¿Será la ley de transparencia igual para todos?
Según las últimas informaciones, la Casa del Rey estará incluida dentro de la Ley de Transparencia, aunque con algunas particularidades (que aún no conocemos). Es una buena noticia, aunque en realidad debería haber sido así desde el principio. Primero, porque el Rey es el Jefe de Estado. Segundo, porque la Casa Real desarrolla una función pública que, además, está financiada en su totalidad con dinero público.
Gregorio Peces Barba, jurista de prestigio y uno de los ponentes del proceso de creación de la constitución decía hace un año en unas declaraciones a El País que “no tiene ningún sentido ni hay razones jurídicas para excluir a la Casa del Rey de la Ley de Transparencia”. Sin embargo, Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, defendía que la Casa del Rey “se sitúa por encima” de otras instituciones y de los ciudadanos.
Es cierto que la figura del Rey tiene algunas peculiaridades y que ciertos documentos no deben ser publicados por su contenido confidencial, pero eso no es un problema para una ley de transparencia que incluye excepciones para tal efecto. De hecho, el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos prevé un límite excepcional para aquellos países que consideren necesario lindar el acceso a ciertas comunicaciones entre instituciones públicas y la jefatura de estado (excepción aplicable siempre tras realizar una prueba de interés público).
En otros países europeos que cuentan con monarquías parlamentarias se han buscado soluciones para adaptar el funcionamiento de sus monarquías a las dinámicas propias de un estado democrático moderno. Las casas reales y los monarcas de las naciones de nuestro entorno son, de facto, mucho más transparentes que la Casa Real Española, respondiendo incluso a solicitudes de información como es el caso dela Casa Real Sueca (podéis consultarlo en el informe anual de la Casa Real Sueca).
En estos países se puede solicitar información sobre la monarquía a cualquier institución pública y las propias casas reales cuentan en sus páginas webs con información muy detallada sobre su patrimonio, su presupuesto y su gasto, su agenda y otros detalles sobre su funcionamiento. Cualquiera puede comparar el apartado de transparencia de la página web de la monarquía británica (que publica incluso lo que se gasta en bebidas espirituosas) con el de la española.
En cualquier caso, como decíamos, esta es una buena noticia y ojalá tenga un efecto contagio sobre otras instituciones que a día de hoy están total o parcialmente excluidas de la ley (poder legislativo, poder judicial, partidos políticos, sindicatos, patronal, Congreso de los Diputados…). Esta decisión se toma en un momento en el que la Familia Real se encuentra inmersa de una creciente desconfianza y desapego por parte de la sociedad. En este contexto han decidido que la transparencia es el primer paso para recuperar esa confianza, otra lección que todas las instituciones deben aprender y aplicar.
Debemos esperar a ver cómo se plasma esta decisión en la ley para analizar los detalles y comprobar que este gesto no es solo estético. Pero sobre todo hay que recordar que el hecho de que la Casa Real no estuviera incluida en la ley era el menor de los problemas de la futura ley de transparencia.
Desde la sociedad civil hace mucho tiempo que se piden cambios importantes para que esta ley no quede obsoleta nada más nacer. Entre las mejoras que siguen pendientes para conseguir una ley en línea con los estándares internacionales encontramos: el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, un mayor alcance en su aplicación (elartículo 2 excluye muchas más instituciones y el artículo 15 muchos tipos de información como notas, borradores, informes internos…) y un organismo de revisión independiente.
Ahora que la ley de transparencia afronta su tramitación en el Congreso es necesario estar atentos a su evolución y, sobre todo, seguir insistiendo para que nuestros parlamentarios integren los cambios que la sociedad civil y los expertos nacionales e internacionales llevan proponiendo desde que se conoció el texto.
