Miguel Hernández sigue inquietando a la derecha

En Orihuela, tu pueblo y el mío. Quién lo diría. Ha sido penoso el espectáculo de su Consistorio haciendo contorsionismos para acomodar la muerte de Miguel Hernández a los márgenes que ofrecen unos supuestos cálculos electorales. Y la Generalitat valenciana no le ha ido a la zaga. Aunque ha hecho el intento de desmarcarse, tampoco ha honrado la memoria del poeta. No se puede pedir reparación si se oculta que fue perseguido por defender a la Segunda República y condenado por tribunales militares sin ningún rigor jurídico.

En Valencia, como en otros lugares en los que se ha impuesto la lógica fascista, se ha optado por una ignominiosa Ley de Concordia, en la que no se condena a la dictadura franquista y se sustituye el mapa de fosas por una vaga alusión a las personas “desaparecidas”. Expresiones eufemísticas con las que se pretende borrar a las víctimas, eliminar sus huellas y despersonalizarlas. Un marco que acalla conciencias y que solo puede tranquilizar a los victimarios.

Hoy no hay ninguna duda de que los crímenes cometidos por el franquismo son crímenes de lesa humanidad que, por su propia naturaleza, son imprescriptibles, y eso afecta también a las sentencias judiciales, que no son otra cosa que normas particulares. La ley de memoria vigente en España se sitúa ya en esta línea, de manera que no deberíamos depender de la sensibilidad de según qué cargos públicos para anular esos juicios y sus consecuencias (pseudo)jurídicas. 

Parece que el derecho a la memoria y el deber de recordar no acaba de cuajar en este país. Hay una resistencia sólida y rocosa de la que Vox solo es un síntoma. Miedo congénito, indiferencia o relativismo que ha propiciado la apología del olvido, la amnesia social, las equidistancias, los encubrimientos y las diversas formas de “revisionismo” y “negacionismo” mediante las que se han justificado y negado el sinfín de atrocidades que hemos sufrido.

Reconstruir los hechos a partir de interpretaciones forzadas o medias verdades es, además, una forma de revictimización orientada a romper los lazos de las víctimas con su propia comunidad, debilitar la empatía que la gente pudiera sentir por ellas, desvirtuar su reclamo y desactivar su impacto social. Uno podría pensar que pretender algo semejante con la figura de Miguel Hernández es de una torpeza inaudita, pero se trata de demostrar que, si puede hacerse con alguien de fama mundial, de quien toda una nación se siente orgullosa, puede hacerse con miles de personas anónimas mucho más impunemente.

Hace unos meses, el Tribunal Supremo rechazó el “derecho al olvido” de Antonio Luis Baena Tocón, el secretario judicial que firmó la pena de muerte de Miguel Hernández, al concluir que debía primar el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica. No existe el derecho al olvido por la sencilla razón de que es incompatible con el derecho a la verdad y el de la verdad es un derecho colectivo que toda una comunidad puede reclamar y que no prescribe nunca porque, entre otras cosas, es el que garantiza que nos identifiquemos con lo que somos. Parece mentira que quienes están más obsesionados con el ardor patriótico sean también nuestros más ardientes vende-patrias. 

Lo que las sociedades eligen recordar y olvidar, y el modo en que lo hacen, condiciona tanto sus opciones de futuro como la construcción de su identidad. Y no se trata de reivindicar más dosis de memoria sino de recordar “bien”; respondiendo a la injusticia objetiva y al sufrimiento subjetivo, incorporando la mirada de la víctima y de quienes tuvieron vínculos con ella. Tan importante es la verdad oficial como los elementos emocionales y evaluativos del relato. “Es hora de contar los pormenores de esta conmoción nacional antes de que lleguen los historiadores”, decía García Márquez en 'Los funerales de la Mamá Grande'. Es lógico que haya una desconfianza justificada en la historiografía construida al margen de las víctimas porque recordar exige poner voz donde había silencio y hacer hablar al dolor.

Sumar registró el pasado jueves una PNL en el Congreso en la que se pide una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Miguel Hernández y su familia, así como la anulación de los juicios, las sentencias y los sumarios arbitrarios e ilegítimos que le condenaron a muerte y conmutaron después su pena por la de 30 años de prisión. O sea, se pedía el simple cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática.

A Miguel Hernández se le dejó morir de tuberculosis, en la cárcel de Alicante, el 28 de marzo de 1942. La falta de asistencia médica no es solo una forma evidente de omisión de socorro, sino que, en este caso, además, constituye, como mínimo, un delito de homicidio con dolo eventual (suponiendo que no hubiera una intención expresa de matar, que ya es mucho suponer). En la red infernal X, donde se propician noticias falsas y falsos debates, una legión digital afeaba al Ministerio de Cultura que hablara del asesinato del poeta a manos del franquismo. Legión de cráneos privilegiados. Así nos va.