicos y el tratamiento informativo veraz, plural e independiente. Queremos seguir construyendo la Radio Televisión Pública de la que todas y todos podamos sentirnos orgullosos.