La situación política es tan enrevesada y llena de incógnitas que no hay más remedio que especular para tratar de entender qué está pasando y, lo que es más difícil, lo que puede pasar. Sólo hay algo seguro: la incertidumbre va a seguir, día tras día, hasta que haya nuevas elecciones. Desterremos por tanto el término “estabilidad” del lenguaje político, porque no se va a dar hasta entonces. Como pronto.
Y vayamos a lo inmediato: la ley de amnistía. Lo más probable es que se apruebe tras una negociación, de urgencia, en la comisión del Congreso. El PSOE podría perfectamente hacer alguna concesión no sustancial que permitiera a Junts decir que su rechazo inicial, sorprendente y tormentoso, ha valido para algo. Por muy esencialista y resistente que quiera ser Carles Puigdemont, no parece posible que él y su partido estén dispuestos a arrostrar el descrédito que supondría rechazar la amnistía que se les ofrece. Si, además, Sánchez se muestra dispuesto a orquestar desde ahora mismo una panoplia de medidas para hacer frente, y superar, la contraofensiva judicial que se desencadenará para entorpecer o frustrar la ley, la cosa podría salir.
Entre las bases socialistas, y también de Sumar, hay indignación con la gente de Junts. Y muy poca disposición a negociar con ellos. No pocos miembros del PSOE preferirían que la izquierda se liara la manta a la cabeza y se aprestara a afrontar unas elecciones generales, ahora o más tarde, antes que ceder nada a Puigdemont y los suyos.
Pero no parece que Sánchez y la cúspide socialista piensen igual. De ahí que un acuerdo de última hora sea aún posible, que la ley salga al final y que, después del susto de estos días, el Gobierno se apreste a recuperar su camino, empezando por abrir el debate presupuestario.
Puede ser. No hay que descartarlo. Pero esa salida a corto plazo no va a resolver las grandes dificultades de supervivencia con las que se va a encontrar el Gobierno aun superando el escollo de la aprobación de la ley de amnistía. Para empezar, con la aplicación de la ley misma.
Porque se ha visto demasiado a las claras que un grupo de jueces influyentes –que incluye no sólo a Manuel García Castellón y a Joaquín Aguirre, por encima de los cuales se alza la sombra del todopoderoso Manuel Marchena– están dispuestos a inventarse lo que sea para torpedear la línea de flotación del Gobierno, siguiendo las órdenes que hace unos meses impartió José María Aznar.
Esa va a ser una dura batalla. Y es perfectamente posible, aunque podría ocurrir lo contrario, que Pedro Sánchez y Carles Puigdemont no vayan a combatirla tan unidos como haría falta. Cabría pensar que Junts estará con el hacha preparada para golpear al Gobierno, acusándolo de debilidad frente a los jueces, a poco que su reacción frente a las dificultades que puedan poner éstos no sea todo lo contundente que querrían los independentistas. Y pedir a Sánchez y a Bolaños que declaren la guerra al poder judicial es un sinsentido, por muchas barbaridades que estén haciendo algunos de sus miembros.
Pero lo de los presupuestos va a ser aun peor. Porque el apoyo de Junts sería imprescindible para aprobarlos. Y no hace falta ser un experto para pronosticar que ese objetivo va a ser muy arduo, sobre todo porque cuando empiece su discusión, si es que empieza y no se prorrogan las cuentas actuales, la campaña para las elecciones catalanas estará prácticamente en marcha y Junts sacará todo su arsenal para distinguirse de Esquerra y también para marcar sus distancias con Madrid.
En definitiva, que la legislatura que seguiría a la posible aprobación de la ley de amnistía sería un tormento para el Gobierno desde un primer momento. Si, además, el PP consigue la mayoría en Galicia y un buen resultado en las elecciones europeas de junio, el panorama para Pedro Sánchez y para la izquierda se ennegrecería aun más. Resultados de signo contrario, es decir, derrotas de Feijóo en ambos escenarios, o incluso en uno sólo, darían nueva fuerza al Gobierno de coalición.
Habrá que esperar por tanto a conocer esos resultados para hacerse una idea de conjunto. Es decir que, hasta junio, y siempre que en breve se apruebe la amnistía, no cabe esperar movimientos importantes. Pero, a partir de entonces, cabe esperar hasta una disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Cuyo resultado, por cierto, no tiene que ser necesariamente negativo para la izquierda, aunque el ambiente actual así lo haga presagiar.
El golpe que Carles Puigdemont y Junts han propinado el martes a Pedro Sánchez y a la izquierda va a pesar sobre el devenir de la política española durante mucho tiempo. El entendimiento con el independentismo más radical, aunque sea de derechas, se ha demostrado imposible y ese dato no parece ya reversible, aunque en política siempre hay ocasiones y caminos para paliarlo provisionalmente. Pero no se puede construir un proyecto con ese déficit de partida. Y, por tanto, ya no hay proyecto. Habrá que ver cómo se las arreglan unos y otros para tirar hacia adelante sin provocar mayores daños. Sobre todo, a la economía. Que parece que es lo único que aguanta en esta España. Es también de esperar, aunque sin excesiva confianza, que los males que sufre nuestra política interna no limiten la acción de la diplomacia en un momento en el que el mundo amenaza seriamente con tormenta.