La presión del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid para recortar el presupuesto de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha obligado a los alumnos a preinscribirse sin saber cuánto les costará la matrícula. Lo que sí ha comunicado el Ejecutivo regional a la universidad es de dónde va a salir el dinero que pretende recortar: 67 millones de euros.
¿La respuesta? Matrículas de los alumnos y poda de la plantilla (de profesores y no profesores). Además, se cancelarán los proyectos de investigación financiados por la Universidad Complutense y se reducirá el 20% de los presupuestos de las facultades. Según fuentes de la Universidad, si no se accede a los recortes, “no se podrán pagar las nóminas a la vuelta de verano y posteriormente la UCM sería intervenida” (por la Comunidad). more
El rector, José Carrillo, difundió un comunicado el miércoles con la cifra global pero sin detallar los pormenores. Según esa versión, la Comunidad de Madrid ya ha echado cuentas para restar en 44 millones su financiación a esta universidad pública este curso. Supone un recorte del 12% de lo previsto en los presupuestos regionales para 2012: 367,3 millones.
La UCM depende en un 68% de la financiación pública de la Comunidad para sobrevivir. Su presupuesto es de 536 millones. “Se espera otro ajuste de 73 millones para el año que viene también”, dicen fuentes de la universidad,
Los cálculos de Aguirre prevén aumentar en 49 millones los ingresos por Precios Públicos. Esa partida se refiere básicamente a las matrículas de los alumnos. En el presupuesto actual dicho apartado asciende a 90 millones por lo que se plantea un aumento del 54%. Pero aún no hay una decisión sobre a cuánto ascenderá el aumento de las matrículas en cada carrera. La UCM difiere tanto de esos cálculos que no cree que por aumento de tasas se consiga más de 15 millones.
Los rectores de Madrid esperan un movimiento del Gobierno autonómico. La Comunidad dilata la decisión lo que, a juicio de algunos decanos, indica que esperan que sean los rectores los que tomen una decisión y asuman el desgaste de subir las tasas. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dice que espera que los precios públicos se conozcan en julio. Mucho más no se podrá esperar.
El segundo bocado son los cinco millones de euros que el equipo de Aguirre quiere ahorrar en la no renovación de contratos de profesores asociados e interinos. Según los datos de la UCM, éstos suman 2.173 docentes (el 34% de la plantilla). La carta del decano dice que “no quedarían afectados los que no tuvieran un empleo adicional”.
Lo que ocurre es que los profesores asociados son aquellos que aportan valor “por su experiencia profesional”, como cuenta el exvicerrector de Ordenación Académica, Eumenio Ancochea. Sólo esos asociados superan los 1.800 (de ellos 646 en Medicina sobre un total de 952) y suponen el 86% de ese grupo, por lo que para llegar a los cinco millones que exige la Comunidad de Madrid “peligran todos”, cuentan desde dentro de la universidad.
Otras podas irán, según contó el rector Carrillo a los decanos, por la “retención del 100% de los gastos de inversión”, del mantenimiento de edificios y el cierre de los centros en periodos no lectivos (y por consiguiente de las bibliotecas).
El problema de la UCM es que reconoce una deuda de 150 millones de euros. Con ese agujero, tiene un flanco débil evidente ante los planes de recorte en la enseñanza superior que viene diseñando la presidenta Aguirre y su equipo.
La lucha entre la universidad y la líder del PP madrileño viene de lejos. Aguirre se las tuvo tiesas con el antiguo rector Carlos Berzosa: desde la pelea por el acto de apoyo al juez Baltasar Garzón que se celebró en la universidad en abril de 2010, (“Hemos mostrado nuestro estupor”, dijo Aguirre) hasta la última petición de “explicaciones” que exigió la presidenta popular al ya fuera del cargo Berzosa por unos supuestos 11 millones de euros en facturas sin justificar.