Votos decisivos, votos útiles para la ciudadanía
Los socialistas españoles, como los demás partidos socialdemócratas europeos, somos defensores de la sostenibilidad fiscal, en los términos en que la formularon los socialdemócratas suecos cuando llegaron al gobierno en los años treinta del siglo pasado. Los servicios públicos deben financiarse mediante un sistema tributario progresivo, y el recurso a la deuda ha de ser sólo una fórmula transitoria, limitada a las etapas de crisis, en las que los impuestos son incapaces de proporcionar recursos suficientes y una subida excesiva de los mismos puede ahogar la recuperación.
Estamos a favor de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, que la Comisión Europea ha ido flexibilizando tras comprobar que la austeridad compulsiva no hacía más que agravar las consecuencias de la crisis. De hecho, el objetivo de déficit para 2015, que el Gobierno incumplió (lo sobrepasó en unos 9.000 millones de euros), acabó situándose en el 4,2% después de que Bruselas lo ampliase en varias ocasiones, pues en la primera actualización del Programa de Estabilidad que Rajoy negoció con la Comisión, en 2012, era del 1%. Y el que se acaba de fijar para 2017, del 3,1%, contrasta con el equilibrio presupuestario acordado con la Comisión Europea hace cinco años.
Nos parece que alcanzar el 3,1% de déficit en 2017 es posible, y por eso vamos a apoyarlo en el Congreso. Cosa distinta es que estemos de acuerdo con la forma en Montoro y Rajoy prevén lograrlo, pues para ello dejan de lado la posibilidad de llevar a cabo una reforma integral de nuestro sistema tributario para hacerlo más progresivo y más justo, y rebajan el techo de gasto de la Administración Central en unos 5.000 millones de euros. Esto supone consolidar los 3.000 millones de gasto recortados en 2016 a través de acuerdos de no disponibilidad de créditos y del cierre anticipado del presupuesto y abrir la puesta a recortes de gasto adicionales porque los 2.000 millones de euros de ahorro conseguidos por la caída de los intereses de la deuda parece que ya no se van a lograr el próximo año. Su “mix” de ingresos y gastos no lo compartimos.
En las primeras semanas de esta legislatura, el Gobierno de Rajoy ha tomado conciencia de que los votos del Grupo Socialista en el Congreso son decisivos. Así se ha demostrado cuando hemos logrado articular mayorías para instar al instar al Gobierno a derogar la Ley Mordaza o alcanzar un pacto de estado contra la violencia de género, o cuando hemos logrado que se admitiera a trámite una reforma legal para acabar con la LOMCE, que ha obligado al Ejecutivo a negociar.
Los votos de otros grupos pueden ser influyentes, pero los del PSOE son decisivos. Y si el Gobierno quiere contar con ellos debe asegurarnos un giro inequívoco en las políticas de los últimos años. Para aprobar los objetivos de déficit y deuda (que no el techo de gasto, que es una decisión del Gobierno que no requiere la validación del Congreso) hemos logrado la flexibilización de la regla de gasto, que impide a muchos ayuntamientos que tienen “dinero en la caja” dedicarlo a inversiones productivas, generadoras de empleo, que permiten prestar mejores servicios a los vecinos del municipio (el caso del Ayuntamiento de Madrid es una buena muestra de esta situación).
Hemos conseguido también que el Gobierno abra una vía para asegurar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones (que se deberá desarrollar en el marco del Pacto de Toledo), subiendo los topes a las cotizaciones sociales de los salarios más elevados con el fin de ir aumentando los ingresos. Hemos logrado una reforma del Impuesto de Sociedades que, aunque insuficiente, va en la dirección correcta, pues supondrá un ascenso del tipo efectivo que pagan las grandes corporaciones.
Y hemos acordado una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8%, que supondrá 731 euros/año para quienes van a pasar de cobrar 655 euros a 707 euros al mes por una jornada laboral completa. Será, en términos absolutos, la mayor subida del SMI en los últimos 30 años, y la segunda más elevada, en términos relativos. Mejorará los ingresos de los trabajadores que el salario mínimo e impulsará el aumento de los ingresos de quienes cobran salarios superiores, aunque cercanos, al SMI. Ayudará a los representantes de los trabajadores a demandar mejoras de las condiciones salariales en las mesas del diálogo social. Evidentemente, no resolverá los problemas de precariedad producidos por la reforma laboral de 2012, ni mejorará la situación de quienes no tienen un puesto de trabajo o ni siquiera cobran el SMI, pero paliará el deterioro de las condiciones en que viven cientos miles de trabajadores que no han dejado de ver cómo empeoraban durante los últimos años.
Es el principio del cambio que es posible en el actual contexto político. Para lograrlo, hemos hecho valer nuestros votos, decisivos a la hora de aprobar un objetivo de estabilidad presupuestaria que compartimos (aunque no la forma de alcanzarlo, que no se vota en este momento), con la única aspiración de ser útiles a quienes nos apoyaron en las elecciones, e incluso a muchos que no lo hicieron.
Seguiremos haciendo propuestas con el mismo objetivo. Trataremos de paliar las consecuencias más graves de la crisis y de las injustas políticas aplicadas por el Gobierno de Rajoy desde 2012. Si el PP se aviene a ello, podremos llegar a acuerdos, como ahora. Si no lo hace, intentaremos forjar alianzas con otras fuerzas políticas para conseguirlo, como ya hemos hecho con la LOMCE o con la Ley Mordaza.
