La economía española ya no vive en estado de excepción. Desde hace tres años crece significativamente, más que cualquiera de las grandes economías desarrolladas. La práctica totalidad de los indicadores de coyuntura evolucionan en la dirección adecuada, con una intensidad mayor de la que cabía esperar al inicio de la recuperación económica. Como consecuencia, aunque la tarea pendiente todavía es sustancial, los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la última crisis han experimentado una notable corrección (tasa de paro, deuda externa, endeudamiento privado) o, cuando menos, han logrado estabilizarse (deuda pública).
Tan favorable es el momento actual de la economía española que corremos el riesgo de no prestar suficiente atención a sus determinantes. Si no entendemos por qué crecemos tanto, menos todavía entenderemos un malestar social que no cesa.
Pese al magro avance en la agenda de reformas estructurales, nuestra economía ha sabido beneficiarse de unos vientos de cola sobradamente identificados (política monetaria y precio del petróleo, principalmente). Hemos seguido disfrutando de una posición fiscal que cabe calificar de expansiva, teniendo en cuenta que el déficit público sigue siendo una asignatura pendiente. Cuestiones de orden geopolítico han alimentado la actividad de un sector turístico que ya gozaba de buenas perspectivas. Sumémosle a estos factores un entorno de razonable estabilidad institucional y una cohesión social que ha mostrado una resiliencia extraordinaria a pesar del deficiente papel jugado por el Estado de bienestar en los años más duros de la crisis. Siendo todo esto cierto, la piedra angular de la recuperación económica es un ajuste draconiano del mercado laboral que ha permitido que, con más de 2 millones menos de ocupados, el PIB de 2017 vaya a recuperar el máximo histórico de 2008.
En este contexto debe enmarcarse el debate actual sobre la normalización de los salarios. Sabido es que, cuando crecen por debajo de la inflación, erosionan el poder adquisitivo al tiempo que permiten incrementar la competitividad empresarial. Esta, a su vez, estimula la creación de empleo. Al contrario, cuando los salarios crecen en línea o por encima de la inflación, protegen o incrementan el poder adquisitivo pero contribuyen a deteriorar la competitividad empresarial, pesando de este modo sobre el empleo (o, al menos, estrechando los márgenes en función de lo que ocurra con la productividad). Con una tasa de paro del 17,2%, muchos analistas consideran que todavía no ha llegado el momento de que los salarios participen del crecimiento, ya que la prioridad debería darse a la creación de empleo.
Además de la extensa literatura que cuestiona que crecimiento y distribución sean objetivos antagónicos (al contrario, existen sinergias entre ambos), el modo singular en que crece la economía española suscita algo más que dudas. En 2008 la productividad media por ocupado ascendía a unos 57.000 euros brutos anuales, cifra que se incrementó hasta los 64.100 euros de 2016 (+12,5%). En ese mismo periodo, la remuneración media por ocupado pasó de 30.100 euros brutos anuales a unos 30.300 euros (+0,8%); esto es, 230 euros sobre los 7.100 euros de incremento de la productividad. Los restantes 6.870 euros pasaron a alimentar la renta empresarial que, a su vez, ha servido de sostén al desapalancamiento, a la inversión y a los beneficios propiamente dichos.
El dato relevante es que el fuerte desendeudamiento llevado a cabo por el sector empresarial en estos años no ha sido óbice para que los dividendos distribuidos por las empresas españolas hayan pasado de 46.200 millones de euros en 2008 a 60.600 millones en 2016 (+31%), incrementando su peso en el PIB desde el 4,2% en 2008 al 5,5% en 2016.
El ajuste de plantillas, las horas extraordinarias no remuneradas, la productividad mal entendida (trabajar mucho no es sinónimo de trabajar bien), la elevada tasa de paro y el debilitamiento de la negociación colectiva son algunos de los factores que parecen estar detrás del reparto asimétrico de las ganancias generadas por el incremento de la productividad desde el inicio de la crisis. El dilema que ahora se nos presenta como irresoluble (a saber, que los salarios sean partícipes del crecimiento económico sin por ello frenar la creación de empleo) pasa por alto el buen comportamiento de los dividendos distribuidos. O empleo o salarios, pero siempre beneficios.
Comoquiera que el peso de los dividendos sobre el PIB viene incrementándose a razón de 0,2 puntos al año desde hace al menos dos décadas, estamos frente un fenómeno que sobrepasa lo meramente coyuntural. En el largo plazo las economías tienden a ser más productivas, al menos en términos aparentes (mano de obra necesaria por cada euro generado), con ganancias que pueden ser exponenciales en aquellos sectores que mejor aprovechan la digitalización y las economías de escala en un mundo cada vez más globalizado. Por eso conviene no perder de vista que esta mejora colectiva de la productividad, a la que no debemos renunciar: i) genera ganadores (rentas del capital) y perdedores (rentas del trabajo), ii) no afecta por igual a todos los sectores de actividad.
El mercado por sí mismo, sin una actuación regulatoria decidida, no sólo no corregirá estos desequilibrios distributivos, sino que los retroalimentará, abriendo un foso cada vez mayor entre los hogares cuya renta única o principal tiene su origen en los rendimientos del trabajo y los hogares cuya renta principal proviene del capital.
Los economistas debemos debatir sobre el diseño y el impacto de esos mecanismos regulatorios, cuya puesta en práctica reclama una dimensión supranacional. Europa tiene el deber histórico de mostrar el camino. Mientras tanto, en lo que se refiere a España, el primer paso debería consistir en admitir que la divisa “crecer primero, distribuir después” corresponde a un estado de excepción en el que nuestra economía ya no se encuentra. Ni el empleo precario, ni la devaluación salarial son estrategias de futuro.
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Nota:
Las cifras de este artículo provienen de la Contabilidad Nacional y de las Cuentas No-Financieras de los Sectores Institucionales (INE), corresponden al total de la economía y se ofrecen a precios reales de 2016. La productividad y los dividendos se han actualizado con el deflactor del PIB. La remuneración por ocupado se ha actualizado con el deflactor del consumo privado. El empleo se mide en ocupados equivalentes a tiempo completo.