Cuidado de los suelos y soberanía alimentaria: dos conceptos interrelacionados

Según la ONU, cada cinco segundos se erosiona una superficie de tierra equivalente a un campo de fútbol. Esta es una tendencia creciente y acelerada ante el cambio climático. La pérdida de vegetación, el incremento de los incendios forestales, la sobreexplotación del agua y la mayor frecuencia de sequías son algunos de los factores que a su vez están relacionados con el aumento de las temperaturas globales y que provocan la degradación de los suelos.

En el contexto europeo, España es uno de los países más amenazados con la desertificación. Cada año pierde más de 500 millones de toneladas de suelo y casi el 74% de su territorio es susceptible de desertificación.

Dentro de las consecuencias más preocupantes que acarrea la erosión está la amenaza de terminar con la fertilidad de la tierra y por tanto con la capacidad de producción de alimentos. Para alertar y promover acciones ante el problema de la erosión se celebraba el 5 de diciembre el día mundial del suelo, como sucede desde el 2012. Este año la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ha sugerido como lema y temática “Detengamos la erosión del suelo, salvemos nuestro futuro”.

Esto a su vez está enmarcado en elobjetivo número 2 “hambre cero” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, específicamente en la meta 2.4 que plantea la necesidad de “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra”.

España, en su último informe de progreso de la implementación de la agenda 2030, de septiembre de este año, destaca como acción relacionada con el objetivo 2 el impulso al Programa Nacional de Desarrollo Rural. Respecto al punto específico de la erosión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) plantea dentro del plan EstratégicoPAC (Política Agrícola Común) post 2020 el objetivo 5: “Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos naturales tales como el agua, el suelo y el aire”.

Dentro de las medidas propuestas a nivel global y nacional desde los organismos internacionales e instituciones estatales, es notoria la ausencia de la consideración de la interrelación de la soberanía alimentaria con el cuidado de los suelos, de la alimentación de las sociedades y del tejido campesino de producción de alimentos.

La soberanía alimentaria, propuesta por la Vía Campesina, Movimiento Campesino Internacional, es “el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce así mismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos así como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio”.

Si bien existe la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición, el énfasis de su labor se encuentra en la legislación para el control de riesgos de la cadena alimentaria. Esto quiere decir que la seguridad de la alimentación no se vincula con la protección y/o tránsito a métodos de producción que cuiden a largo plazo los medios de producción necesarios, entre estos el suelo fértil, para procurar una alimentación sana, diversa y local para la población.

Además, se sigue partiendo de la idea de la necesidad de incrementar la producción como si el problema del hambre en el mundo fuese la escasez, a pesar de que es sabido que tiene como causa principal la mala distribución y la especulación alimentaria.

Al priorizarse el aumento de la productividad, se está incentivando la continuidad de la acumulación del control de la producción de alimentos en manos de grandes trasnacionales que conforman la cadena alimentaria industrial.

Esto quiere decir que grandes trasnacionales como Monsanto seguirán siendo la punta de lanza en el ámbito agrícola y alimentario y son las que recibirán el gasto público de los países destinado a estos ámbitos, priorizándose con esto el lucro de la agroindustria con la privatización de bienes comunes como las semillas. Como consecuencia presenciamos la pérdida de la diversidad genética: la agroindustria usa solo 16 especies de cultivos para el 86% de su producción, mientras que las redes campesinas crían, protegen y donan al mundo más de 2 millones 100 mil variedades de plantas comestibles.

La pérdida de diversidad genética no es cosa menor, la uniformidad genética provoca enfermedades que ponen en gran riesgo los cultivos. Esto a su vez significa una muy baja rotación de cultivos que es una de las causas de agotamiento de los suelos.

Aunado a lo anterior, al focalizar la solución en técnicas que aseguren la mayor producción soportando las nuevas condiciones climáticas, se apuesta por la modificación genética de las semillas que no solo ha conducido a su privatización, sino también almayor uso de pesticidas nocivos para la salud.

Finalmente, además de acaparar los recursos económicos públicos, parece que se ignora el hecho de que el total de la cadena de la industria alimentaria genera un alto costo energético y ecológico cubierto por todo el mundo: produce entre el 11% y 15% de los gases de efecto invernadero; el 15% a 18% de la deforestación, contamina el 70% del agua potable; representa del 15% al 20% de transportes, procesamientos de empacados y refrigeración; en suma del 44% al 57% de todas las emisiones que provocan el cambio climático. Lo más contradictorio es que esta cadena no alimenta a más del 30% de la población de la Tierra.

En cambio, el 70% restante de la población planetaria se alimenta de la denominada red campesina que protege la soberanía alimentaria de los pueblos. El cuidado del suelo y su fertilidad es parte esencial de los métodos de producción de dicha red.

Es urgente el replanteamiento de las políticas y acciones dirigidas al cuidado de los suelos y la alimentación. La canalización de los recursos públicos debe redirigirse a las redes campesinas que priorizan la agricultura ecológica, basada en la diversidad genética y cuidado de los ecosistemas locales. La comprensión de la interrelación entre los problemas ecológicos y el agotamiento de los métodos de producción industriales es el primer paso para emprender acciones eficaces, en este caso, para evitar la pérdida del suelo y asegurar la soberanía alimentaria.

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