Es la hora del cambio, también para la política económica

Una cosa tienen en común el escenario actual y la situación previa a la crisis: España es presentada en los foros internacionales como un modelo de éxito económico. En los años previos a la crisis fuimos la patria del crecimiento económico y la creación de empleo. España “iba bien” y a nadie parecía importarle que esto fuese a costa de un enorme endeudamiento externo, difícilmente sostenible en el tiempo y que determinó la crisis más importante del país desde la década de 1930.

Hoy, de nuevo, España es presentada por los organismos internacionales como ejemplo, en este caso del impacto positivo que pudieran estar teniendo las políticas de la Troika. Nuestra economía ha abandonado los números rojos y muestra una tasa de crecimiento interanual del 1,6%. Y sin embargo, las previsiones no son buenas pues los grandes problemas del país son persistentes y algunos incluso se agravan.

Al ritmo actual de creación de empleo, el principal problema de la economía española  –un desempleo del 23,7%– se prolongará varias décadas. La renta por habitante sigue siendo hoy menor que la de 2004, e igual a la de hace 16 años cuando dicha renta se compara con la media europea. Los salarios reales, que han perdido en término medio un 13% de capacidad adquisitiva durante la crisis, continúan reduciéndose. Y la inflación interanual se sitúa, por sexto mes consecutivo, en datos negativos y nos acerca peligrosamente al temido escenario de la deflación.

Además, problemas que estaban en la base de la actual crisis se han agravado: somos el país de la OCDE donde las desigualdades han crecido más rápidamente durante los últimos años y la deuda externa ha seguido creciendo, pasado del 140% del PIB en 2008 al 165% actual.

La estrategia impuesta a los españoles por la Troika y por el Gobierno de Rajoy no funciona. Carga sobre las espaldas de las clases medias y las clases populares los costes de la crisis, y además no facilita la recuperación. Esta política no ha solucionado los desequilibrios macroeconómicos españoles, sino que se ha limitado a desplazarlos: la corrección del déficit externo se ha hecho a costa de reducir la demanda interna y multiplicar el desempleo; la reducción del déficit público, vía recortes sociales, ha generado un fuerte incremento de las desigualdades; los problemas de solvencia del sector bancario han sido atajados aumentando la deuda pública.

El dilema político que los españoles tienen ante sí en los próximos meses –protagonizados por un intenso ciclo electoral– es el de elegir entre dos escenarios futuros: o bien la continuidad de las políticas actuales y, con ello, la prolongación de una década perdida y el riesgo de deflación, o bien un cambio que impulse una política económica alternativa centrada en defender los intereses de la mayoría social.

En España sólo el nuevo partido surgido de la indignación popular frente a los recortes, Podemos, representa en este momento una posibilidad real de impulsar esta política alternativa. Las encuestas electorales así lo atestiguan. Esta alternativa, entre otros elementos, debe impulsar cuatro cambios.

En primer lugar, es necesario revertir la austeridad fiscal y circunvalar el Pacto Fiscal. En una intensa recesión de balances como la nuestra, con hogares y empresas asfixiados por los efectos de la deuda privada, sólo la política fiscal puede activar el crecimiento, la creación de empleo y la recuperación de los derechos sociales. La puesta en marcha de un ambicioso plan de inversión pública es vital sin queremos mejorar la productividad de nuestro tejido productivo, y abrir una senda de descarbonización y transición energética.

En ausencia de una política fiscal expansiva, y dada la actual situación de “trampa de liquidez” en la que vivimos, la reciente decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda pública siguiendo un programa similar al quantitative easing implementado por la Reserva Federal estadounidense no bastará para impulsar la recuperación. Es más, una política monetaria tan expansiva, al implementarse junto a una política fiscal de signo contrario, entraña un importante riesgo de exceso de liquidez en los mercados de capitales, con el consiguiente incentivo a la formación de nuevas burbujas financieras.

Esta política fiscal tiene que venir además acompañada de una intensa reforma tributaria que persiga el fraude y elimine las muchas exenciones fiscales de las que se benefician las rentas más altas y las grandes sociedades. Hacer que el tipo efectivo y el tipo nominal converjan debe ser una vía importante para incrementar la progresividad del sistema.

En tercer lugar, la devaluación salarial debe concluir para dar paso a un crecimiento impulsado por los salarios. En Europa más del 80% de la demanda agregada responde a la demanda interna, y las exportaciones tienen un peso limitado.  Además, dos tercios del comercio exterior tiene lugar entre los propios socios. No es posible por tanto que la estrategia de devaluación interna funcione para un país, y menos para todos a la vez. Si algo hemos comprobado con esta política es que las escasas ganancias de competitividad que se derivan de las reducciones salariales son ampliamente contrarrestadas por el hundimiento del consumo privado y de la demanda interna.

Finalmente, una verdadera alternativa económica para España no puede obviar el mayor de sus problemas. Es necesaria una reestructuración de la deuda pública y privada, dado el elevado stock acumulado, el oneroso pago de intereses y el lento proceso de desapalancamiento actual. Sin esta reestructuración, el gasto de los hogares, la inversión empresarial y la capacidad de nuevos gobiernos de desarrollar una política expansiva seguirán estando muy limitadas.

El mejor escenario sería sin duda que las anteriores propuestas se pudiesen coordinar a escala europea, empezando por los propios países periféricos. No obstante, no es posible seguir demandando más sacrificios a la sociedad española a cambio de dudosos beneficios. En ausencia de una clara voluntad política de coordinación supranacional aquellos gobiernos que aspiren a defender verdaderamente los intereses de la mayoría social deberán avanzar, si fuese necesario, de forma unilateral.