El 27 de diciembre se vacunó, por primera vez, en España, de la COVID-19 a Araceli. Dos días más tarde, sin concurso público, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó una licitación a la organización Cruz Roja por valor de 804.098 euros para apoyar en la campaña de vacunación con 25 trabajadores sanitarios durante cinco meses. Con la percha de la emergencia inaplazable, el Gobierno de Ayuso y Aguado reincide y entrega una cantidad importante de dinero público a una entidad privada como Cruz Roja. Una entidad muy importante pero ajena al Servicio Madrileño de Salud y, por tanto, con una eficacia muy limitada.
No es la primera ni la única vez que Cruz Roja se ha prestado a formar parte del plan de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Hace poco más de un año, el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos renovó con la entidad la privatización de las donaciones de sangre que se inició en 2013. Entonces, el responsable de la cartera de Sanidad era Javier Fernández-Lasquetty, el mismo que actualmente es consejero de Hacienda y Función Pública y el responsable de fiscalizar a dónde va el dinero público.
Aquel convenio que se firmó con la organización, en nombre de todos los madrileños, estipulaba que Cruz Roja haría las campañas de donación de sangre en la calle o centros de trabajo a cambio de 67 euros por cada bolsa de sangre que consiguiera. O dicho de otra forma, cada vez que donamos sangre fuera de los hospitales y lo hacemos en las unidades móviles que la Consejería cede a Cruz Roja, la entidad se embolsa un dinero público cuyo monto total puede llegar hasta los 9 millones de euros al año. A pesar de esto, el balance de su gestión del servicio demuestra los límites de la eficacia de este tipo de convenios y no termina de ser la esperada. Las cifras de recogida de donaciones de sangre son muy inferiores a las acordadas en el convenio con la Consejería de Sanidad y están muy por detrás de las donaciones que se aportan directamente desde los hospitales.
Sobre esta externalización/privatización, el Tribunal Supremo ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a mediados de 2019, que reabriese la causa por la que investiga la legalidad del convenio e incluyera como codemandada, además de a la Administración, a la entidad privada. La denuncia partió de la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), quien entendió que aquel acuerdo económico no reporta al bien común y más bien iba a engrosar la cuenta de resultados de la entidad privada, además, del déficit económico que estaba suponiendo a las arcas públicas. El mismo Ejecutivo que prorrogó un servicio a sabiendas de que está abierta una causa judicial, ahora suscribe con Cruz Roja otro polémico contrato vinculado al bien común e interés general: la vacuna que hace frente a la COVID-19 en España.
El hecho de que el dinero público que hay que invertir en el servicio de apoyo a la vacunación frente a la COVID-19 se lo lleve una entidad privada es muy grave, especialmente cuando la Comunidad de Madrid es la autonomía que menos invierte en Atención Primaria de todo el país. Pero, además, el servicio de Cruz Roja sale mucho más caro. Tal y como señala el sindicato de enfermería SATSE, “con el dinero otorgado a Cruz Roja se podría contratar a más de medio centenar de enfermeras/os para reforzar los centros de salud y no sólo 12 como recoge el contrato suscrito con esta institución”.
Llama clamorosamente la atención que la organización, que fija como guía de sus actuaciones el faro de siete principios fundamentales (humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad) sea parte en este tipo contrataciones en las que se desvía dinero público a intereses político que se niegan a apostar por la sanidad publica. Tanto en la privatización en la Comunidad de Madrid de las donaciones de sangre como de la campaña de vacunación por COVID-19, esos servicios sustituyen a otros de carácter público y que necesitan de esa inversión económica para paliar los efectos perversos de la infrafinanciación de la Sanidad, como ha denunciado Amnistía Internacional. Prestarse a ello “ingenuamente” es ser parte del lavado de cara de la privatización sanitaria que está llevando a cabo el PP en Madrid.
Quizá, es el momento de que Cruz Roja esta vez diga 'No' y se sume a la campaña que ha lanzado la Asociación Madrileña de Enfermería #SoyEnfermeraYoTeVacuno en vez de activar una paralela con un hashtag que dice #ProtegerLaHumanidad. Bien deben saber, con más de 156 años de historia trabajando en beneficio y atención a los colectivos más vulnerables, que la Humanidad no se puede proteger si se desmantela el sistema de Salud. Algo que, dados los antecedentes de las distintas consejerías de Sanidad de Madrid, desde Lamela hasta llegar a Ruiz Escudero, el mejor ejercicio de imparcialidad, neutralidad e independencia sería presionar para que ese dinero se destine a la Atención Primaria. La diferencia entre asistencialismo y Estado de bienestar es la importancia de reconocer y exigir que la agilidad y la eficacia sean una obligación de las administraciones públicas y que la función pública no se delegue en entidades privadas a cambio de dinero, aunque sea en labor humanitaria.