La salida de la crisis de la COVID-19 es digital y local, pero tiene que funcionar para todas y todos

La crisis de la COVID-19 en nuestras ciudades ha demostrado que una transición digital justa y rápida no solo es posible, sino que es más necesaria que nunca. Las tecnologías digitales han sido clave para asegurar la continuidad de los servicios municipales y para ofrecer una respuesta social y humana a la pandemia. Pero también han expuesto las profundas desigualdades que determinan el acceso a las tecnologías digitales y la protección de nuestros datos y derechos digitales.

Muchos de nosotros hemos liderado en nuestros ayuntamientos transiciones a gran escala hacia el teletrabajo en pocas semanas, lo que nos ha permitido asegurar la continuidad de nuestros servicios públicos. No solo esto: las tecnologías digitales también nos han permitido asegurar una respuesta más social y comunitaria a la crisis. Desde la impresión 3D de Equipamientos de Protección Individual en ateneos de fabricación digital municipales, hasta la provisión de atención social y sanitaria adecuada para personas confinadas, o el acompañamiento de nuestras personas mayores que viven solas.

Las ciudades de toda Europa trabajamos sin tregua para evitar que el distanciamiento físico se convierta en aislamiento social, y la innovación digital es un aliado clave para ello. Sin embargo, conseguirlo es todo un reto cuando el acceso a internet de los grupos más vulnerables –y su capacidad para aprovechar las oportunidades que ello conlleva– viene determinado por los niveles de ingresos, la edad, el género, o incluso el barrio en el que viven.

En efecto, en las pasadas semanas hemos sido testigos de que las tecnologías digitales definen las desigualdades sociales de forma más clara que nunca. El acceso a un internet de calidad y a la alfabetización digital, o la falta del mismo, mitigan o refuerzan las desigualdades existentes. Nunca antes había sido tan clara la fuerte influencia que tiene la digitalización en nuestro derecho a la educación, el acceso a los servicios sociales, las oportunidades laborales, o incluso la posibilidad de estar cerca de nuestros seres queridos durante el confinamiento en casa o en los hospitales, o incluso en el momento en el que fallecen.

Como ha dicho recientemente Ursula Von Der Leyen, “necesitamos construir una Europa resiliente, verde y digital”. La Presidenta de la Comisión Europea está en lo correcto: la recuperación económica tras la pandemia tendrá que ser digital para ser verde. Pero para que la nueva normalidad no deje a nadie atrás, necesitamos de forma urgente una transición digital justa, que funcione para todas y todos, y que sitúe la innovación digital al servicio de la cohesión social y de los derechos humanos. Para conseguirlo, podríamos comenzar a tratar el acceso a internet como un derecho, más que solo una infraestructura.

Los ayuntamientos estamos seguros de que saldremos de esta crisis con una hoja de ruta más clara para una transición digital centrada en las personas que contribuya a superar la crisis socioeconómica. Pero también sabemos que tendremos que hacer grandes esfuerzos para mitigar el impacto social de la crisis en un contexto de disminución de los ingresos municipales.

En este contexto, tener acceso directo al fondo de recuperación y a los fondos del próximo presupuesto europeo –como hemos solicitado las más de 140 grandes ciudades de Europa reunidas en la red Eurocities– marcará la diferencia entre realizar proyectos de innovación y llevar a cabo una transición digital digna de tal nombre en las ciudades. Para conseguirlo, es esencial que las ciudades podamos contar con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales y de la Comisión Europea para garantizar que los beneficios de la digitalización lleguen a todas y todos, ofrecer oportunidades económicas, reducir desigualdades y proteger derechos.

Este artículo forma parte de una iniciativa acordada y firmada por los tenientes de alcaldía de las ciudades de Barcelona, Laia Bonet; Atenas, Nikolaos Macropoulos; Amberes, Claude Marinower; Bristol, Craig Cheney; Gante, Sofie Bracke; Glasgow, el Concejal Presidente de la Comisión Digital, Angus Millar; Lisboa, Miguel Gaspar; Londres, Chief Digital Officer, Theo Blackwell MBE; Málaga, Susana Carrillo; Milán, Roberta Cocco; Nantes, André Sobzack; Porto, Filipe Araújo; Rijeka, Marko Filipović; Rotterdam, Barbara Kathmann; y Sevilla, Clara Isabel Macías.