Es evidente que el Gobierno trata de enredar a los ciudadanos con cifras y datos que no se corresponden con la realidad, en su intento desesperado de vender una recuperación económica que sólo parece haberse asomado a la cuenta corriente de esos 20 españoles más ricos que igualan los ingresos del 20% de la población más pobre, según el informe de Oxfam conocido esta semana. A qué, si no, puede responder el empeño en manejar a su antojo los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que depende, por cierto, de ese “magnífico ministro de Hacienda” (Rajoy dixit) llamado Cristóbal Montoro.
Desde los altavoces gubernamentales se insistía este jueves en que el paro descendió en 69.000 personas en 2013, cuando la realidad que recoge la EPA es mucho más triste, porque en esos últimos 12 meses se destruyeron 198.900 puestos de trabajo y la población activa –la que conforman los mayores de 16 años en condiciones de trabajar– disminuyó en 267.900 personas, que son aquellas que han desistido de buscar empleo, han emigrado o eran inmigrantes que han regresado a sus países. Algo que ocurre cinco años después de que empezara la crisis y cuando parece que ya no debería quedar más empleo por destruir.
El empeño en contradecir la realidad no es nuevo. Hay ejemplos múltiples. Montoro asegurando que los salarios no bajan en España sino que suben moderadamente, por citar alguno. Pero la mayoría de las afirmaciones engañosas tienen relación con el paro. Sin ir más lejos, hace menos de dos meses, el 27 de noviembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en el Congreso de los Diputados que “este año ya no se ha destruido empleo”. Una afirmación que la EPA desmiente.
Y un día tras otro se escucha a representantes del Ejecutivo decir con su lengua de madera que el paro baja, que ya se crea empleo..., como si los destinatarios de esos mensajes fueran marcianos recién llegados al planeta Tierra y no la sociedad española que acoge en su seno a casi seis millones de parados, muchos de ellos ya sin subsidio, y a otros tantos o más millones de personas que aún tienen trabajo, pero sufren la precariedad laboral y las rebajas salariales.
Se ve que el Gobierno tiene mucho interés en convencer a los ciudadanos de que la cosa va bien. Para que recuperen la confianza, dicen ellos, aunque más bien parece que el objetivo es recuperar votos ante las citas electorales inminentes. No se entiende, sin embargo, que ningún asesor áulico les explique que insistir en mensajes que se dan de bruces con la realidad cotidiana de los españoles acabará volviéndose en su contra. Que negar la evidencia del paro, del empobrecimiento y de la precariedad sólo puede generar más irritación. Porque nadie parece otear en el horizonte una recuperación sólida, que aporte estabilidad laboral y económica a los ciudadanos, con empleos bien remunerados y no de contratos basura, y que contribuya a reducir la desigualdad entre ricos y pobres con políticas de redistribución de la riqueza.