El Estado, la Justicia al desnudo
Ya sé que lo urgente es hablar de la convocatoria electoral, pero prefiero hablar de lo importante que no nos es tan evidente porque de eso se encargan nuestros amos. Cómo evitarnos presenciar el juicio más importante tras la muerte de Franco. El juicio del 23-F fue una formalidad tras el 'pacto del capó', el golpe de Estado fue la corrección definitiva del rumbo de la Transición y marcó el futuro hasta aquí, pero el juicio a los dirigentes políticos y sociales catalanes es el gran juicio de “la democracia española”, como definió el fiscal, que se ve atacada por esas nueve personas y otras exiliadas en Europa.
Los televidentes españoles no disfrutaron en su día del servicio que le deberían haber dado sus televisiones al hurtarles las imágenes de las cargas de la Policía Nacional y Guardia Civil contra personas desarmadas e indefensas, no les permitieron ver en qué consistía el “¡A por ellos!”. Ahora esperaba, ingenuamente, que TVE emitiese la verdad de este juicio, que les permitiera a los televidentes españoles ver y oír con sus ojos y oídos para poder tener una opinión propia, sin estar cocinada previamente en la redacción y bien rebozada con valoraciones. Pero no. TVE sólo emite voz e imágenes del juicio en directo para Catalunya, como si eso fuese un problema local, exclusivo de los catalanes y no del conjunto de la ciudadanía española.
Pero quienes hemos podido tirar de Internet hemos podido comprender por qué velan esas imágenes y voces: precisamente porque revelaron la ruina y la podredumbre de las entretelas de una institución fundamental del Estado, la Justicia.
Sabíamos por Ignacio Cosidó que la sala estaba controlada “desde atrás” por quien puso al juez, el PP. Sabíamos de los enchufes familiares entre jueces y fiscales. Sabíamos que Lesmes, el hombre escogido por el PP para presidir el máximo organismo de gobierno de la Justicia, le había escrito al juez del juzgado trece de Barcelona: “cambiaste (el rumbo) de la historia misma de este país”, “(te has transformado) en la medida de todos nosotros, los jueces”. Un juez que inició una investigación preventiva y que ordenó pero luego negó y finalmente tuvo que reconocer que había ordenado interrogatorios “preventivos” a cargos de la Generalitat. Con ese panorama era con el que nos acercábamos al juicio pero lo que hemos podido ver y oír es, si cabe, más aterrador.
Oriol Junqueras y Joaquim Forn cumplieron su papel de reos del modo que les correspondía, casi con profesionalidad. Cada uno siguiendo su estrategia, Junqueras según el modelo de Gandi o Mandela ofreció una imagen incontestable de ciudadano probo y decente que desea lo mejor para los demás, empezando por el país al que siente pertenecer. Su exposición la hizo basándose en su realidad personal y fue tan detallada porque siente que dice su verdad, sólo desde la mala fe se le podría retratar como ese hombre lleno de odio que nos llevan contando. Escogió no defenderse porque sabe que está condenado de antemano y prefirió apostarlo todo a un mañana en el que la sociedad catalana crea que puede encontrar en él una referencia moral fundacional. Es una estrategia arriesgada pero en un proceso histórico como este cabe todo.
Forn escogió enfrentarse a las acusaciones del Estado y de los fascistas de VOX, contestando al interrogatorio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Las preguntas se basaron en las investigaciones del juzgado Nº13 de Barcelona, en la instrucción de Llarena y en el relato entregado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. No sabemos si ese relato lo escribió el capitán de los antidistubios que en aquellos días gritó borracho, sujetando a un camarero por el cuello en un bar de Barcelona: “¡En Barcelona soy la puta ley y se cierra el bar cuando lo diga yo!”; pero sí sabemos que por parte de la Guardia Civil fue el oficial Baena quien firmó treinta y cuatro de esos informes. Para valorar la buena fe, la profesionalidad y la confianza que merecen estos informes basta leer uno de los tuits escritos por Baena contra los independentistas de su cuenta 'Tácito': “Ponga las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza”. Según yo lo veo es una burla y una amenaza intimidatoria a quienes defienden democráticamente la opción independentista, pero no lo ve así este Estado y su Justicia que mantienen presas a esas nueve personas y las están juzgando a partir de informes como esos.
Ya no hablo de que Forn fue el responsable político de la detención, y también eliminación, del grupo terrorista dirigido por el imán de Ripoll, un personaje del que sabemos que era confidente de los servicios secretos de este Estado y del que ignoramos más cosas porque PP y PSOE tumbaron en el Congreso la petición de una comisión para que investigase los vínculos del terrorista con el Estado. Y tampoco recordaré apenas al mayor Trapero, el responsable policial de ese operativo, imputado por la juez Lamela. Quienes defendieron directamente de ese sospechoso ataque terrorista a la sociedad catalana están hoy presos o procesados. Estas cosas las saben los catalanes aunque los españoles puedan ignorarlas.
Pero lo que sí vimos fue la ideología y la falta de ética profesional de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Seguramente esas personas nunca vieron las imágenes de la violencia policial contra aquellos vecinos que iban a votar y se basan únicamente en los mencionados informes, eso demostraría una parcialidad en la recogida de pruebas y una falta de capacidad en su oficio pero, además, su argumentario se basó en razonamientos políticos e ideológicos y sobre las actuaciones concretas del Gobierno en su día y de los partidos catalanes.
Lo que dejaron claro, además de manejar datos equivocados o directamente falsos, es que tanto para la Fiscalía como para la Abogacía del Estado, ejercer los derechos de expresión y manifestación es perseguible. Las objeciones a ejercer esos derechos las teorizó el abogado de Vox, que no necesita triquiñuelas para defender lo que defiende: “Hay un convenio que regula la libertad de expresión cuando es incompatible con la unidad territorial”. No sabemos del convenio, aparte del testamento de Franco, pero entendemos que decir, escribir o expresar por métodos pacíficos que la “España una” es una cárcel para personas o países que quieran vivir y decidir libremente. Por lo oído en el Tribunal Supremo, ser fascista y ejercerlo en España es legal y puedes acusar a demócratas de ganchete con el Estado mismo, pero esto que acabo de escribir es delito.
Lo terrible fue ver y oír que una persona puede ser juzgada y acusada por un tribunal así, que bajo este Estado, con esta Justicia corrompida, ignorante del mundo actual y reaccionaria, una persona puede estar presa preventivamente y ser juzgada arbitrariamente. La Justicia española, particularmente en sus órganos de gobierno, empezando por ese Lesmes, es un temible pozo oscuro y sin fondo cavado por el continuísmo con la justicia franquista y posteriormente aumentado por las maniobras de los partidos, principalmente los dos partidos estatales que sostienen el sistema salido de la Transición tras el 23-F.
Sí, en el Tribunal Supremo se juzga a políticos por actos políticos que fueron pacíficos y no hay prueba alguna, que no sean informes delirantes, que demuestre otra cosa que fueron ellos quienes padecieron la violencia. Es un juicio político, por lo tanto es un tribunal político y está juzgando ideologías, no precisamente la de VOX, cosa que hace cada día la continuación del TOP, la Audiencia Nacional.
Sí, Kafka pasó por el Tribunal Supremo antes de escribir “El Proceso”. Pero los demás vivimos dentro de esa fábula de pesadilla a la que nos condenó nuestra debilidad, no haber sido capaces de tumbar el franquismo. Por eso el franquismo no está caído y nosotros procesados o susceptibles de serlo.
