Un acuerdo por la salud de todos
El 24 de mayo se eligieron los representantes en los parlamentos autonómicos que a su vez serán quienes decidan los gobiernos de la mayoría de las Comunidades.
Aunque la Sanidad es la principal competencia de las CCAA y la que consume la mayor parte de su presupuesto (en torno a un 40%), sin embargo, y de manera un tanto sorprendente, no ha ocupado un lugar prioritario en el debate público durante la campaña electoral, que ha esta perdida en los encuentros/ desencuentros entre las directivas de los partidos y en cuestiones personalistas.
El sistema sanitario público español gozaba hasta la llegada del PP al Gobierno de un gran prestigio internacional por su elevada eficiencia (bajo coste y buenos resultados en salud); su carácter universal; su naturaleza redistributiva y equitativa financiada por impuestos; sin barreras económicas para acceder a la asistencia; su integralidad basada en una potente Atención Primaria que garantizaba la promoción de salud, la continuidad de la atención y la distribución racional de los paciente en el sistema.
Sin embargo la política del PP, a nivel central y en las CCAA, ha estado orientada a desmantelar y privatizar el sistema sanitario publico para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales, una política que ha alentado muchos de los casos de corrupción que van saliendo a la luz.
A ello, y no tanto por la crisis, sino como elemento fundamental para reforzar estas políticas privatizadoras (ya lo dice El Roto: “Hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona”), hay que unir los brutales recortes que ha sufrido el sistema sanitario a partir de 2009, año de máximo gasto sanitario público, que suponen, según las fuentes, entre 13.000 y 20.000 millones de euros de recortes en la Sanidad Pública.
Obviamente, el resultado de los recortes ha sido el esperado y básicamente en dos aspectos claves: una disminución del personal sanitario (alrededor de 55.000 trabajadores menos) y de los recursos del sistema (cierres de camas, de consultas, de actividad de tarde, de puntos de atención continuada, etc); y paralelamente un aumento del gasto privado que solo moderadamente reflejan las encuestas (el porcentaje de gasto sanitario privado pasó del 25,7% en 2009 al 27% en 2011, según la OCDE), de esta manera recortes y privatización de la financiación han ido de la mano. Pero, además, hay que ser conscientes de que el aumento del gasto privado supone mayor inequidad porque muchas personas, especialmente con la crisis, no tienen ninguna posibilidad de incrementar su gasto sanitario privado y quedan sin opciones de acceder a prestaciones sanitarias que precisan (un buen ejemplo son los copagos que han producido que un 14,76% de la población no pueda acceder, por motivos económicos, a los medicamentos prescritos).
Pero el problema ha sido aún mayor porque la privatización de centros sanitarios (mayoritariamente hospitales, pero también centros de salud en algunas CCAA), no solo no ha mejorado la calidad de la atención, en algún caso la ha empeorado. Sino que además ha incrementado los costes de una manera muy importante (entre 7 y 8 veces sobre la alternativa de provisión pública), empobreciendo así aún más a los centros públicos. Un ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid, donde en los tres últimos años el presupuesto de los hospitales públicos ha descendido el 16,09%, el 7% y el 1,08% cada año, mientras los centros privados tuvieron un incremento del 5%, el 2% y el 34% en los mismos años.
Todo ello ha supuesto una disminución de los trabajadores de la Sanidad Pública conllevando el cierre de camas, de puntos de atención continuada, de actividad de tarde, etc, disparado las listas de espera quirúrgicas, de consultas de especialistas, de pruebas diagnósticas e incluso de medicina general y enfermería en Atención Primaria. Y ha empeorado notablemente la opinión que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Como la ausencia de transparencia es la norma entre las administraciones sanitarias, no se puede constatar un empeoramiento en los parámetros de funcionamiento del sistema sanitario (los últimos datos publicados son de 2011 cuando los mayores recortes y exclusiones se producen a partir de septiembre de 2012). Pero también hay que tener en cuenta que si el sistema ha seguido funcionando se debe sobre todo al esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios, su compromiso con la Sanidad Pública, que como es lógico tiene un limite, y que de continuar las cosas por el mismo camino acabarán totalmente desbordados (ya están desincentivados y cercanos al colapso).
La sanidad es un mecanismo básico de solidaridad social y una de las claves del Estado del bienestar. Además, interviene de una manera importante en toda nuestra vida. Desde el nacimiento hasta la muerte estamos en constante relación con el sistema sanitario. Nuestra calidad de vida, nuestra autonomía y nuestra dignidad como personas, dependen en gran parte de que exista un sistema sanitario público que responda a las necesidades de atención que se van produciendo a lo largo de la vida.
Por eso, es fundamental que el resultado de las elecciones autonómicas cristalice en un acuerdo por la salud de todos los partidos políticos progresistas, porque necesitamos que se produzca un cambio de rumbo que suponga la recuperación de un sistema sanitario público de excelencia y del derecho a la atención sanitaria para toda la población. Por eso debemos, desde la ciudadanía y las organizaciones sociales, exigirles que lleguen a un acuerdo que garantice un sistema sanitario de calidad y expulse de los gobiernos autonómicos a los que solo están interesados en su desmantelamiento y privatización y en los intereses económicos empresariales. Esperemos que acabe triunfando el sentido común y la generosidad sobre los intereses particulares, y que esta aspiración de la mayoría de la población y de los profesionales sanitarios se convierta en realidad.
