Las universidades catalanas y la huelga sin penalizaciones
La sentencia del Procés ha causado una masiva protesta social, con especial protagonismo de la gente joven, muchos de ellos universitarios, que no sólo han protagonizado actos de protesta en las calles de las capitales catalanas, sus estaciones, sus aeropuertos y sus carreteras, sino que también han llevado esas acciones a sus campus.
De hecho, desde el martes 29 de octubre, una parte del alumnado de las universidades catalanas secunda una huelga estudiantil indefinida convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la Associació d’Estudiants Progresssistes (AEP). En los campus la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y en el Campus de Manresa de la Universitá Politècnica de Catalynya (UPC) la huelga se ha estrenado con piquetes. La situación del Campus de la Ciutadella de la UPF con mobiliario de los aularios apilado en la puerta para impedir la entrada al alumnado y profesorado que quería asistir y dar las clases respectivamente ha arrojado momentos de gran tensión y la recomendación por parte del rectorado de “no asistir por seguridad”.
Ha sido efectivamente la amenaza o miedo a los piquetes lo que ha conducido a que cuatro de las siete universidades públicas catalanas decidieran la semana pasada acceder a la demanda de parte del alumnado de cambiar el sistema de evaluación. Se trata de que la participación en huelgas, manifestaciones u otras acciones de protesta de esa parte del alumnado no repercuta en su evaluación, y por tanto, en sus resultados finales. No todas han cedido a la presión de los estudiantes que con los piquetes hacen un uso abusivo de su derecho a la huelga impidiendo la docencia y la evaluación de quienes no la secundan. Entre las universidades que decidieron no cambiar el sistema de evaluación están además de la mencionada UPF, la Universitat de Lleida y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Desde el RD 1393/2007 las universidades españolas se han adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior en el que ahora están insertas. En este contexto, la evaluación continúa ha pasado a constituir una parte sustancial de la mayor parte de las titulaciones que han sido verificadas y posteriormente acreditadas por las agencias de evaluación. En todo caso, al profesorado se le exige que en su proyecto docente explicite desde el inicio de curso el método de evaluación que va a seguir y sobre esa información se asientan las expectativas legítimas del alumnado que estudia y asimila la materia teniendo también en cuenta el método de evaluación escogido. La evaluación continua persigue dejar atrás un método de aprendizaje que con frecuencia resultaba demasiado memorístico e involucrar más al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, un aprendizaje que, se entiende, debe ser progresivo y participativo.
Pues bien, a pesar de la importancia de mantener el sistema de evaluación acreditado para impartir el título correctamente y de salvaguardar las expectativas legítimas del alumnado, la semana pasada, los órganos de dirección de las universidades de Girona, Barcelona, Autònoma de Barcelona y Polítècnica de Catalunya acordaron cambiar el sistema de evaluación continua por una prueba final. Según los equipos de gobierno de esas universidades, la finalidad de tal medida era disuadir a los sindicatos de estudiantes de bloquear la actividad académica y permitir que así se pudiera dar clase. Se supone que de esa manera el derecho a la huelga de unos se podría armonizar con el derecho a la educación de quienes quisieran asistir a clase. No obstante, la realidad es algo más compleja que lo que la justificación dada por las universidades catalanas sugiere.
En esencia, la justificación esgrimida por las universidades es que con el nuevo sistema se respetan ambos derechos porque los que quieren hacer huelga pueden hacerla, y los que quieren ir a clase, pueden hacerlo. Para esto no hacía falta cambio alguno, porque el derecho a la huelga constitucionalmente amparado no niega la libertad de huelga de quienes no la quieren secundar. En realidad, lo que se pretende es que quienes vayan a la huelga no se vean penalizados ya que se adapta el sistema de evaluación a su conveniencia, mientras que quienes deciden seguir las clases, pueden hacerlo, pero ven su sistema de evaluación alterado. Con ello las universidades se apartan del criterio de evaluación que se escogió por motivos meramente académicos (la evaluación continua) para facilitar el absentismo de quienes deciden priorizar su activismo político participando en huelgas y manifestaciones. Eso constituye un uso desviado de sus potestades en aras de posicionamientos políticos.
Las consecuencias resultan nefastas. Pongamos que una persona quiere asistir a una manifestación convocada, tal vez por la corriente de pensamiento contraria a la que ahora convoca las huelgas, justo para el día de la prueba final. ¿Tendría la universidad la obligación de facilitarle a ella también el ejercicio de su derecho a manifestarse proponiendo una alternativa de evaluación diferente? Y, en caso contrario, ¿no se estaría vulnerando el principio de igualdad de la misma forma que se vulneraría si se mantuviera un sistema de evaluación continua para el alumnado que decida no hacer huelga y otro de única prueba para el que decida hacerla? ¿Y, en un sistema universitario que permite su politización, qué pasaría con el rol de los docentes y su relación con los estudiantes que contiene siempre e inevitablemente un elemento de jerarquía? ¿No actuaría el alumnado en función de las preferencias políticas del profesorado para no verse perjudicado y no en función de sus propias preferencias personales?
Las universidades nunca han sido, ni pueden ser, espacios ajenos a la política o a la sociedad en la que se insertan, pero las universidades gozan de una autonomía especial que es una garantía institucional constitucionalmente consagrada y lo hacen precisamente para protegerse de injerencias políticas indebidas y preservar su rol de contrapoder en la sociedad, siendo su poder, el que se asienta en la fuerza del conocimiento y la investigación basada en criterios científicos.
Toca llamar a las cosas por su nombre y asumir las consecuencias de los actos que se realizan. Si una parte importante del alumnado prefiere hacer huelga para seguir “defendiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la amnistía de todas las presas políticas y la condena más firme a la represión”, tiene todo el derecho a hacerlo, pero debe ser consciente de que la huelga, aún siendo un derecho, suele tener un coste para quien la ejerce y decide asumirlo y no permite negar la libertad de quienes no la secundan. Y si las universidades deciden facilitarlo, en un contexto altamente politizado, no deben parapetarse en la idea de que cambiando el sistema de evaluación lo que hacen es garantizar el derecho a la educación de quienes quieren asistir a clases, porque lo que están haciendo es proteger a quienes prefieren su activismo político a ir a clase.
Las escenas que se han vivido en la UPF muestran como una parte de la comunidad universitaria se ha erigido en la representante de toda la universidad catalana con el beneplácito de sus claustros y equipos de gobierno, tal como ha ocurrido por parte de la sociedad catalana en relación a Cataluña en su conjunto.
