El juicio que lo contamina todo
La legislatura comienza como acabó. Con el Gobierno socialista atrapado entre las tres derechas, que le atribuyen pactos ocultos con los independentistas, y los socios catalanes de la moción de censura compitiendo en radicalismo, afeando a Pedro Sánchez y Miquel Iceta que formaran parte del bloque del 155 y reclamándoles interferencias políticas en el juicio del procés que saben que son imposibles de cumplir.
A pesar de la derrota en las urnas de los apóstoles de la crispación y del frenazo a las expectativas de la extrema derecha, nada parece haber cambiado con respecto a Catalunya y nada parece que cambiará en el corto plazo. Al menos hasta que se celebren las elecciones europeas y municipales del próximo 26 de mayo y hasta que, a mediados de junio, con la Fiscalía lanzada para mantener la acusación por rebelión, el Supremo deje visto para sentencia el juicio, que se ha enrarecido esta semana con la declaración de testigos más proclives a expresar sus opiniones políticas que a esclarecer los hechos que se juzgan.
La vista oral, que afronta este próximo mes su fase definitiva con la práctica de la prueba pericial y documental y la presentación de los informes de conclusiones de las partes, y las elecciones, en las que vuelven a competir el exilio de Puigdemont y la vía del martirio escogida por Junqueras, lo contaminan todo. Con la particularidad de que la parálisis que vive el Parlament desde diciembre de 2017 amenaza también con trasladarse al Congreso y al Senado, donde este martes Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull tomarán posesión en persona de sus actas como parlamentarios.
Quienes están siendo juzgados en el Supremo por rebelarse contra la Constitución tendrán que jurar o prometer su cumplimiento en un trámite que ha sido autorizado por el tribunal del procés porque los reglamentos de las Cortes exigen la presencia física de los electos, a diferencia de lo que ocurrió en enero de 2018. Entonces el juez instructor, Pablo Llarena, rechazó el traslado al Parlament de los presos sacándose de la chistera que se encontraban en situación de “incapacidad legal prolongada” y alegando que durante los traslados desde la cárcel podían producirse “graves enfrentamientos ciudadanos”.
Después llegará el turno de la Mesa del Congreso, en la que tendrán mayoría PSOE y Podemos con la representación del PP y Ciudadanos y la ausencia del resto de partidos. Este órgano decidirá si suspende automáticamente en sus funciones a los electos, como recomendó en su último auto el tribunal en aplicación del Reglamento de la Cámara y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece esa medida para los procesados por rebelión que se encuentran en prisión provisional.
Aunque más importante será cómo se articula esa suspensión y hasta dónde llegan sus efectos. Si la Mesa permite la delegación del voto de los dirigentes independentistas en sus compañeros de grupo, como se hizo en el hemiciclo catalán, los equilibrios en el Congreso quedarían intactos y la investidura de Sánchez dependería del apoyo de los independentistas o la consecución de abstenciones en segunda vuelta. Si se veta esa posibilidad, el umbral de la mayoría se rebajaría hasta los 174 escaños, lo que allanaría su camino hacia La Moncloa.
Además, la inaudita decisión de ERC y Junts per Catalunya de negarse a ratificar a Iceta como senador de designación autonómica, lo que impide su elección como presidente de la Cámara Alta, enfanga aún más el terreno de juego y vuelve a derivar a los tribunales una cuestión que debería ser exclusivamente política. En todos los parlamentos autonómicos españoles, con la vergonzante excepción de la paralización durante seis meses de la candidatura de Leire Pajín en el Parlamento valenciano con más imputados por corrupción de la historia, ese trámite se ha solventado sin margen para el veto de las fuerzas políticas mayoritarias, que con este nuevo criterio pasarían a escoger a todos los senadores autonómicos.
La Constitución, de hecho, consagra el derecho de participación política y del acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, mientras que el Estatut y el Reglamento del Parlament recogen que la designación de senadores autonómicos debe realizarse “de forma proporcional al número de diputados de cada grupo parlamentario”, de forma que el Pleno únicamente tiene la potestad de “ratificar esa decisión”.
La mayoría de expertos en derecho constitucional creen que el recurso de amparo presentado por los socialistas catalanes ante el Constitucional podría prosperar aunque su consecuencia última sería la anulación del acto impugnado, es decir, de la votación en el Parlament, que tendría que volver a realizarse. Sin embargo, ese recurso difícilmente se estudiará antes del martes, día en el que el Pleno del Senado se reunirá para constituirse y elegir a su próximo presidente. Demasiado tarde para Iceta, víctima de un ambiente en el que todo está contaminado.
