Basta mencionar el tema para que aflore la cruda realidad. En este caso el lío lo empecé yo, casi sin quererlo. Hice público en Twitter el caso de mi madre, de 86 años, a la que Vodafone impedía cancelar la portabilidad de su línea telefónica con todo tipo de engaños y malas artes. Fueron tantos los tuiteros que se sintieron identificados que, inmediatamente, llenaron la red con sus comentarios y sus particulares denuncias. En menos de 48 horas, este #MeToo no premeditado acumuló cerca de un millón de impresiones, 45.000 interacciones y, lo que es más significativo, un sinfín de gritos desesperados rebosantes de indignación e impotencia. Miles de ciudadanos denunciaban haber sido estafados por una u otra compañía de telecomunicaciones con mensajes como los que encabezan este artículo.
La repercusión fue tan grande que, finalmente, un educado y amable trabajador de Vodafone me contactó para pedirme disculpas y comprometerse a facilitarme una salida. Mi respuesta, más allá del agradecimiento personal al operador, fue pedirle que se comportaran con la misma consideración con todos y cada uno de los afectados, no solo conmigo. Le dije que era consciente de que si acababan resolviendo mi problema no era por buena voluntad, sino porque mi queja se había hecho viral. Por todo ello le informé de que seguiría adelante con mi denuncia pública y privada. Como ciudadano formalizaré una demanda ante las administraciones competentes. Como periodista he publicado en un hilo de Twitter, por su interés informativo, los audios que demuestran la retorcida e inmoral estrategia que utiliza esa compañía para impedir que los consumidores puedan ejercer sus derechos.
Que nadie piense que acabo de caerme del guindo. Soy consciente desde hace años de esta situación y quizás por eso resulta más grave que todo siga exactamente igual. “Si ocurren estas cosas es fruto de la impunidad con la que actúan”, me dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua. “El sector de las telecomunicaciones siempre es el primero o el segundo más denunciado ante nuestra asociación. El problema es que les sale gratis. Apenas hay sanciones y cuando las hay son ridículas. Además, el consumidor a lo más que aspira es a recuperar lo que es suyo. Tiene que meterse en largas batallas legales y, si gana, no tiene derecho a ser indemnizado. Debería cambiarse la ley para establecer indemnizaciones como ocurre, por ejemplo, cuando un pasajero sufre un retraso grave en su vuelo”. La pregunta que me viene a la cabeza es obligada y, a la vez, simple: ¿Por qué las administraciones no actúan para evitar estos abusos conocidos y reconocidos? Sánchez me responde, como siempre, sin pelos en la lengua: “Ocurre como con las eléctricas. Las administraciones no sancionan con dureza ni mejoran la regulación porque las grandes telecos son lobbies muy poderosos y porque la protección al consumidor en España está dejada de la mano de Dios”.
Lobbies poderosos que tampoco velan por sus trabajadores. Precisamente Vodafone, la compañía sobre la que más comentarios negativos se vertieron en ese desahogo tuitero, quiere ejecutar un expediente de regulación de empleo. Su objetivo es despedir a más de 1.200 de sus trabajadores, un 25% de su plantilla. Y ello a pesar de que, tal y como denuncia su comité de empresa, el pasado año pagó más de 40.000 horas extras y tiene buena parte de sus servicios externalizados. Engañan a sus clientes y despiden a sus empleados. ¿Cuál es la aportación a nuestra economía y a nuestra sociedad de empresas como esta?
Más allá de ese caso concreto, resulta evidente que el consumidor es el actor más débil en esta gran tragicomedia que dirigen las grandes empresas de telecomunicaciones con la complicidad de nuestros políticos. “Tenemos que autoorganizarnos porque la presión social es la que consigue cambios y debemos denunciar estos abusos”, insiste Rubén Sánchez. “No podemos consentir que estas malas prácticas queden sin denuncia. Lo que a ti te ha pasado, al igual que a muchos otros consumidores, se puede resolver yéndote a otra compañía… pero, entonces, aquí parece que no ha pasado nada. Lo que hay que hacer es denunciar a la empresa y exigir a la administración que le ponga una multa”. Yo pienso seguir estos consejos: denunciar, denunciar y después… denunciar. Las grandes telecos, al igual que las eléctricas, se aprovechan de nuestra indefensión para intentar agotarnos, para colmar nuestra paciencia y que acabemos tirando la toalla. No caigamos en su trampa.