Un programa económico feminista para el nuevo gobierno
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de demostrarnos a las mujeres españolas que está decidido a dar un golpe de timón para romper con la senda de desigualdad que las políticas públicas han transitado hasta ahora.
Un Ministerio de Igualdad no es mala noticia. Sin embargo, ya en 1995 en el Congreso de Pekín de la ONU se explicitó que no basta con organismos de igualdad que lleven a cabo las llamadas “políticas de igualdad”. Estas políticas siempre suponen menos del 1% del total del presupuesto público (el Ministerio de Igualdad en 2009 tuvo 81 millones de euros, el 0,47%). Por tanto, no se trata de que el Ministerio de Igualdad haga lo que pueda desde la marginalidad, sino de cambiar la corriente principal de las políticas públicas (la mainstream; de ahí el término mainstreaming de género).
Por eso, el hecho de que la competencia de Igualdad sea asumida por la Vicepresidencia del Gobierno es una fantástica noticia que posibilitaría ese cambio en todas las políticas si hubiera voluntad de hacerlo. El presidente Rodríguez Zapatero dio un enorme paso adelante (considerando de dónde veníamos). Pero se quedó a las puertas de los cambios estructurales, es decir, de esas reformas que terminarían con la actual estructura familiar y del mercado de trabajo basadas en la dominación y en la discriminación de las mujeres.
¿En qué debería cambiar la corriente principal de las políticas económicas? Es muy sencillo: se trata de restaurar y de ampliar derechos, así como de atender necesidades sociales ahora desatendidas; y todo ello dejando de excluir a las mujeres. Un cambio liberador para las mujeres y beneficioso para toda la sociedad.
Por ejemplo, no se puede hablar de ingresos dignos para todas las personas y, a la vez, mantener un sistema de cuidados basado en ofrecer a las mujeres quedarse sin ingresos propios cada vez que surgen necesidades de cuidados en la familia. Hasta ahora las excedencias, las reducciones de jornada o las paguitas para cuidadoras (Art. 18 de la Ley de Dependencia) se llamaban “derechos de las mujeres”. De las mujeres, sí, porque los hombres no se toman esos supuestos derechos, lo que es perfectamente comprensible: te dejan sin el derecho humano fundamental a un ingreso digno. Y, como consecuencia, te dejan sin una pensión digna. Actualmente el 73% de las mujeres mayores de 65 años se encuentran fuera del sistema de pensiones contributivas (frente a un 29% de los hombres mayores de 65 años). Y la pensión no contributiva (esa que te conceden cuando no tienes ningún otro ingreso personal ni familiar) asciende a 369 euros al mes.
Otro ejemplo: no se puede hablar de derechos laborales para todas las personas mientras haya un colectivo entero (las empleadas de hogar) que no llega a los mínimos derechos que garantiza el Estatuto de los Trabajadores. Pero estas trabajadoras no encontrarán empleos dignos mientras sigan estando empleadas por las familias. Por las familias ricas, hay que añadir: según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, solo en el 14% de los hogares con personas dependientes existe cuidado remunerado. ¿Y el resto? el 80% de las personas mayores con limitaciones funcionales graves son cuidadas de forma principal por las mujeres de su familia. Mujeres en situación de esclavitud, muchas de ellas cuidando 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año; algunas con paguita y otras sin ella. En cualquier caso, ¿quién dijo derecho al descanso diario, semanal, anual? Estos también son derechos humanos que se olvidan cuando se trata de mujeres.
La universalización del derecho a la atención a la dependencia suficiente por los servicios públicos y la educación infantil suficiente, pública y gratuita, desde los 0 años es la única manera de atender las necesidades de las familias y de incluir en el sistema de derechos humanos y laborales a las mujeres que ahora cuidan en condiciones infrahumanas.
Pero no basta con los servicios públicos. Hay que repartir equitativamente el cuidado en casa entre todas las personas, igual que hay que repartir el empleo. Para ello es clave la reforma de los permisos igualitarios que propone la PPIINA. Cuando los hombres se queden al cargo de sus bebés (al cargo, o sea en solitario) durante el mismo tiempo que las mujeres a lo largo del primer año, entenderán lo que es cuidar en igualdad, no ayudar. Y entonces se convertirán en personas de referencia para sus criaturas, y se darán cuenta de lo que se han perdido hasta ahora. Ese es el testimonio de muchos hombres que, por razones diversas, se han encontrado con esa oportunidad. Por otro lado, solo si los hombres se ausentan de sus puestos de trabajo tanto como las mujeres, podrán ellas incorporarse a sus puestos de trabajo en la misma medida que los hombres, dejando de ser para las empresas “mano de obra de alto riesgo”.
Pero tampoco basta con servicios públicos y con reparto del cuidado en casa. Tenemos que revertir las reformas laborales; recuperar la estabilidad en el empleo y extenderla a las mujeres. Para ello, la reducción de la jornada laboral máxima a tiempo completo a 35 horas semanales con cómputo semanal es fundamental. Y también es fundamental eliminar todos los actuales incentivos al empleo a tiempo parcial, tanto por el lado de la oferta (derechos especiales a reducción de jornada por cuidado) como por el lado de la demanda (incentivos a las empresas).
¿De dónde sacar el dinero para cambios tan radicales? En primer lugar, estos cambios no son tan costosos. Aquí algunas estimaciones de los incrementos presupuestarios respecto a la situación actual: 1.200 millones para los permisos igualitarios. Entre 3.000 y 5.000 millones para un sistema de educación infantil desde los 0 años con la calidad de Suecia. Otro tanto para un sistema de atención a la dependencia con la calidad de Suecia. 1.666 millones para la equiparación de las pensiones no contributivas al mínimo de las contributivas.
En segundo lugar, se puede sacar mucho dinero eliminando las partidas que actualmente se gastan en mantener este modelo desigual. Por ejemplo 3.000 millones de euros en la desgravación por tributación conjunta de los matrimonios en el IRPF, o 2.400 millones de euros en las desgravaciones por cuidados en el entorno familiar a través del IRPF. Y también tendríamos mucho más dinero si no fuera por la pérdida de recaudación que están originando las sucesivas reformas fiscales (4.800 millones cada año solamente por la del IRPF de 2015). Todo esto sin meternos en cifras ajenas a la política social, como lo que no recuperaremos del rescate bancario (60.600 millones de euros según el Banco de España), o los 87.000 millones de euros anuales que nos quitan por la corrupción.
En tercer lugar, no se trata de llegar a la meta el primer año, sino de establecer un calendario, una hoja de ruta. En cuarto lugar, estas partidas son pequeñas comparadas con el aumento de recaudación y los gastos que se eliminarían a largo plazo. Por ejemplo, si las mujeres tuvieran empleos dignos no serían necesarios gran parte de los 28.432 millones de euros que en el Presupuesto de la Seguridad Social de 2017 se destinaron a pensiones no generadas por cotizaciones (de viudedad, complementos por mínimos y pensiones no contributivas).
En resumen, un cambio de orientación urgente que, una vez decidido, puede llevarse a cabo progresivamente según un plan de viabilidad. La sociedad no puede esperar. Y, sobre todo, las mujeres no pararemos hasta conseguirlo.
