La victoria del 'lawfare' y la derrota de la democracia

Quince denuncias contra Ada Colau y Barcelona en Comú archivadas. Dos presentadas por la multinacional que se lucra con el monopolio metropolitano del agua ante el intento de Barcelona en Comú de abrir el debate de la gestión pública. Dos más de fondos de inversión internacionales que fueron sancionados por parte del gobierno municipal. Dos de promotores inmobiliarios que vieron como los hoteles de lujo que proyectaban no cabían en el plan urbanístico municipal. Una de la patronal de las VTC como respuesta a la regulación del sector para proteger al taxi. Pero también querellas penales contra las peatonalizaciones y los ejes verdes de Consell de Cent o el urbanismo táctico. Y dos más del lobby sionista tachando de prevaricadora la decisión de Barcelona de suspender relaciones con Israel para denunciar la deriva contra los derechos humanos. En total quince. Y todas archivadas.

Si sumamos a estas quince las siete denuncias archivadas contra Podemos o a la enorme telaraña de litigios que se ha creado con la judicialización del proceso soberanista -con la inestimable colaboración de las cloacas del Estado- nos proporcionan una radiografía bastante completa del alcance de la guerra sucia judicial en nuestro país.

En esta ocasión la novedad es que por primera vez una jueza ha reconocido lo que hace muchos años que venimos denunciando: que el fondo de inversión que se querelló contra Colau lo hizo simplemente para obtener “el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal”. Una afirmación categórica que llega en pleno debate sobre el 'lawfare' y su extensión, especialmente después del revuelo que se generó por la incorporación de este concepto en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts.

La afirmación de la jueza no ha llegado hasta tres años después del inicio de la investigación judicial. A lo largo de los cuales se ha podido comprobar como la querella por la que se imputaban hasta ocho delitos a Ada Colau, a la concejala de Vivienda Lucía Martín y a un servidor se desmontaba con una simple comprobación de los hechos.

Además, la instrucción penal ha servido para sacar a la luz una serie de prácticas por parte del fondo que recuerdan a películas de la mafia siciliana. Grabar de forma clandestina reuniones con el equipo de gobierno de Colau para tratar de obtener algún audio que de forma descontextualizada pudiera ser incriminatorio, inventarse testigos de hechos que nunca ocurrieron y hasta llegar a presentar como pruebas documentales informes que se han demostrado falsos. Con ello, la instrucción ha revelado no solo que no hubo ni rastro de prevaricación, malversación o coacción, sino que el Ayuntamiento se limitó a aplicar la legislación de vivienda entonces vigente para sancionar al fondo por desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad sin ofrecer un alquiler social.

La contundencia y claridad con la que la jueza ha dado carpetazo a la querella puede hacernos pensar que, en este caso, el 'lawfare' sí ha sido derrotado. De hecho, los defensores a ultranza del sistema judicial siempre podrán afirmar que si se acaban archivando todas las causas es porque el sistema funciona a la perfección. Eso de que los jueces se limitan a investigar denuncias preservando en todo momento la presunción de inocencia.

Pero es que en el 'lawfare' no importa tanto quién gana el juicio penal como quién sobrevive al juicio mediático sin ser sepultado por el barro. Su potencial destructivo radica en que pone en marcha la máquina del fango con la que se acaba equiparando al que aplica la ley para evitar un desahucio con quien se la salta para llenarse los bolsillos de comisiones fruto de la especulación.

Horas y horas de televisión y radio repitiendo el relato incriminatorio de los denunciantes, tertulianos que sin tener ni idea de la causa judicial dan credibilidad a unos hechos completamente distorsionados, digitales que publican noticias falsas que luego son incorporadas a las querellas y portadas que reproducen la fotografía del imputado el día que va a declarar. No es de extrañar pues que un ciudadano que no tenga mucho tiempo para seguir al detalle estas causas judiciales pueda acabar haciendo suyo el argumento recurrente de la antipolítica de que “todos los políticos sin iguales”.

Un hecho objetivo relevante es que en más de 40 años de democracia ningún otro alcalde de Barcelona haya resultado imputado. Contrasta con el hecho de que Colau lo haya sido no solo una vez, sino por tantas causas judiciales distintas. ¿Cómo se explica esta diferencia abismal con los otros alcaldes? Ni siquiera en los peores años de la corrupción en que el consistorio estuvo implicado en casos como el Hotel de la Música, la trama de corrupción por las licencias de pisos turísticos de Ciutat Vella, o el cobro ilegal de comisiones por el 3% -que también tuvo su ramificación en Barcelona durante en el mandato Trias- los otros alcaldes nunca pasaron por el juzgado y acabaron sometidos a la pena del telediario.

Más allá del alivio personal que uno pueda sentir después de quince denuncias archivadas, la dimensión del fenómeno requiere como mínimo una reflexión profunda en términos democráticos. No se trata sólo de reparar la sensación de indefensión y vulneración de la presunción de inocencia que provoca este tipo de acoso judicial, sino también de preguntarnos cómo el 'lawfare' puede acabar adulterando el juego democrático.

Como afirma el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín prologando el libro 'Lawfare urbano', “el derecho penal es el último reducto y no se puede utilizar con mala fe ni extemporáneamente, a sabiendas de que se está instrumentalizando abusivamente para perjudicar a adversarios políticos en una contienda electoral”. Del mismo modo que se ha avanzado mucho en políticas de transparencia y anticorrupción, con el control de los grupos de interés y prohibiendo las puertas giratorias, quizás ha llegado el momento de impulsar un paquete de medidas 'antilawfare'. Para que no salga gratis a fondos buitre y multinacionales presentar un aluvión de denuncias sin ningún fundamento abusando de un sistema judicial que ya está faltado de recursos públicos. Ésta debería ser una de las misiones principales de las comisiones parlamentarias recién aprobadas en el Congreso.

Mientras tanto, siempre nos quedará una pregunta sin responder. ¿Qué hubiera sucedido si todas esas querellas no hubieran sido admitidas? ¿O si se hubieran archivado simplemente contrastándolas con los expedientes administrativos para refutar la verosimilitud de los hechos? ¿Cuántos votos menos puede sacar una candidata yendo a declarar como imputada por prevaricación a solo dos meses de elecciones? La pregunta es aún más pertinente sabiendo que Jaume Collboni obtuvo finalmente la alcaldía por una diferencia mínima de 141 votos. Y es que a pesar de la sucesión de carpetazos judiciales, puede que los promotores del 'lawfare' no lo vivan como una derrota. ¿Acaso lo es? Quizás quien ha salido derrotado es el sistema democrático.