Regeneración democrática sí, pero más

Pedro Sánchez acaba de anunciar las líneas maestras de su ambicioso plan de regeneración democrática para España. A esperas de conocer los detalles concretos de dicho plan, que trasladará a los grupos parlamentarios en las próximas semanas, ya podemos hacer una primera valoración de urgencia. El plan es muy necesario y puede afirmarse que en varios puntos va en la buena dirección. En muchos aspectos, sin embargo, resulta totalmente insuficiente. Necesitamos más regeneración que ésta.

En los próximos días vamos a ver desgraciadamente cómo el plan de regeneración democrática se politiza en el peor sentido de la palabra, tal y como ya ha empezado a ocurrir en su primera presentación parlamentaria. Algunos partidos van a defenderlo a capa y espada como el mejor plan imaginable y la solución a todos nuestros problemas, mientras otros van a tratar de derribarlo como si fuera la peor de las catástrofes y una nueva ocurrencia del Presidente. Pero teniendo en cuenta que lo que está en juego es la propia democracia, los ciudadanos deberíamos navegar por esas aguas, sabiendo evitar sin temor las peligrosas corrientes partidistas e interesadas de Escila y Caribdis. Y puesto que el plan inicia ahora un largo y noble camino parlamentario en el que todavía será posible modificar todos los aspectos que sea necesario, la prioridad en este momento debería ser la creación de un debate público de calidad sobre un tema tan crucial como éste, una deliberación que persiga la construcción de amplios consensos políticos entre la ciudadanía, relativamente independientes de las cuitas de los partidos.

Comencemos con un poco de contexto. ¿Era necesario un plan de regeneración democrática en España? Sin ninguna duda. Y ello con independencia de las motivaciones particulares que hayan guiado a Sánchez a la hora de proponerlo. Recordemos que el Presidente pre-anunció este plan al término de los cinco días de reflexión que se tomó en el mes de abril, tras conocerse que su mujer estaba siendo investigada judicialmente por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Begoña Gómez tiene todo el derecho a la presunción de inocencia. Pedro Sánchez tiene todo el derecho a sentirse indignado ante la persecución mediática y de las redes de lo que ha denominado “el fango político” de este país, tanto si ella es inocente como si es culpable. Y nada de esto resulta relevante a la hora de plantearnos la regeneración democrática de España. 

Lo cierto es que, más allá del lugar común, la democracia se encuentra en crisis en todo el mundo. Nuestras democracias afrontan retos gigantes como la desafección política de la ciudadanía, la pérdida de confianza en las instituciones representativas y la clase política –que es letal para la legitimidad del sistema–, la desinformación y la manipulación mediática, el empobrecimiento generalizado de la esfera pública no institucional, el auge del populismo y la extrema derecha antidemocrática, o la falta de adaptación de estas democracias ante un mundo cambiante, complejo, digitalizado y global, como evidencia el déficit de respuesta adecuada ante las oportunidades y amenazas de la inteligencia artificial. Y ello por no mencionar la falta de respuesta adecuada por parte de nuestros países a los grandes problemas planetarios como el cambio climático, la sexta extinción masiva de especies y la consiguiente pérdida de biodiversidad, la concentración sin precedentes y a escala global de poder en pocas manos privadas, la salud planetaria o las galopantes desigualdades socioeconómicas tanto internas de los países como a nivel global.  

Son tantos y tan grandes los retos a los que nos enfrentamos que sí, es muy necesario elaborar un plan de transformación profunda y general del sistema democrático en España. Todos los sistemas democráticos del mundo, de hecho, deberían transformarse en profundidad si queremos salvar los valores y principios esenciales de la democracia que nos han llevado a los niveles más altos de bienestar, legitimidad y justicia de la historia de la humanidad. Y la democracia española no es una excepción a esa necesidad. 

En mis mañanas optimistas, observo que nunca antes habíamos dispuesto de tantos recursos materiales, tecnológicos y humanos para alcanzar una verdadera democracia de calidad, constato que en buena medida la desafección ciudadana está justificada y surge de un nivel de exigencia mayor hacia nuestros políticos y nuestras instituciones, me convenzo de que ésta no es más que una crisis de crecimiento y evolución de la democracia hacia algo mejor, como tantas ha habido antes en la historia de la democracia, y de que un plan de regeneración es el instrumento que necesitamos para dar un importante salto adelante. En mis noches pesimistas, en cambio, no dejo de ver signos muy preocupantes de involución democrática en la mitad democrática del planeta, procesos muy negativos de transformación social sin demasiados precedentes o con pésimos precedentes en la historia, hasta bien urdidas estrategias internacionales de desestabilización de nuestros sistemas, y sueño entonces con un plan de regeneración que sea cuanto menos defensivo, que nos permita salvar los muebles.   

Veamos ahora las propuestas anunciadas por Sánchez, que vienen por el momento agrupadas en tres paquetes distintos. La que más titulares está acaparando es la reforma de la regulación de los medios de comunicación, con la introducción de mayores medidas de transparencia y rendición de cuentas de los grupos que controlan los medios, que permitan conocer quiénes son los accionistas que los dirigen en última instancia o cuánto dinero público reciben, que luchen contra la concentración empresarial en el sector, con una normativa más efectiva que limite la publicidad institucional, con medidas de protección a la independencia de los periodistas, etc. Todos sabemos que los medios de comunicación son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestros sistemas democráticos, que los ciudadanos necesitan fuentes independientes e imparciales de información de calidad, y que este sistema de medios lleva décadas atravesando turbulencias financieras y presiones públicas y privadas que lo han llevado a una situación crítica. 

¿Son suficientes las medidas anunciadas por Sánchez para reflotarlo? Sin duda no lo son. Primero, porque la transparencia perseguida, aunque necesaria, no servirá para dotar al sector de un plan de viabilidad económica que lo salve de las presiones que lo están llevando al agotamiento. Segundo, porque el deterioro acelerado del sistema de medios de información ciudadana viene especialmente propiciado por el surgimiento de las plataformas digitales y redes sociales, principal fuente utilizada hoy por nuestros conciudadanos para informarse. Y aunque el plan de Sánchez anuncia medidas para proteger los derechos de los ciudadanos frente a dichas plataformas, parece impensable que puedan tener alguna efectividad ante un sector global, hiper-poderoso y ampliamente desregulado. Tercero, porque no parece abordarse el último giro de tuerca del torniquete que subyuga a los medios, que es la irrupción de la inteligencia artificial. Y cuarto, porque el problema de los medios es de manera creciente un problema global, y las limitaciones objetivas de este gobierno y cualquier otro en ese punto parecen insalvables.     

El segundo paquete de medidas tiene que ver con la creación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una Ley de Administración Abierta. Es una noticia excelente. A ver si de una vez por todas el gobierno toma medidas ambiciosas y efectivas para cumplir con los compromisos adoptados en el marco del Open Government Partnership del que España es parte desde hace 13 años ya. Recordemos que el ideal de un gobierno abierto, hoy indiscutible en el mundo y sin que venga marcado por ninguna ideología concreta, tiene que ver con instituciones públicas que operan de forma transparente, rindiendo cuentas efectivas de sus actuaciones ante la ciudadanía, y beneficiándose de las aportaciones que dichos ciudadanos pueden realizar a la hora de tomar mejores decisiones públicas. Pero, aunque no conocemos aún los detalles de esta Estrategia, es importante señalar importantes limitaciones de inicio. 

En primer lugar, ninguna Estrategia Nacional para “abrir” nuestras administraciones va a ser efectiva a menos que transformemos la administración pública en su conjunto y desde la base, que cambiemos íntegramente su organización y funcionamiento, la manera de seleccionar a su personal o la forma de relacionarse con la ciudadanía, una reforma que ha ido postponiéndose durante demasiados años por parte de gobiernos de distintos colores en España y en sus comunidades autónomas. Segundo, porque como nos recuerda Beth Noveck, directora del The GovLab e investigadora de la Universidad de Northeastern, y una de las máximas especialistas en gobierno abierto del mundo, la idea de gobierno abierto no es suficiente si lo que buscamos es una verdadera regeneración democrática. Necesitamos instituciones más inteligentes y abiertas, pero para ello necesitamos de manera prioritaria contar con ciudadanos inteligentes y mecanismos realmente innovadores de organizar nuestra inteligencia colectiva. Es necesario profundizar en los mecanismos de participación y deliberación ciudadanas, no sólo porque lograremos así una mayor legitimidad democrática, sino también porque será la mejor manera de impulsar un gobierno y una administración verdaderamente más efectivos que resuelvan adecuadamente los problemas públicos.

Esto me lleva al tercer paquete de medidas anunciado por Sánchez, que tiene que ver con la derogación de la ley mordaza y la reforma de la ley electoral y de los reglamentos del Congreso y del Senado. Entre lo poco que ha dicho a estes respecto, su intención es convertir en obligatorios los debates electorales entre candidatos en los medios, o aumentar la transparencia y el control sobre los patrimonios de los diputados y senadores. Estas medidas pueden tener algún valor, pero si hay un ámbito en el que lo anunciado por Sánchez resulta más preocupante, es sin duda éste. 

En primer lugar, no sabemos los detalles relativos a la derogación de la ley mordaza, un auténtico peligro para el ejercicio del derecho más sagrado de todos nuestros derechos políticos, el derecho de protesta. Pero, aunque la derogación fuera total, es evidente que eso sólo restauraría los derechos que teníamos hasta 2015, y no suponen una mejora profunda de nuestra forma de participar políticamente. En segundo lugar, sabemos perfectamente que obligar legalmente a celebrar debates en los medios no va a servir de nada. No hay más que ver la pobrísima calidad de los debates que se organizan ahora. Este plan olvida que el objetivo realmente importante debería ser el de fortalecer el sistema de deliberación pública, un sistema a través del cual los ciudadanos deberían poder participar en pie de igualdad y libertad en un debate sobre los temas más importantes de nuestro país. Este el núcleo duro de cualquier democracia de calidad. Y la tan necesaria reforma de la ley electoral, así como del resto de legislación que regula la partición ciudadana, debería poner el énfasis ahí, en cómo fortalecer la participación y deliberación ciudadanas en los asuntos públicos, en cómo transformar nuestras cámaras legislativas en un parlamento abierto, digitalizado, participativo, en cómo democratizar profundamente todas las instituciones del estado. No es un objetivo utópico o impensable. En otros países se están haciendo las cosas bien y debemos aprender de ellos.      

Como experto en democracia, llevo toda mi vida esperando ver un plan de este tipo en España. Felicito a Pedro Sánchez por haber tenido la iniciativa de proponerlo, como nunca antes un presidente había hecho. Pero me preocupa que algunos de los puntos anunciados, de confirmarse, puedan llevarnos a una decepción, una más, con nuestra política democrática. Casi todas las preocupaciones expresadas aquí son solucionables. Sánchez ha abierto una ventana de oportunidad para que hagamos las cosas bien y ayudemos a nuestro sistema democrático a salir de la crisis en la que ha caído. Pero, como en democracia el gobierno debe ser en última instancia ejercido o controlado por la ciudadanía, comencemos por el ineludible primer paso y tengamos entre todos un buen debate ciudadano sobre cómo debe realizarse esta regeneración democrática. Y, por favor, que nuestros políticos, por una vez, estén a la altura y se dejen de estrategias, tacticismos y números circenses.