No creo mentir al señalar que la rebelión ciudadana está desgastando al Gobierno de Rajoy y ha dejado en evidencia el papel de los partidos como canalizadores de las protestas sociales ante una crisis tan brutal como compleja.
Basta con recordar que son las mareas ciudadanas las que frenan en los tribunales algunas privatizaciones y recortes; movimientos sociales quienes defienden cada día a los desahuciados y logran pronunciamientos de la UE y hasta de los jueces; vecinos como los de Gamonal los que paran los pies a alcaldes que no entienden de participación ciudadana y que colaboran en homenajes a generales golpistas de la guerra civil; que son abuelos desesperados los que ponen freno a los abusos permitidos a Bancos y Cajas sobre las preferentes; familiares de represaliados por el franquismo que denuncian el olvido, desde la transición, a su justa causa de la mano de un relator de la ONU y de la justicia universal Argentina; y entidades y acusaciones populares de diverso pelaje quienes elevan denuncias al juez de turno por los casos de corrupción y prevaricación de tesoreros, políticos, banqueros, tramas de empresarios sin escrúpulos, etc.
Claro que todo lo anterior también forma parte de la acción política. Pero hemos de reconocer que pone de manifiesto las limitaciones de los partidos en una coyuntura de desconfianza hacia ellos, políticos e instituciones. Pudiera parecer que, en un momento de desafección como este y ante la opinión pública, los políticos y partidos somos perfectamente prescindibles a la vista de los escasos resultados obtenidos. Esto sería un grave error.
Para dejarlo claro es preciso que los diputados y diputadas asumamos la imperiosa necesidad de impulsar la regeneración del sistema político, siendo cómplices y compartiendo la cabeza de esta rebelión cívica en favor de una democracia de calidad y participativa, de la lucha contra la exclusión, la pobreza y las desigualdades que se han instalado en España con intención de quedarse.
Vivimos un tiempo de grave crisis institucional que exige una nueva cultura política en la que políticos y partidos hagamos valer la ética pública, sirvamos a los intereses generales, recuperemos el prestigio y la legitimidad para las instituciones y profundicemos una democracia que sufre demasiadas tutelas. Sólo así podremos sacar conclusiones correctas acerca de cómo se están produciendo los avances y pequeñas victorias que nos devuelven la confianza en la política frente a quienes gestionan la crisis con desprecio a los derechos básicos de la ciudadanía y a la democracia e imponen un modelo social involucionista y reaccionario.
Sí, el PP en este escenario debilita la democracia y propicia el populismo, contribuyendo al desprestigio del sistema político. De un lado, porque provoca su judicialización al no querer pactar las leyes e imponerlas con su mayoría absoluta en el Congreso, lo cual no nos deja otra vía que acudir al Tribunal Constitucional. De otro, porque deslegitima el Parlamento al rechazar propuestas para regenerar la democracia y las instituciones, así como al impedir la creación de comisiones de investigación sobre los casos de corrupción y obstaculizar, con un funcionamiento de baja intensidad de las Cámaras, el control democrático y la rendición de cuentas del Gobierno.
Por tanto, anula funciones decisivas del Parlamento y provoca la respuesta ciudadana en la calle, sin privarse el Ministro del Interior de palizas inexplicables a manifestantes. Pero todo ello no acaba de desatar una soñada rebelión del Parlamento.
Las encuestas nos hacen ver que los socialistas no estamos acertando a la hora de recuperar la credibilidad perdida y devolver la autoestima a las bases del Partido Socialista. Ya sabemos que a las encuestas se les aplica la cocina que interesa a quien las encarga. Pero marcan tendencias como la crisis del bipartidismo, la caída continuada del PP, la hibernación del voto PSOE y el alarmante aumento de la abstención; todo coincidente. En cualquier caso, sobran motivos para encender la luz roja en Ferraz porque no deberíamos pensar que remontaremos gracias a reformas legislativas extremistas del PP -como la del aborto- o a los brutales recortes de Rajoy.
No digo que los socialistas no trabajemos con firmeza desde la oposición, con dedicación y rechazando todas las medidas y leyes del Gobierno. Tampoco minusvaloro las iniciativas y las críticas de nuestros dirigentes a las políticas del PP. Afirmo que es necesario un plan de acción sostenido tras la reciente Conferencia para explicar y debatir con la sociedad nuestras posiciones. Reitero que la gente que lo pasa mal no nos ve -de momento- como una alternativa capaz de aplicar lo que propone Rubalcaba: la reconstrucción del Estado del bienestar con garantías de hacerlo sostenible, la derogación de tantas leyes involucionistas, la reforma fiscal y la reforma de la Constitución para garantizar un Estado social y reconocer la realidad plurinacional de España.
Con ánimo constructivo apunto la necesidad de volcarnos en cuatro objetivos estratégicos para el PSOE: 1. La elección en Primarias abiertas de nuevos liderazgos que resulten inclusivos y compartidos, cívicos y no partidistas, en procesos que conecten con las preocupaciones de la sociedad y en los que expliquemos y convenzamos a la ciudadanía de por qué ahora planteamos cosas que no hicimos cuando gobernábamos; 2. Dar a conocer y defender una agenda propia por la regeneración de la vida política, desde el rechazo sin contemplaciones de los corruptos y la recuperación de la pasión por la democracia; 3. Construir una alternativa económica en un proceso de implicación colectiva y de transparencia que sea creíble y que no renuncie a transformar gradualmente el sistema desde la unidad de los PS europeos y en un mundo globalizado; y 4. Definir y explicar a fondo y con pedagogía nuestro relato para salir de la crisis económico-financiera, institucional, de modelo territorial y europeo y de valores.
Esas tareas han de complementarse con una rebelión pacífica de los diputados si, además, ganamos la libertad de votar en conciencia en temas que así lo requieran y modificamos un reglamento desfasado y rígido del Congreso que impide el control efectivo de los Gobiernos y el tratamientos de iniciativas que muchas veces esperan más de un año a ser analizadas, mientras en los meses de enero y julio el PP rechaza convocar Plenos y Comisiones.
Una rebelión obligada para superar los obstáculos que impiden incorporar al Congreso la opinión de la calle en leyes trascendentales mediante la creación de cauces de participación ciudadana en los debates y procesos legislativos, rebelión para dar mayor representatividad a nuestra labor y reinventar un Parlamento Abierto a las personas.