El drama sanitario que estamos viviendo, y el que nos espera en los próximos días y semanas, es una catástrofe anunciada. Ni uno solo de los expertos que hablaron en los medios durante los primeros días de diciembre dejó de advertir, casi siempre en tonos extremos, de que las celebraciones navideñas constituían un riesgo enorme para que la pandemia se agravase, que había que tomar medidas drásticas para evitarlo. No se tomaron. Y el resultado ha sido el previsto. Parece mentira.
Pocos subrayaron que las polémicas afirmaciones de Fernando Simón – “hemos celebrado unas navidades más relajadas de lo que debíamos”- encerraban una crítica dura contra las autoridades. Entre ellas, contra aquella de la que depende: el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué el Gobierno, conociendo como conocíamos todos, los temores de los expertos, no tomó medidas para impedir que en Nochebuena, en Navidad, en Año Viejo y el 1 de enero tanta gente se olvidara de la COVID-19? ¿Por qué Sánchez permitió que algunas comunidades ampliaran el toque de queda hasta la 1.30 y que hasta entonces el personal anduviera por las casas y las calles como si no pasara nada?
Mucha gente, pero no toda. Millones de ciudadanos fueron más prudentes que las autoridades y redujeron al mínimo sus celebraciones y contactos. Muchos cenaron solos o con su pareja. Habría que preguntarles qué opinan de aquel desmadre amparado por el poder político. Ya sabemos lo que piensan no pocos sanitarios que en estos días se ven superados por la oleada de contagiados que acuden a sus hospitales.
¿Qué impedía a Pedro Sánchez dar un golpe sobre la mesa y contradecir con actuaciones concretas a los dirigentes regionales del PP que proclamaban que “había que salvar las navidades”, seguramente atendiendo a la consigna que les había llegado de la sede central de la calle Génova, en Madrid?
Tenía en sus manos un estado de alarma aprobado por el Parlamento. Puede que con eso bastara. Pero si ese instrumento no era suficiente para ordenar un cierre drástico del país durante las celebraciones navideñas, podía haber propuesto, por la vía de urgencia, que el Congreso aprobara una modificación del mismo que lo permitiera. Claro, había que pasar el trago de un debate que seguramente iba a ser como los de la primavera pasada, con el PP y Vox en pie de guerra y con el argumento de la izquierda no quería que los españoles fueran felices durante unas horas. Pero el empeño merecía eso y mucho más.
¿Hubo miedo a ese enfrentamiento? ¿O no se quería estropear una marcha que, aparte de la pandemia, no le disgustaba al PSOE? Lo cierto es que cada comunidad hizo de su capa un sayo. Y que estamos donde estamos. Lo ocurrido durante las navidades, que en un país normal se consideraría gravísimo, ha merecido un silencio atronador por parte de todos los partidos políticos. Mejor no hablar de aquello, no vaya a ser que unos y otros salgan tocados. Los grandes medios han aceptado sin rechistar esa consigna.
Y ahora vuelve la demagogia, cuando cada día mueren entre 350 y 400 personas. Y el PP -olvidado aquello de salvar las Navidades- se saca de la manga que la solución está en adelantar el toque de queda a las ocho. Y el Gobierno dice que no hace falta. Que con los mecanismos que prevé el estado de alarma se puede doblegar la curva de contagiados que sube cada día que pasa. “Como ocurrió en la segunda ola”, afirma Illa. Sin añadir que la curva se cayó sí… pero sólo hasta los 200 casos, una cifra que la OMS considera de alto riesgo.
¿Por qué se opone el Gobierno a instrumentar esa medida? ¿Sólo para no conceder un tanto al PP o porque, como están difundiendo discretamente sus portavoces, porque un debate descarnado en el Congreso como el que se requeriría para aprobar esa modificación no sería conveniente? ¿Para quién? ¿Para el Gobierno o para el país, siempre en el supuesto de que ese temor al enfrentamiento con la derecha sea el verdadero motivo de la negativa?
Dicho sea de paso, los expertos consideran que ese adelanto del toque de queda podría ser adecuado para frenar la ola, aunque ninguno cree que sería la panacea que están vendiendo algunos portavoces del PP. Opinan, en cambio, que la solución estaría en una reducción de la movilidad cercana a la que dictó en los meses de marzo y abril. Obviamente, con el cierre de la hostelería y del comercio.
Los especialistas no entran a opinar qué compensaciones habrían de darse a los comerciantes. No sabemos si el Gobierno tiene planes sobre cómo hacer frente a ese desafío económico. Pero es posible que, en breve, si la pandemia no cede tal y como pronostica Illa, ese asunto esté en el centro de la acción política. Que ese confinamiento extremo, que probablemente no total, sea realidad dentro de muy poco.
Puede que sí o puede que no. Porque lo cierto es que no sabemos qué estrategia tiene el Gobierno español para hacer frente a la COVID-19. Cierto es que tampoco parecen tenerlo claro los gobiernos de los países de nuestro entorno, tan afectados como el nuestro por la pandemia -aunque algunos indicadores harían pensar que nosotros vamos por delante en los últimos días-.
Aparte del miedo, que lo hay a raudales y no solo entre los mayores, también hay incertidumbre entre la gente. Que el Gobierno no ayuda a reducir. Porque los silencios de Illa, que pueden convenir a su imagen del líder sereno que necesita Cataluña, por no hablar del silencio de Pedro Sánchez, no tranquilizan a nadie. Y a algunos puede que le produzcan el efecto contrario: el de llevarlos a pensar que el Gobierno no tiene ni idea de por dónde tirar. Y para completar el lamentable panorama, de lo que empiezan a dudar cada vez más personas es de que las vacunas vayan a ser la panacea que se ha dicho hasta ahora. Hasta ahora no hay motivo serio alguno que sostenga esos recelos -salvo la eventual ineficacia de las vacunas contra la variante sudafricana, asunto aún no del todo aclarado-. Pero eso es lo que hay en el ambiente. Que no es precisamente bueno.